Al menos nueve personas han perdido la vida en las manifestaciones a favor de Evo Morales en las cercanías de Cochabamba, zona cocalera de Bolivia y principal bastión del expresidente, que hace una semana renunció al cargo tras acusaciones de fraude electoral emitidas por la Organización de Estados Americanos (OEA). A los fallecidos se sumaron 115 heridos en enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales y militares. El Gobierno interino ordenó investigar estos hechos.

"Hay un hermano que lamentablemente está agonizando por un vaciado cerebral y él penosamente va a fallecer", dijo ayer a la agencia de noticias Efe el representante de la Defensoría del Pueblo en la región de Cochabamba, Nelson Cox. Horas más tarde, el diario boliviano La Razón informó nueve muertos en las protestas a favor de Morales.

Los enfrentamientos se produjeron durante la tarde del viernes en una carretera que une a las ciudades de Cochabamba y Sacaba, con choques entre cocaleros afines al renunciado Mandatario y fuerzas militares y policiales, quienes realizan operaciones conjuntas desde hace una semana para mantener el orden ante la ola de violencia en Bolivia.

Cox, en tanto, explicó que los fallecimientos se debieron a impactos de municiones que se cree provinieron desde los uniformados. "Han existido disparos en las paredes, en letreros, en los objetos", dijo el funcionario, hechos con armas de "grueso calibre". "No ha existido un enfrentamiento, ha sido una arremetida de fuerzas policiales y militares en contra de la población civil", agregó el funcionario de la oficina dedicada a la protección de los derechos humanos en el país altiplánico. "Se han incumplido protocolos", precisó.

La Defensoría del Pueblo, durante la tarde de ayer, solicitó a los dirigentes cocaleros y sindicalistas que consigan autorizaciones para realizar las autopsias a los fallecidos y establecer sus causas.

El Gobierno transitorio de Bolivia manifestó el viernes que hubo casos "particulares" en alguno de los fallecidos, abriendo la posibilidad de que los disparos hayan surgido desde los mismos manifestantes, no de las fuerzas de seguridad. Ante ello, Cox afirmó que "hemos exigido nosotros el manejo transparente de la investigación, por eso nos urgen las autopsias de los fallecidos".

Las autoridades nacionales han denunciado la presencia de grupos armados comandados por extranjeros en varias protestas, quienes supuestamente estarían a favor de Morales.

Investigación

El ministro boliviano interino de Gobierno, Arturo Murillo, ayer fue a Cochabamba y anunció el inicio de una investigación que "sea absolutamente transparente" sobre los fallecimientos ocurridos en protestas, junto con denunciar que "hay una mente macabra que está detrás".

Murillo, además, expresó sus "condolencias" a las familias que han perdido a sus seres queridos y que el Gobierno interino no va "descansar hasta darle total tranquilidad a la población. (...) Si hay fallecidos ¿por qué esconderlos? Tenemos reportes de que tres de los fallecidos tienen disparos en la nuca".

Por otro lado, el ministro negó que se esté realizando una "cacería a extranjeros", en referencia a las recientes detenciones de ciudadanos venezolanos y cubanos acusados presuntamente de financiar y apoyar las marchas contra el Gobierno de transición.

La canciller interina, Karen Longaric, dijo en las últimas horas del viernes que habló con su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, quien le confirmó que para "no exasperar más la situación y no dañar la relación", habían decidido "retirar de Bolivia a 725 cubanos que trabajan en diferentes áreas de la cooperación". Murillo, en tanto, señaló que ayer se reunió con el embajador cubano, quien le dijo "que tiene 18 médicos en Chapare que no sabe cómo evacuarlos y teme por sus vidas", por lo que se dispuso un operativo de evacuación en helicóptero, con destino a Santa Cruz de la Sierra. En paralelo, 226 médicos cubanos despegaron ayer desde el aeropuerto de esta ciudad con rumbo a la isla.

115 personas heridas de diversa consideración reportó ayer la Defensoría del Pueblo.

20 de octubre comenzaron las protestas en Bolivia, debido a dos resultados de las elecciones.

El jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto de EE.UU., Mark Sandy, fue ayer el primer alto funcionario de Gobierno en desacatar la orden de no cooperar con la investigación parlamentaria que podría terminar con la destitución (impeachment) del Presidente Donald Trump, en el contexto de la trama ucraniana. En paralelo, la exembajadora estadounidense en el país europeo, Marie Yovanovitch, afirmó dijo que se sintió amenazada al enterarse de que Trump le prometió a su homólogo que ella "iba a pasar por algunas cosas".

Los investigadores legislativos que determinarán si existen méritos para someter al Mandatario a un juicio político se reunieron ayer a puertas cerradas con Sandy, quien desacató la orden de Trump de no cooperar con la pesquisa. El encuentro estuvo enmarcado en la decisión del Gobierno estadounidense de retener la ayuda militar a Ucrania, ya que hay testimonios que señalan que Trump habría pedido a su par europeo, Volodimir Zelenski, que investigara a su rival político Joe Biden y otros demócratas. La solicitud de retención de ayuda, aparentemente como media de presión, es el nudo de la pesquisa donde el líder de la Casa Blanca niega haber cometido una falta.

Al igual que con otros testigos, Sandy recibó una orden de comparecencia del Congreso: "Cada vez que viene más gente, aprendemos más", dijo ayer el diputado demócrata por California y miembro de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Eric Swawell, quien tiene previstas nuevas audiencias en la Cámara Baja.

"algunas cosas"

El asesor político en Kiev David Holmes confirmó el haber escuchado una conversación telefónica de Trump con el embajador estadounidense ante la Unión Europea, Gordon Sondland, sobre el "favor" de la investigación a su contendor, Biden.

Luego, Yovanovitch dijo a los investigadores que se sintió amenazada al enterarse de que Trump le prometió a su homólogo ucraniano que ella "iba a pasar por algunas cosas".

El Presidente, simultáneamente, escribió en su cuenta de Twitter que en todos los lugares donde la diplomática trabajó las cosas "salieron mal", comentario que apareció en una pantalla en la sala. El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara, Adam Schiff, dijo que los ataques de Trump forman "parte de un patrón para obstruir la justicia" y podrían ser añadidos a las causas para el juicio.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ex Presidenta chilena, Michelle Bachelet, se refirió ayer a la situación boliviana, afirmando que "el país está dividido y personas de los distintos sectores del espectro político se encuentran indignadas. En una situación como esta las acciones represivas de parte de las autoridades simplemente avivarán más esa ira y pueden poner en peligro cualquier camino de diálogo posible". La autoridad explicó que mientras las primeras muertes se produjeron por enfrentamientos entre manifestantes rivales, las más recientes "parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar".