"Pedro Sánchez ha trasladado su solidaridad con el pueblo chileno y entiende la prioridad otorgada por su Ejecutivo a la agenda social nacional…"
— Comunicado gobierno español — Sobre realización de Cop25"China y EE.UU buscan un nuevo escenario para firmar acuerdo…"
— Presidente Donald Trump — Tras suspensión de Apec en ChileLa "Marcha de la Historia", fue una de las denominaciones que se le dio a la marcha convocada el 25/10 en todo el país, con el fin de demostrar su descontento por la desigualdad provocada por la implementación -irrestricta- del sistema económico neoliberal.
En dicho contexto, uno de los dardos apunta al sistema de pensiones. Éste consiste en un sistema de capitalización individual en que todos los trabajadores deben pagar un 10% de sus remuneraciones a una administradora de fondos de pensiones, donde el mismo contribuyente decide el riesgo a asumir. Increíblemente, la ley da por hecho que los afiliados son expertos en inversiones, y que por tanto, son aptos para decidir -acertadamente- el fondo donde invertir su dinero. Miremos el caso de España, país al que Chile abre sus puertas sin reparos, permitiendo la inversión y dirección de sectores económicos trascendentales. A modo ejemplar, se pueden señalar: ABERTIS, operador de autopistas que administra 770 kms. en Chile; Santander, BBVA, Forum, Endesa, Mapfre, Aguas Andinas. etc.
España, a diferencia de Chile, tiene un sistema basado en el reparto, proporcionalidad contributiva y suficiencia de prestaciones. Es decir, el trabajador paga un porcentaje de sus ingresos para financiar las pensiones de los jubilados; sistema que funciona en la medida que la población activa sea mayor a la que no lo es; situación que si bien en Europa está comenzando a presentar dificultades, dado el envejecimiento de su población, no obstante, le ha permitido entregar pensiones de €1.141 de media, algo así como $920.000 pesos chilenos. Sorprendente número, sobre todo si se considera que: El costo de vida en España es menor y que el índice Gini es de 0,34 -vs Chile, que equivale a 0,47, el cual es el más bajo de la OCDE-; que la jornada de trabajo asciende a 40 horas semanales; que se establecen 2,5 días al mes de vacaciones; y que el sueldo mínimo es de €900 mensuales, unos 720 mil pesos chilenos. Este breve análisis ejemplifica el descontento de nuestra sociedad. Chile debe cambiar y las manifestaciones han logrado poner en tabla los problemas más urgentes. Es de esperar que los poderes del Estado inicien un diálogo y deliberación de ideas, entre estos y con el pueblo, libre de violencia y de vandalismo, en aras de lograr las reformas que permitan un Chile más igualitario y con mejor calidad de vida.
Francisco Lara Roloff Docente carrera de Derecho de la U. San Sebastián sede Valdivia
A mediados de este año, el proyecto Sociedad en Acción liderado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y la Fundación Chile+Hoy, dio a conocer un estudio sobre las organizaciones de la Sociedad Civil.
En el texto "Un nuevo trato para las organizaciones de la sociedad civil. Desafíos y propuestas" se planteó la necesidad de que estas entidades comunitarias sean valoradas y reconocidas en su labor, al tiempo de establecer una relación más horizontal con las autoridades; escuchando las opiniones de los habitantes organizados, pero de una manera vinculante.
El documento (disponible en políticaspúblicasuc.cl) aborda once propuestas en dos áreas de acción. La primera es "promover la confianza y la fe pública en las OSC a través de más y mejor información" y la segunda, mejorar el proceso de transferencia de recursos desde el Estado a las organizaciones.
El estudio resulta hoy pertinente de considerar, pues luego de las manifestaciones sociales registradas en toda la región y el país, hay una invitación a revisar las formas de vinculación de la autoridad con la comunidad organizada. Sobre todo en verse como colaboradores en la solución de los problemas de interés público y en la construcción del desarrollo nacional.
Ese vínculo tiene que estar basado en la confianza. "Las autoridades políticas tienen que ser fuertes y competentes, pero jamás arbitrarias u omnipotentes. Deben tener frente a ellas una sociedad civil confiable y transparente, en la que los intereses privados encuentren una expresión organizada", sugiere el estudio en su prólogo.
En ese contexto es que resulta interesante la propuesta que han levantado los integrantes de la Corporación de Desarrollo Catrico para administrar el Parque Urbano, por el cual han trabajado y abogado por más de diez años. La meta de los vecinos es asumir la responsabilidad de cuidar y realizar actividades en el área. Ya lo solicitaron al ministerio de Vivienda y en estos días debían realizar una consulta ciudadana sobre el tema. La contingencia retrasó esa acción, pero esperan retomarla pronto. Mientras, la invitación es a reflexionar sobre esta idea, que puede sentar precedente nacional.
La Junta Regional Valdivia-Osorno de la Asociación Nacional de Magistrados expresó su respaldo a la decisión de crear la Escuela de derecho de la Universidad Austral de Chile y espera que la iniciativa se concrete a partir del próximo año académico. Agrega que la medida "ayudará al crecimiento de la justicia en la zona".
Vecinos de Rubén Darío procedieron antenoche a ocupar el inmueble donde hasta hace poco funcionaba el Centro de Desarrollo Juvenil comunitario y que por el momento se encontraba ocupado por un pastor evangélico y su familia. El recinto que es un gimnasio, fue entregado en comodato municipal a la Iglesia Metodista.
Dos jóvenes operarios de una empresa exportadora de la zona murieron y otras dos personas quedaron heridas de gravedad en el choque del automóvil de los trabajadores y una camioneta que se desplazaba hacia el norte y que estaba a cargo de otro joven, quien guiaba bajo un estado de etilismo agudo. Es uno de los heridos.