Una coalición de grupos liberales anunció ayer que patrocinará una serie de marchas en todo Estados Unidos a favor del juicio político -impeachment o, en español, de destitución -contra el Presidente Donald Trump. Las protestas se realizarían durante la próxima semana, antes de la sesión Parlamentaria que abordará la presunta intervención de Ucrania en las próximas elecciones, a favor del Mandatario que busca su reelección. Asimismo, la Justicia abrió una investigación criminal sobre espionaje a la campaña de Trump, en el marco de la trama rusa, es decir, la publicación de correos de la excandidata Hillary Clinton para beneficiar la llegada del republicano a la Casa Blanca.

"La gente actúa cuando piensa que puede marcar la diferencia, y por mucho tiempo una gran parte de la mayoría silenciosa a favor del juicio político pensó que no iba a suceder", dijo a Associated Press David Sievers, un director de campaña de MoveOn, grupo liberal que participa en la organización de las marchas.

Al cierre de esta edición se desconocía la fecha de las manifestaciones, aunque Sievers explicó que podrían ocurrir la noche antes de que la Cámara de Representantes realice una votación formal para el juicio político. Ayer en el Capitolio aún se tomaban declaraciones a puertas cerradas, en el marco de la investigación, sin dar una fecha para votar el impeachment.

Trama rusa

El Departamento de Justicia ayer abrió una investigación criminal sobre el supuesto espionaje a la campaña de Trump en las presidenciales de 2016, lo que habría originado la trama rusa, informó The Washington Post. Que haya evolucionado de revisión a investigación criminal permite al fiscal, John Durham, citar a testigos, requerir documentos, convocar un jurado e imputar cargos.

El fiscal general William Barr abrió esta pesquisa tras la insistencia de Trump en que su campaña fue objeto de espionaje antes de las elecciones, bajo las órdenes del entonces Presidente, Barack Obama.

El valor de la divisa estadounidense en el mercado cambiario argentino ayer marcó un nuevo récord, bordeando los $ 64 en la última jornada financiera antes de las elecciones presidenciales de mañana, donde se enfrentan el Presidente Mauricio Macri y el peronista Alberto Fernández, quien lleva como candidata a la vicepresidencia a la ex Mandataria Cristina Fernández de Kirchner.

El dólar se vendió a $ 63,5 en el Banco Nación, superando el máximo de $ 63 registrado el pasado 14 de agosto, en medio de las turbulencias financieras desatadas tras las primarias del 11 de agosto.

La cotización implicó un salto de un peso argentino respecto al valor de cierre de este jueves, de $ 62,5 en el Banco Nación. En casas financieras privadas, el dólar se vendió a valores cercanos a los $ 63,95, mientras que en el mercado informal cotizaba en torno a $ 69,75.

Analistas consultados por la agencia de noticias Efe vincularon la escalada de la divisa, sostenida en la última semana, a la incertidumbre entre los inversores respecto del rumbo que tomará la economía tras las elecciones del domingo.

El precio de la moneda estadounidense aumentó pese a las fuertes intervenciones del Banco Central para tratar de frenar la presión alcista, mientras en el mercado crecían los rumores sobre un posible e inminente endurecimiento de los controles cambiarios decretados en septiembre por el Gobierno de Mauricio Macri, quien aspira a la reelección. Uno de ellos es el límite de compra para las personas naturales, fijado en US$ 10.000.

La Bolsa, en tanto, ayer abrió con tendencia positiva, con un alza del 2,86 % en el panel líder S&P Merval, pero los títulos públicos argentinos operaron mayoritariamente en terreno negativo.

El índice de riesgo país se situó ayer en 2.136 puntos básicos, nueve unidades por debajo del cierre del jueves.

Los embajadores de la Unión Europea (UE) coincidieron ayer en que el bloque debería acceder a la solicitud de Gran Bretaña de darle otra prórroga del plazo del Brexit, es decir, la salida del grupo fijada inicialmente para el 31 de octubre. Sin embargo, la comunidad no llegó a un acuerdo sobre por cuánto tiempo debería ser este nuevo plazo. En tanto, el Primer Ministro británico, Boris Johnson, insistió en adelantar a diciembre las elecciones parlamentarias, fijadas inicialmente para 2022.

La portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva, informó los embajadores de la UE y el negociador jefe del Brexit, Michel Barnier, aceptaron los términos de una prórroga.

Dos diplomáticos europeos señalaron a Associated Press que los diplomáticos se reunirían de nuevo a principios de la próxima semana, aunque Andreeva insinuó que la UE no celebraría una cumbre especial por este asunto, sino que se realizaría mediante una declaración.

Johnson insistió ayer que está dispuesto a dar al Parlamento más tiempo para tramitar el Brexit, pero con la condición de que los diputados aprueben el adelanto de las elecciones legislativas para el 12 diciembre. Para esto, el premier necesita el respaldo de dos tercios de la Cámara de los Comunes (baja).

Agencias

La Paz, en Bolivia, ayer vivió una nueva jornada de protestas en el marco de un paro contra el Mandatario Evo Morales, a quien la oposición acusa de haber cometido fraude para ganar los reñidos comicios presidenciales. El Tribunal Supremo Electoral (TSE), al cierre de esta edición, todavía no señalaba quién ganó las elecciones del domingo, mientras en las calles se registraban decenas de heridos y la ONU denunció uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, junto con apoyar la idea de realizar una segunda vuelta, enunciada por la OEA.

Al menos 57 personas fueron detenidas y 29 resultaron heridas, incluidos tres niños, en las protestas que se desarrollaron en Bolivia desde el lunes pasado, debido a las sospechas de un fraude electoral, informó la Defensoría del Pueblo.

La jefa de la repartición estatal, Nadia Cruz, señaló que la desobediencia civil a la que llaman movimientos cívicos y partidos opositores no está contemplada en el ordenamiento jurídico del país altiplánico, ni puede amparar los actos de violencia ocurridos desde lunes.

"La falta de información y respuestas oportunas" por parte del órgano electoral, unido a "las declaraciones de segunda vuelta o de victoria asegurada de candidatos presidenciales de forma anticipada", contribuyeron a generar incertidumbre y presunción de ilegalidad del proceso electoral, señaló el organismo.

El TSE, por su parte, se limitó a publicar en su web que con el cómputo del 99,99% de las actas, Morales obtuvo el 47,07% de los votos, mientras que su principal rival, el ex Presidente Carlos Mesa, llegó al 36,51%, lo que implicaría una victoria del Mandatario en primera vuelta. Sin embargo, la oficina no declaró un ganador ya que en cuatro de las 33.044 mesas de votación instaladas el domingo pasado se repetirá el proceso.

Onu apoya a la oea

La Oficina de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos indicó ayer que ha recibido denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad contra los manifestantes en la última semana de protestas postelectorales en Bolivia, ante lo que expresó su preocupación.

Los informes incluyen el uso de gases lacrimógenos, "lo que violaría los principios básicos sobre el uso de la fuerza" por parte de cuerpos de seguridad, dijo la portavoz de la institución dirigida por la Alta Comisionada Michelle Bachelet, Ravina Shamdasani.

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó también que "nosotros apoyamos plenamente la auditoría (a las elecciones). Estamos a disposición de la Organización de Estados Americanos (OEA)", que esta semana pidió la realización de una segunda vuelta electoral para clarificar el proceso.