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Covid-19 pone en riesgo empleo de 1.250 millones de personas

PANDEMIA. La OIT estima que el coronavirus extinguirá el 6,7% de las horas de trabajo en el mundo el segundo trimestre, lo que equivale a 195 millones de puestos.
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Efe

La pandemia de coronavirus hará desaparecer en el segundo trimestre de este año el equivalente al 6,7% de horas de trabajo, lo que equivale a las tareas y funciones desempeñadas por 195 millones de trabajadores a tiempo completo, dijo ayer la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"Tenemos que actuar con rapidez, decisión y coordinación. Las medidas correctas y urgentes podrían hacer la diferencia entre la supervivencia y el colapso", advirtió el director general de la OIT, Guy Ryder.

Se trata del segundo informe de la OIT sobre el impacto del covid-19 en el mercado laboral (el primero fue publicado el 18 de marzo) y la mayor novedad es que revela una reducción generalizada de las horas de trabajo, con un mayor impacto en los países árabes, Europa y en la región de Asia-Pacífico, que incluye a China.

Medidas de cuarentena estrictas o parciales afectan actualmente a 2.700 millones de trabajadores, que representan el 81 % de la fuerza de trabajo mundial.

Regiones y sectores

Por ahora, los datos sobre la contracción del empleo son limitados, por lo que los economistas de la OIT han preferido utilizar para esta evaluación los cambios en las horas de trabajo, sobre los que existe más información y que reflejan tanto despidos como la reducción temporal del tiempo de trabajo.

Ryder sostuvo que su organización se ha abstenido de hacer "predicciones especulativas" sobre lo que podría ser el panorama laboral este fin de año, en vista de que todo dependerá de cuánto dura la pandemia y de las medidas que los gobiernos van tomando entretanto para aliviar sus consecuencias económicas y sociales.

Por regiones, las mayores reducciones en las horas de trabajo se han registrado en los países árabes (8,1%, equivalente a 5 millones de trabajadores a tiempo completo), en Europa (7,8%, o 12 millones de trabajadores a tiempo completo) y en Asia-Pacífico (7,2%, o 125 millones de trabajadores a tiempo completo).

El análisis por sectores revela una situación especialmente dura para los de hospedaje y restauración, la manufactura, el comercio minorista, y las actividades empresariales y administrativas.

El primero, ligado a los viajes y al turismo, emplea al 4,3% de la masa trabajadora del mundo, mientras que las actividades industriales emplean al 13,9% de trabajadores. En el tercer sector están las pequeñas tiendas y comercios (la OIT también incluye en este ámbito la reparación de vehículos) y concentra el 14,5% del empleo mundial, mientras que el trabajo administrativos y de gestión dan trabajo al 4,7% de trabajadores. En conjunto, el organismo técnico de la ONU calcula que todos estos sectores emplean a 1.250 millones de personas o el 38% de la fuerza laboral global, que corren el riesgo de despidos o disminución de salarios y de horas de trabajo. Un problema adicional es que muchos de esos empleos ya son precarios, mal remunerados, bajo contratos temporales, sin protección social y de baja calificación.

Falso dilema

Sobre la cuestión vital de sacrificar la economía a la salud o a la inversa -un debate que retrasó la cuarentena en Estados Unidos, en Brasil y que hace que México aluda esta opción-, Ryder invitó a los responsables políticos "a salir de esta lógica equivocada, no se trata de salvar vidas o la economía, es un falso dilema".

"Es tentador hacer comparaciones con la anterior crisis, la de 2008-2009, pero la verdad es que la magnitud de lo que está sucediendo hoy es la consecuencia directa de las políticas sanitarias que siguieron a esa crisis", recordó.

La crisis financiera de ese entonces obligó a muchos países -algunos de ellos los más golpeados por el covid-19, como España o Italia- a adoptar políticas de austeridad fiscal muy estrictas y que redujeron los recursos para la sanidad pública.

Según la OIT, el mundo del trabajo después del coronavirus dependerá de dos factores: la evolución de la pandemia y las medidas políticas que se adopten para auxiliar a las empresas, preservar el empleo y los ingresos, y estimular la economía. "Las decisiones que tomemos hoy afectarán directamente la manera en que esta crisis evolucionará, así como la vida de millones de personas. Con las medidas correctas podemos limitar su impacto", aseguró Ryder.

Para lograrlo, la OIT pide que se activen políticas fiscales y monetarias que estimulen el empleo, así como sistemas de préstamos y apoyo financiero para las empresas. Estas, por su parte, deben asumir la responsabilidad de "retener a sus empleados y mantenerlos conectados con el mercado laboral".

"Tenemos que actuar con rapidez. Las medidas correctas y urgentes podrían hacer la diferencia entre el colapso y la supervivencia".

Guy Ryder, director OIT

2.700 millones de trabajadores (81% de la fuerza laboral mundial) están bajo algún tipo de cuarentena.

Expresidente de Ecuador Rafael Correa condenado a ocho años de prisión

JUICIO. Fallo de primera instancia.
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El expresidente de Ecuador Rafael Correa denunció ayer la "judicialización de la política" en su país para inhabilitarlo antes de que pueda inscribirse como candidato para las elecciones de 2021, tras ser condenado en primera instancia a ocho años de cárcel por cohecho agravado.

"Están desesperados para cumplir con los tiempos e inhabilitarme para las próximas elecciones porque saben que si yo puedo regresar les ganamos las elecciones, y ampliamente", indicó Correa en declaraciones a Efe, en las que criticó la "urgencia" del fallo del tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia en plena crisis por el covid-19.

"Y yo regreso, así me metan preso, pero que me dejen registrar como candidato. No lo van a hacer", agregó sobre la sentencia que además suspende sus derechos políticos durante 25 años.

Según el fallo, Correa y el exvicepresidente Jorge Glas fueron condenados como autores del delito de cohecho, mientras que la mayor parte de la veintena de imputados fueron declarados coautores, y dos exfuncionarias de la Presidencia como cómplices por haber liderado una red de corrupción entre 2012 y 2016 mediante la cual recibió "aportes indebidos" para su movimiento político, el izquierdista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a varias empresas, entre ellas Odebrecht.

Piden prevenir la segunda ola de contagios

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Un grupo de 165 líderes mundiales, entre los que se cuentan los chilenos Ricardo Lagos y Andrés Velasco, y otros 92 antiguos presidentes y primeros ministros, pidió al G20 a aprobar financiación colectiva e iniciar acciones coordinadas urgentes para luchar contra la pandemia de covid-19. En una carta abierta, esos líderes reclaman la aprobación inmediata de un fondo de emergencia sanitaria de 8.000 millones de dólares para prevenir una segunda oleada de la pandemia. Esos fondos servirían para impulsar rápidamente los esfuerzos para obtener una vacuna, así como para investigar tratamientos terapéuticos.

Satisfacción en El Vaticano luego de la absolución del sacerdote George Pell

AUSTRALIA. Caso por abusos sexuales.
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El Vaticano expresó su satisfacción por la sentencia unánime de absolución dictada por la máxima autoridad judicial de Australia en favor del Cardenal George Pell, exresponsable de la Secretaría Económica de la Santa Sede que había sido condenado a seis años de prisión por abusos sexuales a dos menores.

"La Santa Sede, que siempre ha confiado en la autoridad judicial australiana, acoge con satisfacción la sentencia unánime dictada por el Tribunal Supremo en favor del cardenal George Pell, que lo absuelve de las acusaciones de abuso a menores, revocando su condena", dice una nota del Vaticano y recuerda "que el cardenal defendió siempre su inocencia, atendiendo que la verdad fuera probada. (...) La Santa Sede se vale de esta ocasión para reafirmar su compromiso en la prevención y persecución de cualquier tipo de abuso a menores", añade.

Pell fue puesto en libertad después de que se anulara su condena a seis años de prisión por abusos sexuales cometidos contra dos menores en los años 90. En el fallo, que no puede ser recurrido, el pleno de los magistrados del Tribunal Superior de Australia consideró que existió "una posibilidad significativa de que una persona inocente haya sido condenada porque las pruebas no establecieron la culpabilidad con el nivel de prueba requerido".