Una medida oportuna, que aliviará la carga económica de miles de familias chilenas que lo están pasando mal, es como puede calificarse el proyecto de ley del Ejecutivo que permite la postergación de cuotas de créditos hipotecarios y crea una garantía estatal para caucionar el pago de las cuotas postergadas.

La iniciativa propone que para prorrogar las deudas hipotecarias, se cree un "crédito de postergación". Este sería libre de impuesto de timbres y estampillas, que se celebrará mediante mandato electrónico -lo que reduce las trabas burocráticas en medio de la alerta sanitaria que precisamente nos limita las posibilidades de reunión o de concurrir a un banco- y con un interés que deberá ser inferior al del crédito hipotecario cuyas cuotas se pagan.

De esta forma, lo que se busca es que el acceso a este nuevo beneficio económico sea de manera simple y que, celebrado el contrato, éste no implique mayores costos que los que ya tenía el deudor hipotecario.

Ello permitirá, en definitiva, que los deudores no estén forzados a pagar estos créditos durante el actual periodo de crisis financiera.

De esta forma, como lo indiqué al comenzar esta columna, ésta es una medida oportuna que aliviará la carga económica que en estos tiempos de crisis ahoga a miles de familias chilenas que lo están pasando mal.

De acuerdo a las Cuentas Nacionales del Banco Central del primer trimestre de este año, la deuda total de los hogares alcanza a más de un 75% del ingreso disponible, y más del 59% corresponde precisamente a deuda hipotecaria.

Con esos datos a la vista, y si logramos convencer a la oposición de aprobarlo, este proyecto vendrá a ser un apoyo crucial para las familias chilenas, en especial para quienes están más endeudados con hipotecarios, que son precisamente quienes representan la fuerza laboral más importante de Chile, la clase media.

Un punto valorable de esta iniciativa presentada por el Ejecutivo, es que contenga una garantía estatal adicional a la hipoteca que se cubrirá, otorgada por el Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios (Fogape), por un monto máximo que equivalga a seis cuotas del crédito original en la medida que sean pagadas con el crédito de postergación.

Bernardo Berger Fett

Diputado

Después del plebiscito, la pregunta es qué viene ahora, frente a una nueva Constitución. Y no hay tanta claridad entre la ciudadanía al respecto. Una encuesta efectuada en marzo por la Universidad Austral señalaba que el 51% de la población regional se encontraba poco informada sobre el proceso, porcentaje que aumentaba en las comunas con mayor ruralidad.

Probablemente esas cifras han variado ahora, que la atención pública está enfocada hacia la Convención Constitucional, opción que se impuso en Los Ríos por un 75.5% (www.servel.cl ); pero se requieren más datos, sobre todo para reducir inquietudes. Otro estudio, también de la Uach, de principios de octubre, indicó que un 26% de la población regional estima que, luego de ganar el Apruebo, en el país se harán reformas, pero no todas las que se necesitan; un 24% que se harán los cambios que la ciudadanía demanda; un 11% que los políticos se van a arreglar entre ellos y un 8% que el país se polarizará y aumentarán los conflictos. (Lab.Opinión Pública).

En ese contexto, algunos puntos básicos que se debe saber son: que la Convención Constitucional tendrá un total de 155 integrantes, todos nombrados por votación popular, ocupando el mismo sistema de las últimas elecciones de diputados. Esto implica que Los Ríos tendrá 5 representantes. De ellos dos o tres (no menos) deberán ser mujeres, porque hay obligación de paridad y uno, representante de pueblos originarios.

En el proceso pueden postular personas mayores de 18 años, apoyadas por organizaciones (partidos, por ejemplo) o independientes respaldados por firmas del 0,4 por ciento de los que hubieran votado en el distrito electoral en la anterior elección de diputado. O sea en la región (distrito 24), donde el padrón es de 346.845, se requieren 1.300 firmas, aproximadamente.

La votación será el 11 de abril de 2021, en el mismo día y proceso en que se elijan alcaldes, concejales y los gobernadores regionales. Habrá muchas papeletas.

En este punto, quizás es bueno detenerse y repensar si sería mejor separar esas decisiones. Sobre todo la de gobernadores, que requiere atención y la relevancia que corresponde a la primera vez en la historia que ese cargo se genera.