Oscar Gallardo Ríos

Hoy se cumple un año del "Estallido Social", movimiento con demandas ciudadanas que, sin embargo, se vio también empañado por una serie de hechos delictuales, de violencia y actos de represión policial.

En ese contexto es que la Fiscalía Regional de Los Ríos realizó un balance de las acciones penales que se han llevado adelante desde octubre del año pasado a la fecha, e informó que un total de 212 personas fueron formalizadas por delitos cometidos en el marco de este proceso.

Razones

En esa línea, desde la Fiscalía precisaron las investigaciones formalizadas en contra de dichos imputados, obedecen principalmente a los delitos de hurto y robos bajo la modalidad de saqueos que afectaron a locales comerciales y dependencias de servicios públicos e instituciones particulares, y en algunos casos también por otro tipo de delitos como daños, incendio, desórdenes públicos y receptación.

También se detalló que para los hechos más graves, los tribunales de justicia decretaron en su momento la prisión preventiva de 20 imputados. Actualmente hay 79 personas ya condenadas por estos casos y existen acusaciones presentadas contra al menos 70 imputados, en tanto, que hay otras causas que continúan en etapa de investigación.

Investigaciones

El vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, destacó que "en una parte importante de estos hechos las detenciones no fueron efectuadas en flagrancia, sino que la identificación y posterior detención de los imputados se debió al trabajo de investigación efectuado por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional en conjunto con la BIRO y Bicrim de la Policías de Investigaciones (PDI)".

"Esto incluyó una exhaustiva labor de análisis de cientos de horas de grabaciones de cámaras de seguridad, análisis de redes sociales, toma de declaraciones y reconocimientos fotográficos", precisó el abogado asesor de la Fiscalía.

Violencia institucional

Con respecto de los casos de violencia institucional, descritas como las causas de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones, desde Fiscalía se explicó que en cuanto se comenzaron a recepcionar denuncias de esta naturaleza el fiscal regional constituyó un equipo de investigación que ha trabajado en conjunto con la PDI y con el Servicio Médico Legal (SML).

En esa línea es que la Fiscalía de Los Ríos ha recepcionado a la fecha las denuncias de 227 víctimas, que se investigan en 206 causas. De esas 227 víctimas, 156 son hombres, 71 son mujeres y el 60% corresponde a jóvenes entre 17 y 26 años.

Todas las víctimas fueron derivadas a la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional. En el marco de estas investigaciones se han tomado 165 declaraciones, las que se encuentran grabadas, y los casos restantes corresponden a víctimas que han sido citadas y no han comparecido a prestar declaración.

Eric Aguayo precisó que "además de la complejidad propia de estas investigaciones, la situación actual de pandemia ha implicado un retraso de las diligencias que debe realizar la PDI y también la suspensión de horas de atención en el SML, lo que no ha permitido avanzar en la resolución de todos los casos, sin embargo existe un grupo de causas que están avanzadas y en las que se están evaluando futuras formalizaciones".

A un año del estallido social, el jefe regional de Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sebastián Smart, realizó un balance de la situación en Los Ríos y entregó algunas cifras entre las que destaca la presentación a la fecha de 161 acciones judiciales.

En esa línea, el encargado aseguró que esta crisis social "nos ha dejado varios desafíos. El primero es el esclarecimiento de la verdad respecto de lo ocurrido, principalmente desde el 18 de octubre en adelante. El segundo desafío es la obtención de justicia, luego la adopción de ciertas medidas de reparación para las víctimas, y el cuarto desafío es cómo construimos ciertas garantías que permitan que esto no vuelva a ocurrir".

En esa línea detalló que "el término de números, en lo que se relaciona con justicia, desde la sede regional presentamos 161 acciones judiciales, de las cuales 158 son querellas, y los demás son recursos de amparo. La mayoría de las personas representadas en estas querellas son hombres, 55 son mujeres y 28 son niños o adolescentes".

Y complementó que "si bien la mayoría de las querellas se dirigen contra quienes resulten responsables, del relato de las víctimas se aprecia que 151 de estas querellas estarían relacionados Carabineros, en 3 de ellas la PDI, y en 4 agentes del Ejército".

Smart también lamentó que "a un año del inicio de la crisis social, todavía no hay ninguna de estas causas que esté formalizada en la región, y eso se debe a una serie de aspectos, como la dificultad de investigar casos de este tipo, no solamente por el contexto en que ocurren, sino que también por los delitos que se están potencialmente imputando como torturas y apremios ilegítimos.

Lo segundo es que en el Estado en general faltan recursos para instituciones como al Fiscalía, el Servicio Médico Legal, y el propio INDH para que se prioricen ese tipo de causas".

Una tendencia

El jefe regional del INDH, sostuvo que la situación que experimenta la región de Los Ríos, en relación al escaso avance en las investigaciones penales por derechos humanos, "no es algo que ocurra solamente acá, sino que es algo que está pasando a nivel nacional".

"Si uno observa las cifras, de las 2.520 querellas interpuestas por el INDH, solamente en 31 de ellas han existido formalizaciones. Estamos hablando de un 1% de las causas presentadas.

En ese sentido, la justicia por el momento ha sido lenta, pero tenemos esperanza de que se pueda avanzar en aquello", complementó.