La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) concluyó uno de los procesos sancionatorios seguidos en contra del proyecto Ecosolución de Paillaco, aplicando diversas multas que superan los 205 millones de pesos.

Según señalaron desde la SMA a través de un comunicado, dicho procedimiento sancionatorio comenzó en 2017. En él, la empresa presentó un Programa de Cumplimiento que fue aprobado, pero posteriormente declarado incumplido, atendido que la entidad paillaquina no habría realizado las acciones comprometidas.

Agregan que aquello trajo como consecuencia el reinicio del proceso sancionatorio y la dictación de la Resolución N° 393/2019 de la SMA que aplicó las multas señaladas.

La infracción con la multa más alta aplicada por la SMA está relacionada con el incumplimiento por parte de la empresa de la norma de emisión de incineración y co-incineración (D.S. N°29/2013) por más de cuatro años. Atendido aquello, esa sola infracción alcanza una multa equivalente a 337 Unidades Tributarias Anuales. Además, la SMA aplicó multas respecto de otras tres infracciones relacionadas con la falta de control de temperaturas de combustión y post-combustión, falta de monitoreo de las aguas de lavados, y superación de la Nch. 1333.

En el mismo comunicado, desde la SMA informan que "el proceso sancionatorio se hace cargo también de las constantes denuncias presentadas por la Municipalidad de Paillaco y la Unión Comunal de la Junta de Vecinos de Paillaco" y que "actualmente, el proyecto está siendo sometido a fiscalizaciones periódicas por parte de la SMA, además de medidas de control y seguridad, en las que se ordenó a la empresa efectuar mediciones de gases por un laboratorio autorizado".

Reducción

Cabe destacar, que si la empresa infractora resuelve pagar la multa mencionada dentro de los cinco días hábiles desde la notificación de la resolución sancionatoria, se le aplica una reducción legal de un 25% del valor total.

También, desde la Superintendencia del Medio Ambiente informaron que todos los detalles del procedimiento sancionatorio son públicos y de libre acceso a través del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), específicamente, desde el siguiente link: http://snifa.sma.gob.cl/v2/

Satisfecho se mostró el diputado RN Bernardo Berger con el fallo de la Contraloría General que "ratificó culpabilidades de autoridades políticas involucradas en el desvío de $70 millones destinados a la salud primaria, pero que fueron a parar a una actividad gremial en Valdivia el 2015".

Berger agrega que "la resolución emitida por el contralor Jorge Bermúdez determina la responsabilidad y participación en los hechos del ex director del Servicio de Salud y actual diputado PS Patricio Rosas y de la alcaldesa de Paillaco, Ramona Reyes, además de otros dos funcionarios".

Agregó que "la sentencia es lapidaria respecto a culpabilidades administrativas y estos antecedentes los pondré a disposición de la justicia, como un elemento más de la causa que se ventila en tribunales por los alcances penales que podría tener".

En el caso de Rosas, el órgano contralor resolvió una medida disciplinaria de multa de un 5% de su remuneración mensual y una anotación de demérito de dos puntos en el factor de calificación. Berger dijo que "el caso de la alcaldesa es más complejo, ya que Contraloría rechazó los recursos jerárquicos de ésta -apelaciones y descargos- e instruyó que el Concejo Municipal emita un pronunciamiento sobre su responsabilidad administrativa".

Al respecto, la administradora municipal de Paillaco, Eugenia Martínez ratificó las sanciones determinadas por Contralooría e indicó que en el caso de la alcaldesa Ramona Reyes, que cuando fue acusada y se buscó su destitución, uno de los cargos en su contra correspondió a este caso, "por lo tanto, esto ya fue sancionado por el TER regional y luego el Tricel, donde la alcaldesa salió absuelta de los cargos en esta situación. Y respecto al director de Salud, César Durán, ya fue aplicada la sanción".

En tanto, el diputado Patricio Rosas indicó que en su caso se trató solo de "una falta administrativa, basada en una diferencia de criterios respecto a la forma de elegir el lugar donde se realizó la actividad".