Desde Poder Judicial aseguran que van a respaldar el acuerdo por la paz "cumpliendo su rol"
DIAGNÓSTICO. El juez Edmundo Devia analizó también el actuar policial durante la crisis y destacó acuerdo para garantizar derechos de los detenidos.
Luego de la solicitud realizada por el Presidente Sebastián Piñera para promover un acuerdo por la paz, desde el Poder Judicial aseguran que van a respaldar dicha petición por medio del "cumplimiento de su rol".
Así lo aseguró el juez de garantía de Valdivia, Edmundo Devia, quien precisó que apoyarán la medida "trabajando como se ha realizado hasta ahora, en el sentido de seguir cumpliendo el rol para el cual fuimos nombrados, siendo garantes de los derechos de todas las personas".
Complementó igualmente que buscan asegurar "que los tribunales sigan funcionando a pesar de las circunstancias actuales, igual como lo están haciendo hasta ahora".
Garantías
Con respecto a las protestas y los episodios de violencia y represión, Edmundo Devia explicó que "cualquier persona que se ha encontrado en una manifestación pacífica, no ha cometido desmanes y ha sido víctimas de represión policial, pueden acudir al Ministerio Público o a los tribunales de justicia y es deber de los tribunales recoger las denuncias de las personas e inmediatamente abrir causa. El Estado está obligado a proporcionarle abogados, ya sea de la Corporación de Asistencia Judicial o inclusive abogados del INDH".
¿Dónde está el límite entre reprimir un acto de violencia y la violación de derechos? El magistrado señala que "la fuerza sólo debe aplicarse cuando es estrictamente necesario y en la medida requerida para el desempeño de las funciones policiales, mientras que el empleo de armas de fuego debe considerarse una medida extrema en circunstancias excepcionales que supongan un peligro inminente, ya sea de muerte o lesión grave para carabineros o cualquier otra persona".
"La policía debe confrontarse con múltiples situaciones ambiguas en que puede equivocarse, pero debe tratarse de errores razonables. Un problema son las detenciones masivas, que son muy complejas porque ponen en riesgo la imputación penal, toda vez que éstas deben ser detalladas personal y específicamente", agregó.
El abogado también especificó que "las pruebas audiovisuales presentadas por la ciudadanía son efectivamente válidas. Toda evidencia que se pueda recabar a través de medios tecnológicos es muy importante, pues permite que el juez tenga más herramientas para declarar o no ilegal una detención".
Acuerdo
El juez Edmundo Devia explicó que esta semana se selló "un acuerdo para mejorar la información sobre personas detenidas, suscrito entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría Penal Pública. Esto implica que si bien la policía tiene plazos para llevar a un imputado a un control de detención de 24 horas y tiene otras 12 horas de plazo para avisar al fiscal que hay una persona detenida, no se puede abusar de dichos periodos".
"Si, por ejemplo, un adolescente de 14 años está detenido en la mañana, no puede esperar 12 horas encerrado en un calabozo, con todo lo que eso conlleva. No se puede abusar de ese plazo máximo. Tiene que utilizarse un criterio distinto. Con esto se busca garantizar los derechos de los detenidos, en el contexto de toda esta movilización", agregó.
Algunas cifras
Según estadísticas proporcionadas desde el Poder judicial, un total de 22.256 imputados pasaron a audiencia de control de detención entre el 18 de octubre y 3 de noviembre, dentro de los cual 977 fueron declaradas detenciones ilegales.
En la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Valdivia (provincias de Valdivia, Ranco y Osorno), pasaron a control de detención 656 imputados entre el 18 de octubre y el 7 de noviembre, con 43 detenciones declaradas ilegales.