Los femicidios ocurridos durante los últimos días en la región debieran encender una alerta respecto de este grave delito, que ya ha cobrado tres víctimas este año en Los Ríos. La primera fue asesinada en enero y las otras dos, este fin de semana.

Sus nombres eran Yenny Ancamilla Collinao (26 años, fallecida el 3 de noviembre); Tania Bustamante Díaz (25 años, fallecida el 2 de noviembre) y Gladys Gallegos Insulza (53 años, fallecida el 5 de enero), quienes son parte de una lista de 34 mujeres muertas a causa de violencia de género, en agresiones cometidas por sus parejas y ex parejas.

En dos de los casos locales había antecedentes de violencia intrafamiliar (VIF) y en uno incluso el culpable tenía orden de alejamiento y una detención pendiente por 39 días por no cumplir esa misma disposición (ver página 7). Es decir, no se trata de hechos ocurridos por una situación al azar, sino fruto de una historia de maltrato, frente a la cual las instituciones no funcionaron totalmente como se debía. A nivel nacional se calcula que un 30% de las fallecidas en estas circunstancias habían recurrido formalmente a la justicia.

El año pasado en el país hubo 2 crímenes de este tipo en Los Ríos y ahora la cifra fue superada. Además, en 2020 registran alzas significativas de denuncias por VIF. Entre enero y marzo hubo 625 registradas en 2019 y 713 este año; el segundo trimestre fueron 615 (2019) y ahora 599; mientras que en el último período informado se recibieron 621 casos el año pasado y 695 en el actual; de acuerdo a datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

La subida en la cifra habla también de mayor capacidad para hacer público lo que sucede, pero sin duda que las personas que viven estas duras realidades requieren un constante apoyo, más aún en el actual contexto y sobre todo si ya han solicitado ayuda a las instancias oficiales correspondientes.

El tema es pertinente siempre, pero especialmente ahora que se acerca el 25 de noviembre, día de la no violencia contra la mujer, en el cual se recuerdan también todos los compromisos internacionales que se han firmado para erradicar este problema, que es una pandemia -tal como ha señalado la Onu desde 2016- tan grave, pero aún más permanente, que la vivida por el coronavirus.

El sector forestal y toda su cadena productiva no han estado ajenos al impacto de la pandemia por covid-19; incluyendo su entorno social, ambiental y político. Se ha experimentado restricción al libre desplazamiento para el desempeño laboral, disminución de las exportaciones, merma en las inversiones, entre otros efectos. Lo anterior, ha traído consecuencias la disminución de la demanda de trabajo o el ajuste de labores con efecto en los ingresos y, en algunos casos, lamentablemente, la quiebra de empresas.

En los aspectos ambientales, y derivado de la menor intensidad de uso del recurso (bosque y suelo), se podría esperar menor degradación en los suelos, cursos de agua o paisajes ante la merma en el uso y extracción desde los bosques. En este aspecto, en contraposición a la visión antropocéntrica, el efecto del covid-19 ha sido positivo sobre los servicios ecológicos que los bosques (plantados y nativos) generan y que aportan al bienestar de la sociedad. Tales ecosistemas forestales ven disminuida su intensidad de alteración y, por ello, siguen generando y resguardando sus bienes públicos ante la ausencia de disturbios.

Sin embargo, desde el punto de vista político, cuesta identificar cuál será la dirección de la respuesta derivada del covid-19 que este sector pudiese generar.

El sector forestal se presenta como un sector desarrollado (incluso consolidado), al menos a nivel empresarial, donde ciertas macro-cifras lo avalan. Es por ello que, ante la existencia de un mega-efecto, el sector pone a prueba la resistencia de su estructura (soportar presiones sin ser alterada), tanto en el corto plazo (2020-2021) como en el largo plazo (se proyecta una década al menos). Lo anterior constituye una mirada tradicionalmente incompleta de un sector esencial para el crecimiento y desarrollo del país, donde no solo la resistencia sino que su capacidad de resiliencia deberían ser analizadas.

La resiliencia incorpora en su definición la capacidad para adaptarse a nuevos escenarios o a un entorno cambiante (algo altamente necesario a futuro). Dicha capacidad de adaptación debería ser evaluada y fomentada por una visión política sectorial moderna. Chile ya cuenta con una política forestal. Sin embargo, muchas voces de expertos y ciudadanos han fundamentado la necesidad de desarrollar un nuevo modelo. La pregunta es, entonces, completamente pertinente: ¿El sector forestal chileno saldrá desde este escenario más resiliente o tercamente resistente?

Instituto de Bosques y Sociedad, Fac. Cs. Forestales, Uach

Dr. Oscar Thiers E.