Chile ya suma más de 10 mil muertes con causa comprobada de covid-19, lo mencionó claramente el ministro Enrique Paris hace unos días en su reporte, enviando incluso su pésame a las familias que han perdido a algún ser querido.

Ahora, el problema es que esa cifra podría ser aún peor, ya que el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) publicó que las víctimas por covid-19 en nuestro país son casi 14 mil, si se suma en esa cantidad a quienes al momento del deceso presentaban síntomas del virus, pero no tenían confirmación de laboratorio, por lo mismo sigue siendo una cifra que se debe tener en cuenta.

La región de Los Ríos en ese sentido, afortunadamente, muestra una cantidad muy baja de fallecidos, si se compara, por ejemplo, con las realidades vecinas de La Araucanía y Los Lagos, y los pasos que se han dado en virtud del desconfinamiento ratifican también la buena labor de control que se ha efectuado a nivel local, la que ha reducido las tasas de contagio y por consiguiente el número de pacientes activos o contagiantes de la enfermedad, descomprimiendo, de paso, las unidades de urgencia en los centros hospitalarios, pero lo cierto es que la pandemia aún no se ha ido y según la autoridad sanitaria debemos acostumbrarnos a convivir con el virus por un tiempo aún indeterminado, ya que para controlarla definitivamente se requiere de una vacuna, la que aún no existe.

Mientras ello ocurra, y dadas las alentadoras cifras, se han ido incorporando de forma progresiva y sectorizadas aperturas graduales de la actividad económica en algunas zonas como la nuestra, aunque ciertamente falta mucho.

Por ello, seguir en la senda que permita ir acercándose a las rutinas habituales que existían antes de marzo depende exclusivamente de la ciudadanía. Hay que aprender a vivir con el virus circulando por las ciudades y por lo mismo se debe incorporar como parte de las rutinas diarias la adopción de todas las medidas preventivas promocionadas ampliamente por la autoridad sanitaria. De ello depende seguir avanzando paso a paso o bien retroceder a mayores niveles de confinamiento.

En forma unánime la Cámara de Diputados aprobó, en su último trámite legislativo, el proyecto que crea la Ley General del Cáncer, que desde 2018 se tramitaba, dejándolo listo para ser promulgado por parte del Ejecutivo.

Era un proyecto sumamente urgente, pero no fácil. Porque en estos dos años se buscó asegurar un marco jurídico que no fuera sólo simbólico, sino que reflejara la realidad nacional; pero más importante, que entregara un paraguas de herramientas, facultades y prerrogativas para enfrentar una de las patologías que más mortandad provoca en nuestro país, con graves consecuencias sanitarias y sociales.

Según la OMS, el cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo, y en Chile es la segunda causa de muerte, precedida sólo por las enfermedades al sistema circulatorio y cardiovascular.

La iniciativa, como terminó saliendo desde el poder legislativo, entrega tres instrumentos que serán pilares en la lucha contra el cáncer: crea una red de centros oncológicos a nivel país, fortaleciendo el campo clínico y la investigación; abre un registro nacional de pacientes que permitirá un mejor seguimiento y acompañamiento de casos; e instaura y garantiza un fondo de financiamiento para que todos los aspectos que implica llevar a terreno las medidas y disposiciones de la ley, no queden solo en el tintero de las buenas intenciones.

Personalmente me siento satisfecho y contento de haber apoyado este proyecto. Y es que resultaba esencial para Chile legislar un marco regulatorio que asegurara pilares fundamentales en el trabajo para prevenir, diagnosticar, tratar y acompañar a quienes sufren esta descarnada enfermedad.

Estos elementos o pilares esenciales, siento yo, quedaron bien recogidos en la norma, tales como la potestad de suscribir convenios, instancias de coordinación o participación pública-privada, la obligación de diseñar, ejecutar y evaluar programas de prevención de los factores de riesgo; pero también abordar los efectos globales del estrés emocional que genera esta enfermedad.

En definitiva, el despacho de la iniciativa es relevante por cuanto va a permitir una mejor intervención, planificación, desarrollo y ejecución de políticas, programas y acciones destinadas a establecer las causas y prevenir el aumento del cáncer, y tratamientos y seguimientos más adecuados e integrales para quienes padecen esta enfermedad.