Una propuesta para aplazar las elecciones de gobernadores regionales está siendo estudiada por el gobierno, e informalmente, también en el Congreso. El planteamiento es postergarlas desde el 11 de abril (cuando sí se harán las municipales) hasta el 21 de noviembre de 2021, para coincidir con el proceso presidencial, parlamentario y del Core (Consejo Regional).

A la luz de declaraciones de ministros y algunos legisladores, la idea está bastante avanzada hacia un consenso de cambio y el argumento para aplicarla es que aún no se encuentran suficientemente definidas las atribuciones y los recursos que las nuevas autoridades tendrían, algo que se ha venido advirtiendo públicamente hace varios meses y en lo cual no se avanza. Además, se mantiene la escasa claridad que hay respecto a las diferencias de responsabilidades que existirían con el nuevo "delegado regional", figura que nombraría el gobierno de turno, para -se supone- mantener las políticas nacionales unificadas.

Por otra parte el proyecto de dar más plazos también incluye terminar con inhabilidades para autoridades diversas interesadas en postular a nuevos cargos (no solamente éste), conversación surgida luego de la aprobación al límite de reelecciones.

La discusión y opiniones respecto de los gobernadores se encuentran ahora produciéndose, pero no han tenido tantas miradas sobre ellas; quizás por las urgencias creadas por la pandemia, o por la cercanía de Fiestas Patrias, período que genera una especie de paralización colectiva del país, aún en las actuales circunstancias.

Desde Los Ríos y otras zonas de la zona sur este debate ha activado alertas. Especialmente entre los movimientos sociales regionalistas, los cuales han mantenido una posición crítica frente a los cambios de fechas y han manifestado su inquietud respecto a una fusión de votaciones, lo cual podría generar confusión severa en la comunidad y hasta "restar brillo" al primer paso de descentralización más profunda que tendría el país.

Pese a que nada está definido aún, desde La Moneda han señalado que "nadie olvidará el compromiso" adquirido con este proceso, que permitiría a las comunidades locales definir a sus líderes democráticamente, por primera vez. Y en eso se confía.

El mercado turístico en Chile hasta antes del estallido social y de la pandemia era el más sostenible del país. Pero tras ambos episodios, se han perdido 40 mil empleos y la cosa no mejora, sumergiendo a esta industria en una profunda crisis.

Ese panorama me motivó a hacer un llamado al Ejecutivo para que, junto al Congreso y los gremios, establezcamos mecanismos urgentes de apoyo al rubro en medio de la crisis sanitaria por Covid-19.

La industria del turismo en Chile está atravesando la peor crisis de la historia.

El impacto que ha sufrido a partir del estallido social del 18 de octubre pasado, ha tomado dimensiones inimaginables con la actual pandemia y se ha vuelto crítica para quienes dependen de ella.

A esta fecha se han destruido más de 40 mil empleos y se han producido pérdidas significativas para el sector, con una caída de un 56,4% en relación al año 2019, según las cifras entregadas por Fedetur. Esto no es menor en un mercado donde el turismo representa el 11,2% del Producto Interno Bruto, con 97 mil empresas de todo tamaño que, si no han quebrado, están seriamente tambaleando.

Es urgente aplicar cuanto antes un paquete de medidas específicas para el sector durante el desconfinamiento con apoyo público, pues la crisis es tan profunda que sin la ayuda del Estado será muy difícil volver a levantarse.

Es esencial mecanismos que faciliten el otorgamiento de apoyo financiero con una mirada de largo plazo, ya que se estima que el turismo receptivo se demorará 32 meses en recuperarse, es decir, recién el segundo semestre del 2022 podremos observar cifras similares a las de antes de octubre de 2019, siempre y cuando podamos volver a la normalidad social y sanitaria.

Entre las medidas a mi juicio necesarias, destaco la posibilidad de otorgar créditos blandos para las pequeñas y medianas empresas con 100% de garantía estatal; subsidios de apoyo al turismo y la gastronomía; flexibilizar regionalmente las restricciones de Plan Paso a Paso atendiendo a las diferentes realidades del país; abrirse a condonaciones tributaras; y aumentar de 6 a 12 meses el plazo para comenzar a pagar el Crédito Fogape otorgado a las empresas de turismo, así como también aumentar el plazo de pago de 48 a 96 meses.

Bernardo Berger Fett

Diputado