No hay claridad todavía sobre el regreso presencial a clases y todo parece indicar que no será pronto, sino hasta garantizar la seguridad de los niños y niñas respecto del contagio de covid-19. Lo que sí es seguro es que, cuando eso ocurra, no podrán retomarse las actividades lectivas sin un período de adaptación y evaluación de lo vivido por los estudiantes, profesores y en general las comunidades escolares.

En ese contexto es que cobra relevancia la iniciativa de la Agencia de Calidad de la Educación, que aplicará un diagnóstico integral para conocer el estado de los alumnos y alumnas en el momento del reencuentro académico en la región, como en todo el país.

Por medio de una plataforma digital se dispondrá de mediciones de contenidos en Lectura y Matemáticas que las escuelas podrán aplicar (como un Simce rápido), pero además habrá un cuestionario para determinar la situación socioemocional en que se encuentren los y las estudiantes frente a la experiencia de aislamiento, cuarentena, exposición al riesgo, cuidado de la familia, postergación de actividades habituales, cursos a distancia y otros desafíos enfrentados durante la emergencia sanitaria. La idea es, a partir de esa información recogida, entregar apoyo a los establecimientos que lo requieran y acompañar la adaptación a una nueva realidad que permita terminar el año académico de la mejor manera, en especial a quienes deben egresar de Enseñanza Media.

Así visto, adquiere muchísimo sentido la propuesta formulada al ministerio del ramo para que este 2020 ningún escolar quede repitiendo, sino que se les permita avanzar, con la acomodación posterior de contenidos, para reducir incertidumbres y facilitar aprendizajes.

En Los Ríos hay aproximadamente 78 mil niños y niñas en edad escolar que han visto interrumpida su asistencia presencia al colegio desde marzo. Para todos ellos este ha sido un tiempo intenso. Por lo mismo se equivoca quien diga o tema que se trata de "un año perdido" solamente porque se ha presentado diferente. Al contrario, hay razones para decir que los duros aprendizajes adquiridos en este período son extremadamente valiosos y sin duda marcarán el futuro de una generación, como también el del país.

Las personas mayores presentan una situación de particular debilidad y fragilidad por edad. Cuando hablamos de fragilidad nos referimos a un estado de vulnerabilidad aumentada frente a eventos adversos a la salud. Alrededor del 7% de las personas mayores de 65 años son frágiles y su prevalencia aumenta con la edad. La fragilidad podría exceder el 45% después de los 85 años.

Existen mínimos éticos exigibles en la asistencia a las personas mayores y un Principio Formal Universal (PFU) y absoluto que vale para cualquier ser humano y debe respetarse siempre. Todo ser humano debe ser tratado con igual consideración y respeto. Entendido así, el ser humano tendría dignidad y no precio, constituyendo el respeto a la dignidad una obligación moral absoluta. Si bien los principios son universales, no son absolutos, es decir, valen para cualquier ser humano, pero puede haber situaciones excepcionales en las que no es obligatorio cumplirlos.

En esta contingencia hemos visto que el principio de Justicia entra en conflicto con la obligación de no discriminar a una persona por su edad en cuanto a los recursos que le corresponden, denominada discriminación socio sanitaria de la persona mayor o etaísmo. Podría darse restricción de derechos en algunos tratamientos institucionales por razón de edad.

En situaciones de crisis de salud pública ¿es éticamente correcta una medida de restricción que priva de un tratamiento por razones exclusivas de edad? En esos casos el equipo de salud debe decidir qué paciente tiene mayores posibilidades de supervivencia y asignar (o no) los recursos disponibles; subordinando el interés de algunos pacientes en favor del bien común, y al incuestionable principio de "maximizar el mayor número de vidas salvadas", debería añadírsele el de "años de vida ganados" y el de "cumplimiento de ciclo vital".

Cuando el acceso de personas mayores a una unidad de cuidados críticos se considere fútil, la decisión de adecuar el esfuerzo terapéutico debe ser consensuada, respetando las preferencias de la persona, comunicada al paciente y/o la familia y registrada en la historia clínica. Ello no impide el deber de ofrecer otro tipo de terapias de cuidado paliativo.

Finalmente, este tema nos invita una vez más a reflexionar y conversar dentro de las familias, expresar nuestras preferencias y legislar sobre la existencia de documentos de voluntades anticipadas.

Cecilia Burgos

Mg. en Bioética y académica del Instituto de Enfermería, Fac.de Medicina Uach

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