La consultora Carlos Jara Fernández se adjudicó el diseño del monumento histórico Iglesia Nuestra Señora de Lourdes de Reumén, lo que permitirá efectuar un estudio arquitectónico y patrimonial, requisito indispensable para lograr la anhelada restauración del edificio que data de 1935 (ver recuadro).

El proyecto fue presentado por la Municipalidad de Paillaco y está siendo ejecutado gracias a un financiamiento de $95 millones del Gobierno Regional de Los Ríos.

La alcaldesa Ramona Reyes recordó que la Iglesia de Reumén está ligada al asentamiento de los primeros pobladores de Paillaco y que su construcción fue producto del esfuerzo de la comunidad. El inmueble fue edificado completamente con maderas nativas y tiene la especial característica de que la mayor parte del trabajo se realizó con ensambles y tarugos, casi sin utilizar clavos.

"Llevamos varios años trabajando en este proyecto; el año 2017, logramos la declaración de monumento nacional, el año pasado obtuvimos la aprobación de los recursos para el diseño y, si Dios quiere, el próximo año esperamos dar inicio a la restauración, que es tan necesaria a raíz del grave daño que presenta por el paso del tiempo y la falta de mantención", expresó.

Detalles del trabajo

A su vez, el director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), Walter Gebhard, destacó que ya se ha realizado dos reuniones con la comunidad católica de Reumén, cuyos integrantes han tenido la oportunidad de conocer el proyecto y hacer sugerencias.

"Este estudio demorará 235 días, porque se debe evaluar el estado estructural del inmueble y tomar muestras de madera para identificar cuáles reponer. También, determinará la arquitectura original de la iglesia y propondrá algunos anexos, como una sala multiuso y un recorrido perimetral que proyecta la iglesia hacia la plaza", explicó Gebhard.

El padre Luis Gallardo, párroco de Paillaco, comentó que la comunidad está muy contenta y esperanzada de que el proyecto avance para que próximamente pueda postularse a restauración. "La comunidad se ha sentido muy considerada de participar en las reuniones, donde han podido aportar con sus conocimientos personales y familiares de la iglesia, siempre velando para que no se pierda el diseño original de este monumento histórico", manifestó.

Con nuevas maquinarias contarán 92 agricultores de grupos de usuarios del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) de las comunidades de Puquiñe, Catricura, Quionko y Carileo Millanao de la comuna de Lanco.

El equipamiento fue obtenido a través del proyecto "Programa de transferencia Indap-Apoyo de inversiones comunidades indígenas Lanco y Mariquina", apoyado por Indap Los Ríos como ente ejecutor y que consideró una inversión de $89 millones, de los cuales el Gobierno Regional aportó con $80 millones y los agricultores con $9 millones.

Se trata de dos tractores, un vibrocultivador, una rastra, trompo, fertilizador, aporcador de papas, rastrillo hilerador, segadora, remolque, encaladora y enfardadora; cuyo objetivo es dar solución a la falta de maquinaria y escasa mano de obra, que dificultaba la realización de labores agrícolas de forma oportuna.

La seremi de Agricultura, Moira Henzi, detalló que este tipo de iniciativas "dan las facilidades para que las comunidades puedan llegar al desarrollo agrícola y que, a futuro, los beneficiados puedan realmente proyectarse como agricultores con esta inversión".

El Tercer Tribunal Ambiental escuchó ayer los alegatos por la reclamación que presentaron tres comunidades indígenas, Saturnino Leal Neimán, Ramón Raillanca Pampillo y Aurelia Manqui de Quimán, en contra de la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de Los Ríos, la cual rechazó la solicitud de invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto "Ampliación Minicentral Hidroeléctrica Las Flores".

En la oportunidad, los reclamantes argumentaron que el titular fraccionó el proyecto, con la finalidad de no someter la iniciativa a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Además, que la línea base de medio humano tiene deficiencias y errores metodológicos, ya que -señalan- no consideró a todas las comunidades afectadas. Asimismo, que fue vulnerado el Convenio 169 de la OIT, debido a que el titular del proyecto no realizó consulta indígena.

En esa línea, Felipe Guerra, abogado asesor de las comunidades reclamantes, explicó que "cuando la empresa intentó ampliar la capacidad productiva, ingresó una modificación del proyecto. Esto significó que éste se evaluara ambientalmente sin consulta indígena y vulnerando otros derechos de las comunidades, por ejemplo, acceder y hacer uso de los ecosistemas ribereños en torno al río Quimán". En tanto, en la audiencia la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Los Ríos indicó que la declaración de fragmentación de un proyecto es facultad de la Superintendencia del Medio Ambiente y que la información del medio humano fue subsanada por la empresa. Además, señalaron que fue comprobado que las comunidades se encontraban fuera del área de influencia del proyecto. Respecto de la consulta indígena, afirmaron que fue descartada la susceptibilidad de afectación.

El Tribunal -integrado por los ministros Iván Hunter, Sibel Villalobos y Jorge Retamal- continuará analizando los antecedentes.