La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha publicado un informe en el que analiza cómo la crisis del covid-19 ha golpeado la estructura productiva y empresarial de los países. La contingencia generada por la pandemia ha llevado a la suspensión total o parcial de las actividades productivas, y la Cepal estima que entre los sectores más afectados están el comercio mayorista y minorista, las actividades comunitarias sociales y personales, los hoteles y restaurantes, la construcción e inmobiliarias, y las manufacturas.

Un 34,2% del empleo formal y un 24,6% del Producto Interno Bruto latinoamericano corresponden a sectores fuertemente afectados por la crisis derivada de la pandemia, e indica que la crisis golpea con más intensidad a los sectores industriales de mayor dinamismo tecnológico y, por lo tanto, profundizará los problemas estructurales de las economías, lo que significa que si no se aplican políticas adecuadas para fortalecer esas ramas productivas, existe una elevada probabilidad de que se genere un cambio regresivo que conduciría a las economías a volver a concentrarse mayormente en actividades primarias, con poco valor agregado.

De acuerdo con los análisis de la Cepal, la gran mayoría de las empresas ha tenido importantes caídas de sus ingresos y presenta dificultades para su mantención.

Las transformaciones que generará la pandemia en nuestros comportamientos como sociedad son de una magnitud insospechada: ya lo estamos observando en los empleos y forma de relacionarnos, de comprar, de interactuar con otros. Los empleos están sufriendo con severidad esta transformación, en particular el comercio que vende productos y servicios. El gran comercio está más preparado para ello, porque tiene sitios web, porque tiene la experiencia acumulada y los equipamientos para ello, pero no así los locales pequeños y medianos, que basan su negocio en la venta cara a cara. El momento es ciertamente complejo y desafiante, pero el impulso emprendedor y la creatividad serán fundamentales para salir adelante.

El ordenamiento jurídico al establecer un modelo de vida social reglada define los derechos, deberes y responsabilidades de las personas. Particularmente, las normas constitucionales y los instrumentos internacionales relativos a derechos humanos señalan su contenido y alcance.

La vigencia y protección de los derechos y libertades fundamentales, como regla general del Estado de Derecho, opera permanentemente. Sin embargo, tal como ocurre en las vidas de las personas, la sociedad y el Estado enfrentan períodos extraordinarios causados por la sucesión de hechos naturales, políticos, sociales o económicos. Estos hechos revisten tal gravedad que amenazan el orden público, el bien común o la propia existencia de las instituciones.

El Covid-19, según afirma la Organización Mundial de la Salud, representa una emergencia sanitaria y social sin precedentes. Incluso los escépticos, ya advierten la gravedad de un fenómeno sanitario que no sólo compromete la salud pública, también el bienestar social y económico de los países.

Ante situaciones de anormalidad, la Constitución Política de la República establece la figura del estado de excepción constitucional, un régimen normativo especial, regulado y temporal, que robustece el ejercicio de la autoridad mediante la habilitación de potestades y atribuciones igualmente extraordinarias y con el sólo propósito de enfrentar la anormalidad que compromete gravemente el desenvolvimiento de las instituciones, el orden público o la salubridad.

El 16 de junio de 2020 el Presidente de la República decidió prorrogar el estado de excepción constitucional de catástrofe, vigente desde el 18 de marzo. Algunos efectos que advertimos de esta declaratoria inciden en el ejercicio de nuestros derechos, los cuales excepcionalmente son limitados o restringidos. Así, desde marzo se ha limitado, por ejemplo, la libertad de movimiento o el derecho de reunión y manifestación. Igualmente, tal como nos recuerdan Lara y Jenkins (2020), el Presidente queda facultado para disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al derecho de propiedad, y adoptar todas las medidas administrativas -ordinarias y extraordinarias- que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad.

Finalmente, esta figura constitucional supone un difícil equilibrio entre las libertades fundamentales y el deber del Estado de dar protección a la población.

Luis Palacios Sanabria Profesor Derecho Constitucional USS Valdivia