Ganancias individuales de hasta 189 millones de pesos habrían obtenido algunos funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) por participar en una presunta red de corrupción en dicha repartición pública, la que habría operado desde el año 2014.

Así lo indicó ayer Francisco Ledezma, fiscal de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte de la Región Metropolitana, en el segundo día de audiencias de formalización de las 21 personas detenidas con motivo de la operación de dicha red, incluyendo seis funcionarios públicos.

Los cargos, por fraude al Fisco y lavado de activos, se sustentan en que personas que trabajan en el Minvu recibían sobornos por adjudicar licitaciones informáticas del ministrio a empresas que no contaban con la suficiente idoneidad técnica y, además, encarecían los contratos. En tanto, otras firmas, que no participaban en los concursos, hacían efectivamente los proyectos.

"La señora Mariela Elgueta obtuvo como ganancia neta, de acuerdo a transferencias a sus propias cuentas bancarias, la suma aproximada de 189 millones de pesos. Respecto del señor Marco Rivas, fue transferida a sus cuentas bancarias la suma aproximada de 83 millones de pesos, obviamente relacionados con contratos del Minvu", detalló el persecutor. Rivas se ha desempeñado como jefe de proyectos de Tecnologías de Información del ministerio.

"Tenemos información de las escuchas telefónicas de que en algunos casos se forzaban esas extensiones para obtener más platas del Estado, sin embargo, eso tendremos que corroborarlo con el transcurso de la investigación", complementó Ledezma.

El Ministerio Público también dio cuenta de la complicidad entre los funcionarios ministeriales para hacer ingreso al sistema de adjudicación de proyectos y así revisar las propuestas de otros oferentes.

La entidad de persecución penal centra sus pesquisas, hasta ahora, en 49 órdenes de compra aparentemente fraudulentas que emitió el Minvu a las empresas investigadas.

Medidas cautelares

Ayer, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, debía determinarse las medidas cautelares para ocho personas imputadas. La Fiscalía pidió prisión preventiva para ellos.

El sábado, tras una extensa jornada, el tribunal decidió para la mayoría de los otros trece imputados que quedaran con firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre ellos. Solo uno quedó con arresto domiciliario nocturno. La decisión fue bien acogida por la defensa.

La investigación comenzó luego de que la Unidad de Análisis Financiero detectara que un funcionario recibió una millonaria suma de dinero, no consistente con sus ingresos. Los montos de los sobornos llegarían al menos a los $662 millones.

Entre los acusados, también hay representantes de empresas y familiares de los funcionarios.

El general director de Carabineros, Mario Rozas, dijo en una entrevista con Canal 13 que ha leído todos los informes que se han elaborado sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en el país cometidas desde el 18 de octubre y estimó que les falta "un poco de contextualización". Apuntó al respecto que cabe considerar que las manifestaciones han movilizado a 4,6 millones de personas y que la institución ha debido desplegar un tercio de su dotación ante la contingencia.

Sobre el reproche a la institución hecho por la misión de la ONU que emitió su reporte el viernes, en cuanto a que Carabineros, en reiteradas ocasiones, no ha distinguido entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente, comentó: "Estas son denuncias que se deben investigar. Hay muchas personas que marchan. ¿Qué pasa con esa persona que se manifiesta sin ningún inconveniente, pero después oculta su rostro y comienza a causar altos vandálicos o delitos, y a consecuencia de esta acción termina detenida o lesionada?".

Acerca del uso de la escopeta antidisturbios, que ha dejado más de 1.500 personas heridas, incluidos más de 300 con daños oculares, Rozas afirmó que se hizo de forma gradual. "El ataque fue feroz a nuestros carabineros. Nosotros tratamos de dialogar, tratamos de contener, y finalmente en este restablecimiento en forma gradual y proporcional del orden público, usamos los medios que el Estado puso a nuestra disposición", dijo.

Respecto de si ha pensado renunciar como lo han pedido algunos sectores, como la Democracia Cristiana, Rozas expuso: "Más que pensar en eso, estoy pensando en cómo llevar esta institución a la modernización (…) Esto no pasa por renuncias (...) Todos hablan del problema, pero son pocos los que hacen propuestas concretas y reales" para salir de él.

Futuro

El general Rozas también habló de la reprobación de una parte significativa de la población ante la actuación de Carabineros, debido a la gran cantidad de denuncias por violaciones a los derechos humanos y excesos presuntamente cometidos por policías de la institución. "Cuando esto pase, tengo la certeza de que en poco tiempo vamos a volver a ser una de la instituciones más queridas de la república. La gran mayoría de los chilenos reconoce nuestro trabajo. Por cada insulto en la calle, recibimos diez palabras de apoyo", aseguró.

Sobre la solicitud que hizo a la Fiscalía, hace algunas semanas, para citar a declarar a la cantante Mon Laferte por haber afirmado que hay carabineros responsables de la quema de estaciones del Metro, descartó una querella en contra de la artista, pero pidió más responsabilidad: "Acusar es muy fácil y yo me debo a mis carabineros. A ellos les llama la atención que alguien de forma tan liviana nos formule una acusación de esta naturaleza. Creo que si ella tiene algún tipo de información para formular esa acusación, que es muy grave y afecta a nuestra institución, debe ser investigado judicialmente".

"Más que pensar en renunciar, estoy pensando en cómo llevar esta institución a la modernización (…) Esto no pasa por renuncias".

Mario Rozas

"El ataque fue feroz a nuestros carabineros. Tratamos de dialogar, de contener, y finalmente usamos los medios a nuestra disposición".

Mario Rozas