Este miércoles discutimos el Proyecto de Ley que genera una normativa que busca que el olor sea considerado como un agente contaminante,expresando totalmente el apoyo a esta moción.

La idea de garantizar a las comunidades, que la medición de este criterio sea incluido dentro de los procesos de evaluación de impacto ambiental es fundamental a la hora de evitar desastres medioambientales, como el caso de Freirina, en el norte del país que ocurrió hace años, o lo acontecido en Quinteros.

Pero si queremos llevarlo a un plano regional tenemos casos como las plantas procesadoras de empresas sanitarias en Valdivia, ubicada en el sector Regional, donde los vecinos han denunciado una y otra vez los malos olores en dicha zona.

Dichas emanaciones son agentes contaminantes que ocasionan molestias y trastornos de las condiciones de vida de las personas, por lo tanto afecta el rinencéfalo, algo muy sensible en el ser humano dañando la calidad para vivir. Y esa es la situación que están pasando por mucho tiempo los vecinos del sector "El Bosque" de Valdivia.

Además, es bochornoso que la entidad señale que traspasará los costos de la mejora a las instalaciones a las cuentas de los vecinos. Estos arreglos que tienen que hacer por ley y por obligación para dar un buen servicio, no pueden ser traspasados a las boletas de los usuarios. Es lamentable estas prácticas de empresas donde finalmente tenga que pagar la mala calidad de sus instalaciones los clientes de Valdivia, como me hicieron llegar esta denuncia los vecinos afectados hace algunas semanas.

Lo mismo que pasa en Los Lagos, con la planta privada procesadora de lácteos que vierte sus líquidos al río San Pedro, generando olores nauseabundos. La Superintendencia de Medio Ambiente nos comunicó que la Seremi de Salud pidió disminuir la carga de riles que está efectuando, bajo apercibimiento de clausura, lo que es una medida que se agradece pero debemos hacer más esfuerzo como fiscalización.

Entonces no son pocos los casos que conocemos a nivel nacional y en la región de Los Ríos con estas denuncias que hemos realizado donde se aplicaría la nueva normativa.

Patricio Rosas Diputado

Valdivia, scooters y libros

Valdivia, la mejor ciudad para vivir, capital latinoamericana de la cultura, la perla del sur y quizás por algunos la comuna más linda de Chile. Galardones y flores a los pies nos sobran, es más, los turistas en su mayoría no se quedan con una imagen negativa cuando nos visitan.

A un poco más de 2 semanas de la puesta en marcha de los Scooters eléctricos en la comuna de Valdivia, hemos evidenciado que el fenómeno social del "juguete nuevo" tiene arma de doble filo. Sólo para aportar como dato duro, a principios de este año el Ministro de Economía junto a la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) dieron a conocer una cifra verdaderamente insólita; Chile aumentó un histórico 15,6% en venta de automóviles durante el año 2018 en relación a 2017. La región de Los Ríos no quedó fuera de este análisis estadístico, dado a que fue la que más creció con un 48% seguida de la región de Atacama y Coquimbo.

Me pregunto, ¿Valdivia está preparada para este tipo de implementaciones?

Pero hay buenos ejemplos: hace unos días alumnos de la Escuela Francia instalaron BiblioParaderos en puntos céntricos de la ciudad para que cualquier persona pueda dejar o tomar gratis un texto y contribuir al fomento de la lectura.

Los alumnos llamaron a la ciudadanía a cuidar y dar buen uso a la iniciativa, esperamos que Valdivia con cosas como éstas empiece a dar el ejemplo.

Antonio Santana Ramírez santanaicom@gmail.com

Derechos Humanos

El 23 de abril, el gobierno de Chile, en una escandalosa declaración pública del Ministerio de Relaciones Exteriores, pretende desconocer y limitar la competencia de la Corte Interamericana de DDHH. Dicha Corte Internacional permite la defensa de todos los chilenos cuando nuestros propios tribunales cometen injusticias, vulnerando nuestros derechos y libertades, cuestión que ha ocurrido -lamentablemente- ya en varias oportunidades.

El sistema internacional de protección de derechos ha sido construido en un esfuerzo multilateral, basado en la buena fe, la razón y la justicia universales. El gobierno de Piñera al desconocer las facultades que Chile soberanamente le entregó a dicha Corte, está haciendo exactamente lo que hace Maduro en Venezuela y el dictador Ortega en Nicaragua, quién hasta expulsó a la Comisión Interamericana de su país, al denunciar éstos las violaciones que ese régimen de extrema izquierda comete actualmente contra sus ciudadanos.

¿Acaso Piñera se quiere parecer a aquellos dictadores de izquierda? Su política exterior parece apuntar en esa dirección. ¿Qué agenda existe tras las políticas dignas de un país bananero que impulsa el presidente? ¿Porqué el gobierno desea limitar la protección jurídica de las libertades civiles de todos los chilenos? Ciertamente, la inconsecuencia política es evidente, pero lo grave son las consecuencias que para todos nosotros tendrán esas políticas.

Mauricio Obreque Pardo Abogado mauricioobreque@gmail.com

Inclusión laboral

El 1 de abril se cumplió un año de la implementación de la ley de inclusión laboral, la cual ha sentado las bases institucionales para la promoción de un cambio cultural que asegure no sólo del acceso al mercado laboral abierto de las personas con discapacidad, sino también su desarrollo y su transición a la vida independiente.

Este primer año de implementación nos ha demostrado que existen importantes brechas sociales que se replican y profundizan. Respecto del género, por ejemplo, los hombres con discapacidad incluidos mediante esta ley alcanzan el 66,32% del total, mientras que las mujeres con discapacidad alcanzan sólo el 33,68%. En el caso de las remuneraciones, las personas con discapacidad hoy perciben sueldos en un 18,3% por debajo del promedio nacional.

El desafío que enfrentamos es grande. La experiencia internacional ha demostrado que las leyes de cuotas son el sistema que produce un mayor fomento a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Sin embargo, también ha relevado que, sin un adecuado seguimiento y análisis, este tipo de normativa no cumple con su objetivo, ni es capaz de disminuir las brechas particulares que viven las personas con discapacidad.

La ley de inclusión laboral está diseñada desde su origen con mecanismos de revisión y evaluación intersectoriales para identificar las adaptaciones necesarias para su correcto funcionamiento. Sin embargo, para alinear la normativa legal con las necesidades de las personas con discapacidad, es necesario que estas evaluaciones, además de ser realizadas de manera periódica, integral, y a lo largo del tiempo, involucren a todos los actores, tanto de la sociedad civil, como del sector público y del sector privado. Si las evaluaciones no consideran estos elementos, pueden resultar ineficientes e incluso contrarias al espíritu de la ley, que es, finalmente, la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

El compromiso de quienes formamos la sociedad chilena es clave y la invitación es a unirse a este objetivo y continuar trabajando por la inclusión.

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