El suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la investigación en contra de él y otros dos jueces del tribunal de alzada por presuntas irregularidades en la tramitación de causas.

En la ocasión, el fiscal a cargo de las indagaciones, Sergio Moya, le imputó los delitos de enriquecimiento ilícito, por casi 29 millones de pesos, y prevaricación.

Más formalizaciones

Tras más de tres horas de audiencia, el tribunal estableció un plazo de investigación de 180 días, citando al imputado para el próximo 7 de junio. Esto, luego de que el Ministerio Público anunciara una nueva imputación de cargos contra el magistrado, además de formalizaciones para otros indagados en el caso.

Para sustentar el delito de prevaricación, el persecutor se basó en tres casos. El primero data de 2016 cuando, según Moya, Elgueta "intervino directamente un recurso de protección interpuesto por su médico personal, hermano de la Logia de Rancagua y, por sobre todo amigo personal, Luis Arenas, quien al día de hoy se encuentra condenado por tráfico de psicotrópicos y estupefacientes".

El fiscal recordó que en dicha oportunidad la sala que vio la acción, la cual estaba integrada por Elgueta, falló a favor del profesional eliminando así la disposición que le restringía la prescripción de medicamentos con fentermina.

Para respaldar la supuesta intervención del indagado, Moya expuso mensajería de Whatsapp entre el ministro y el médico, donde este último lo trataba de "hermanito" y preguntaba por el avance de su causa. "Elgueta, en plena consciencia de la relación que tenía con el médico, no se inhabilitó ni informó a las partes (...) incluso transmitió, vía Whats-app, el avance que dicho recurso tenía en la Corte de Apelaciones (...) Esto permitió a Arenas tener acceso ilimitado a recetas cheque retenidas, las que se emplearon para tráfico de este psicotrópico a nivel nacional", indicó Moya.

Otro hecho es el trato que habría tenido con abogados que litigaban en causas que él debía revisar, en particular con Gabriel Henríquez, con quien registró más de 50 llamadas durante la revisión de una causa y que, según Moya, tendría una amistad en base a permanentes comunicaciones, reuniones sociales y visitas a domicilios particulares.

"En la tramitación de nueve causas penales se puede constatar que Elgueta votaba a favor de las pretensiones de Henríquez, ya sea como minoría o mayoría", y que a esa parte le daba información "en perjuicio" de la contraria.

En cuanto al delito de enriquecimiento ilícito, Moya dijo que entre 2016 y 2018, Elgueta obtuvo un incremento injustificado por $28.652.021, no teniendo otra vía de ingreso monetario fuera de trabajar en el Poder Judicial.

Moya expuso ante el tribunal tres maneras por las cuales Elgueta recibió dicho monto: depósitos realizados por caja por el mismo indagado por cifras que van entre los $400 mil y tres millones de pesos, transferencias hechas por terceros y depósitos de cheques. Dos de estos últimos, por parte de un abogado, juez de policía local, que tramitó causas en la sala de Elgueta. "Lo que establece a nuestro parecer un enriquecimiento ilegítimo injustificado e incremento de patrimonio injustificado", expuso Moya.