La ministra de Energía, Susana Jiménez, visitó ayer Valdivia para desarrollar dos actividades. Durante la mañana participó en un taller ciudadano destinado a compartir con la comunidad los principales ejes del proyecto de ley de biocombustibles sólidos, como la leña, pellet y astillas, entre otros. Mientras que a las 15 horas fue desarrollada la conformación del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) de Energía, de la región de Los Ríos.

Este organismo está integrado por representantes de las universidades San Sebastián, Santo Tomás, de la Cámara Chilena de la Construcción, Asociación Gremial de Dueños de Camiones de la Región de Los Ríos, Gestión Regional de Energías Renovables, Comunidad Humedal, Corporación de Desarrollo Integral de la comuna de Los Lagos, Codeproval, Comité de Electrificación de Quitaqui - Tambillo - San Pedro, Comunidad Indígena Bernardo Vera Pichiguen, Consejo Mapuche Multicultural Ainilebu y Pymemad.

Sobre el Cosoc la ministra Susana Jiménez explicó que "la Ley de Participación Ciudadana establece la obligación de los servicios públicos de tener instancias de Consejos de la Sociedad Civil. Esto ha funcionado muy bien y lo hemos realizado, pero quisimos dar un paso más. Como Ministerio de Energía hemos tomado una decisión bastante inédita, que es llevar estos consejos a nivel regional porque creemos en la participación ciudadana y queremos que sea activa, informada y descentralizada".

Estos Cosoc se están formando, en una primera instancia, en cuatro regiones del país. Además de Los Ríos, también contarán con ellos Valparaíso, La Araucanía y Magallanes. "Creemos que es una instancia muy positiva en la cual podemos escuchar desde las realidades locales cómo podemos mejorar", dijo.

Durante la mañana de ayer el economista Máximo Pacheco, quien fue ministro de Energía durante el gobierno de Michelle Bachelet, indicó a Cooperativa que la ley que permitió el cambio de medidores eléctricos fue "un golazo que le metieron las distribuidoras eléctricas al Estado", que este "golazo" se le habría pasado "al Gobierno de la Presidenta Bachelet a través del Ministerio de Energía, a la CNE y a los parlamentarios". Además, calificó el cambio como "una política en contra del bien común".

Con respecto a esto la actual ministra de Energía, Susana Jiménez, respondió en Valdivia que "estas declaraciones vienen a confirmar lo que hemos dicho desde el primer día. La polémica que hemos vivido y la legítima preocupación de la ciudadanía respecto al cambio tecnológico que incluye el cambio de medidores fue una situación que se normó, se legisló y se aprobó un proceso tarifario durante la administración anterior. Por lo tanto, ni la oposición ni las ex autoridades pueden lavarse las manos respecto de este tema".

Recalcó que el actual gobierno "heredó esta situación" y ha querido ser "parte de la solución". Dijo: "Es por eso que estamos trabajando para que hayan incentivos para las personas, compensaciones y vamos a legislar de modo tal que se introduzca más competencia en el sistema y se revisen las rentabilidades de las empresas".

Claudia Muñoz David

El Grupo Saesa, además de las empresas distribuidoras de energía Enel y Chilquinta, acordaron con el gobierno que sean entregados 10 mil pesos a los propietarios de medidores antiguos que decidan cambiarlos por dispositivos inteligentes, todo esto como medida para incentivar el recambio de los aparatos. Solo en la comuna de Valdivia la empresa Saesa cuenta con 65 mil medidores. Por lo tanto, en este territorio debería pagar unos 650 millones de pesos en incentivos.

Este acuerdo es uno de los resultados de la mesa técnica liderada por la Comisión Nacional de Energía (CNE), e integrada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y los ejecutivos de las empresas Grupo Saesa, Enel, Chilquinta, Fenacopel y CGE. Esta mesa será la encargada de definir los detalles de la forma de pago del incentivo, los protocolos de aviso, recepción y reposición. Se espera que la definición se encuentre lista durante los próximos dos meses.

Esta medida forma parte de un conjunto de acciones, que además incluye que las empresas entreguen -junto con los dispositivos inteligentes- un menú tarifiario que les permita cambiar sus hábitos de consumo para ahorrar.

De esta manera, además, apuntan a que las empresas distribuidoras prioricen el recambio de quienes lo soliciten. Por lo tanto, deberán implementar una plataforma en su sitio web para que los usuarios puedan requerir el reemplazo del medidor correspondiente.

Plan piloto

Desde Saesa se informó que el año pasado comenzaron a trabajar en el recambio a través de un plan piloto, en el que se han creado las plataformas y analizado cómo se comportan las conexiones. Primero, en mayo del año pasado implementaron los sistemas de comunicación que son utilizados por los medidores y a partir de junio comenzaron las instalaciones de los nuevos equipos. Hasta el momento han cambiado 865 aparatos. Se encuentran distribuidos por toda la ciudad, ya que está siendo probado el funcionamiento del sistema, el alcance de la antena y la recepción de los datos.

Se explicó que han trabajado para que los cambios sean desarrollados de manera respetuosa con los clientes. Primero llega al domicilio un gestor de medición inteligente, quien explica el proyecto y entrega material informativo. Si el cliente acepta, se fija una hora y llega una brigada hasta la vivienda para hacer el cambio de equipo. Si el cliente dice que no, se continúa el trabajo con los vecinos.

Desde Saesa se indicó que el pago de los 10 mil pesos también debería beneficiar a quienes hicieron el cambio antes del anuncio del acuerdo.

Con el cambio, las empresas deberán hacerse cargo del servicio y del mantenimiento hasta el medidor y no hasta el poste, como ocurre ahora.

Tema del fondo

Con respecto al acuerdo alcanzado entre las empresas distribuidoras de energía eléctrica y el gobierno, el diputado PS Marcos Ilabaca indicó que no aborda el problema de fondo, para lo cual se requiere necesariamente modificar la ley. "El acuerdo entre las empresas eléctricas y el gobierno no aborda el problema de fondo. Es una compensación menor, pero la ley sigue tal como se aprobó y serán los usuarios quienes pagarán el nuevo medidor", dijo el parlamentario.

Ilabaca reiteró que la única forma de evitar que los clientes terminen asumiendo los costos de esta medida y traspasarlos a las empresas, es legislando en el Congreso. "Este problema no se arregla con acuerdos con las empresas, se arregla cambiando la ley", manifestó.