Correo
5G: mayor brecha digital
El Ejecutivo ha anunciado la licitación para la tecnología 5G, cuyas ventajas son el aumento de la velocidad de conexión permitiendo que objetos cotidianos,puedan conectarse en tiempo real o se puedan realizar intervenciones quirúrgicas teleasistidas, entre otras bondades.
Sin embargo, es urgente revisar las condiciones bajo las cuales se entregarán las concesiones del espectro, que es un bien de uso público. Ello debe hacerse bajo la perspectiva de mejorar las condiciones de conectividad y cobertura, para un desarrollo territorial equitativo.
El Presidente señaló que era necesario asegurar el acceso a la mayor cantidad de población. Es por ello que no entendemos porqué el gobierno no incorporó la obligación de las empresas de extender su servicio a los sectores rurales y aislados.
Sólo un ejemplo: En la licitación de la banda 700 MHz y 2,6 GHz realizadas en 2014, gracias a las contraprestaciones exigidas a las empresas, en la región de Los Ríos fue posible otorgar conectividad digital a 150 localidades aisladas o rurales y 74 establecimientos educacionales.
En el proceso actual que impulsa el Gobierno sólo las capitales regionales y provinciales y los 200 hospitales incluidos en el proyecto contarán con 5G y dispone otorgar conexión extra a ciertos "polígonos industriales mínimos". En la región de Los Ríos estos son: zona urbana de Valdivia, aeródromo Pichoy, ruta T-202 entre Valdivia y San José de Mariquina, el Puerto de Corral y el Instituto Forestal (Infor). Esto es completamente insuficiente.
Si el Estado va a entregar ventajas competitivas y de mercado tan relevantes para los proveedores de 5G, lo mínimo es que de forma gratuita se establezcan, como siempre se había hecho, las contraprestaciones correspondientes, para favorecer a escuelas y postas rurales, APRs, organizaciones vecinales, bomberos y servicios públicos.
Senador Alfonso De Urresti Core Luis Cuvertino
Multas sanitarias
Frente a la modificación del artículo 318 del Código Penal, que aumentó la sanción aplicable a quienes pongan en peligro la salud pública, preocupa que las multas asociadas, redunde en personas pagando la sanción con privación de libertad.
También, que la ausencia del derecho a defensa en los procesos monitorios que se están aplicando al efecto, en lo social, genere una mayor precarización de grupos ya en desmedro económico, por las limitaciones laborales que supone la pandemia.
El llamado entonces a la ciudadanía, es a ejercer sus derechos y, si hay personas multadas que no están de acuerdo, presentar el reclamo correspondiente al tribunal dentro de los próximos quince días siguientes a la notificación del pago de multa, para que luego, con participación de la defensa, puedan plantear sus descargos. Estos quince días de plazo, comenzarán a regir diez días después que se levante el estado de excepción constitucional vigente.
La importancia de que la ciudadanía esté informada acerca de estos plazos y procedimientos, reviste la mayor relevancia si consideramos que la decisión judicial en estos casos, se sustenta exclusivamente en los antecedentes que presenta el Ministerio Público, sin participación de una defensa penal que pudiera dar cuenta de los motivos de la infracción. Más aun, porque el criterio que se ha establecido, y que refutamos como defensa, es que basta con que una persona se encuentre fuera de su domicilio, durante la cuarentena o toque de queda, para que se considere que puso en peligro la salud pública.
En perspectiva de la defensa y, gran parte del mundo académico, se necesitan elementos adicionales y circunstanciales para considerar que se cometió este delito. Esa posición jurídica, de fondo, es la que esgrime la defensa penal pública en distintas instancias, en el Tribunal Constitucional y esperamos, próximamente, en la Corte Suprema de nuestro país. Por lo pronto, resulta fundamental el ejercicio del derecho al reclamo por parte de una ciudadanía informada.
Luis Soto Pozo Defensor Regional de Los Ríos
Decálogo constitucional
Independientemente de lo bien intencionada que sea la propuesta del Presidente sobre los aspectos fundamentales que debiera tener nuestra Constitución; no hay ningún tema novedoso. El decálogo presentado, más parece la lectura del índice de cualquier Constitución. Pese a ello, sí hay que destacarle al Presidente entrar en un tema tan relevante para el país como es el de una nueva Carta Fundamental, y al respecto sí vale la pena resaltar ciertos aspectos que rondan las diferentes posturas.
Partamos de la base que el caos no se apoderará de Chile si gana una u otra opción. Tampoco podemos asumir que la eventual próxima Constitución va a borrar todo lo que la actual presenta, más que más, en el transcurso de sus más de 45 reformas, se ha ido ajustando a nuestra realidad país. El gran tema que hay detrás nuestra próxima Carta Magda es, por un lado, replantearnos su contenido de cara al siglo que vivimos, y por el otro -quizá el más relevante- reemplazar aquellos vestigios dictatoriales que aún le quedan a la del '80 y que por los altos quórum requeridos, no han sido posible modificar.
Dr. Felipe Vergara Maldonado Analista político U. Andrés Bello