En medio de un escenario económico complejo, como el propio Gobierno lo ha reconocido, siete ministros anunciaron ayer un nuevo conjunto de medidas reactivadoras en el marco de la Agenda de Aceleración Económica.

Las medidas involucran un gasto público de 571 millones de dólares entre los años 2019 y 2020, con lo cual la Agenda ya suma casi US$3 mil millones considerando las inversiones anunciadas meses atrás.

De este modo, el Gobierno busca enfrentar los "tiempos difíciles" que el propio Presidente Sebastián Piñera dijo que se viven en la economía chilena en una entrevista del fin de semana. En esta, el mandatario expuso que el Gobierno está haciendo "todos los esfuerzos" para acercarse a la meta de crecimiento de 3%.

Us$355 MILLONES EN 2019

Los anuncios fueron detallados por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, junto a sus pares de Agricultura, Antonio Walker; de Desarrollo Social, Sebastián Sichel; de Economía, Juan Andrés Fontaine; de Obras Públicas, Alfredo Moreno; de Salud, Jaime Mañalich, y de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg.

Larraín precisó que el grueso de los recursos corresponde al segundo semestre del año 2019: US$355 millones son obras para este año y US$216 millones corresponden a 2020.

"Para nadie es una sorpresa que la situación económica mundial se ha vuelto mucho más exigente, mucho más complicada, la guerra comercial ha recrudecido y Chile no está inmune frente a esto. No estamos blindados, pero estamos bien preparados para enfrentar una situación que es de por sí compleja", expuso Felipe Larraín, quien dijo que las medidas contribuyen al crecimiento potencial del país. Sobre el impacto fiscal de las iniciativas, el titular de Hacienda precisó que los anuncios se enmarcan en la regla de balance fiscal: "Nosotros vamos a cumplir de todas maneras con lo que hemos planteado: nuestro compromiso con un balance estructural y, por tanto, estos anuncios se realizan dentro del espacio que tenemos en el presupuesto. Lo que hacemos es acelerar 3 mil millones de dólares en proyectos de inversión, es decir, estamos haciendo una recomposición del gasto hacia inversión".

Las nuevas iniciativas consideran inversiones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Son US$218 millones para fortalecer programas de vivienda: un llamado para 5 mil subsidios del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el aumento del valor del subsidio del Programa de Protección al Patrimonio Familiar asociado al Programa Habitacional para Eficiencia Energética, el adelanto del pago de subsidios 2019 y el adelanto de 88 obras urbanas para este año. Según el MINVU, los subsidios permitirán crear 20 mil empleos.

La agenda incluye un nuevo plan de inversiones en el Ministerio de Obras Públicas, por US$150 millones en obras para aeropuertos, vialidad y agua potable rural, entre otras, dirigidas a todas las regiones.

También se acelerará inversiones en el Ministerio de Salud por US$26 millones para este año, las que permitirán tener nuevos equipamientos: monitores de alta calidad, catres clínicos, máquinas de anestesia, equipos de rayos x osteopulmonar, ambulancias, ecotomógrafos, ecógrafos y otros.

A proyectos de riego del Ministerio de Agricultura se destinará, en tanto, 63 millones de dólares.

Como parte de la agenda de aceleración el Gobierno introdujo una indicación al proyecto de modernización tributaria que anticipa para el 1 de octubre la entrada en vigencia de la depreciación instantánea para el 50% del valor de los activos.

El pleno de la Corte Suprema removió a los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, acusados por presuntos hechos de corrupción.

La decisión fue adoptada tomando como base lo arrojado por la investigación administrativa que siguió la magistrada de la Corte Suprema Rosa María Maggi.

La remoción de Elgueta fue votada de manera unánime y la de Vásquez se aprobó por 11 votos favor y 7 en contra, luego de que durante la tarde de ayer se hicieran los alegatos de las respectivas defensas.

El ministro vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, expresó que esta "es una medida que se toma con dolor" y recalcó que "esta es la última instancia", pero que "siempre está abierta la posibilidad de la reposición".

Cabe recordar que un tercer juez sobre el que recaían acusaciones de corrupción era Marcelo Albornoz, quien se suicidó el mes pasado luego de que la Corte Suprema aprobara iniciar el proceso de remoción en su contra.

Acusaciones

En el caso de Elgueta, la ministra Maggi le atribuyó intervenir en un recurso de protección del médico Luis Arenas -condenado en 2018 a una pena de dos años por suministrar recetas de psicotrópicos a una red de tráfico de estupefacientes-, proporcionándole información de la causa; haberse comunicado con abogados y partes litigantes de siete causas; haber pedido al fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, dar un cargo a su excónyuge y a una exalumna; haber exigido la designación de otra alumna en un cargo en un juzgado de Rancagua mediante presiones; y haber requerido y aceptado la suma de $1 millón de un juez que fue sobreseído.

Tábata Recabarren, abogada de Elgueta, dijo que la remoción es "equivalente a la muerte para una persona que se desempeña en el ámbito del servicio público".

A Vásquez se le acusó de nombrar a su hija en un tribunal, aconsejar a un imputado y modificar la sala que vería el sobreseimiento de Sebastián Dávalos en el caso Caval.