Con la pandemia han ganado terreno las herramientas de comunicación virtual, que permiten desde educación, hasta transacciones comerciales a distancia. Ello se ha traducido en mayores conexiones digitales e inclusión financiera.

Esta facilidad da movimiento a la economía y también aporta al desarrollo nacional. Chile, de acuerdo a la Comisión del Mercado Financiero (cmf.cl) es el país más bancarizado de Latinoamérica, con casi un 75% de la población relacionada, cifra que llega al 97% si se incluye otros actores del sistema como el retail.

Pero tras estas altas cifras también hay personas que presentan rezago en sus posibilidades de ahorro, emprendimiento, inversiones y crédito. Un estudio de País Digital y Accenture identificó a cinco a los grupos excluidos: mujeres (por informalidad laboral), migrantes (por falta de historial en el país), adultos mayores (por bajos recursos), sobre endeudados (por ingresos copados) y pequeñas empresas (por falta de respaldo). Es decir, precisamente, quienes requieren de mayor apoyo en la actualidad.

Ante este escenario se aconseja a las instituciones fomentar la Inclusión Financiera (de hecho es evidente la publicidad sobre flexibilización de condiciones de acceso que se puede ver en estos días), pero también acrecentar la educación, pues la mayoría de los chilenos se califica con nota inferior a 4.0 -en escala de 1 a 7- cuando se le pregunta por su nivel de entendimiento en esta área (Focus AGF).

Hablar al respecto ocupó parte de la agenda en octubre (es el Mes de la Educación Financiera cada año desde 2005) poniendo énfasis en los "gastos responsables". La idea de orientar es evitar morosidades e insolvencias en el largo plazo, considerando que el nivel de endeudamiento chileno alcanzó el récord de 74,5% durante 2019 (Banco Central). En Los Ríos, según un estudio de la Universidad San Sebastián, la cantidad de morosos ha crecido en 5,8% desde el año pasado a la fecha. Y un 34,2 % de los mayores de 18 años tiene compromisos que no puede pagar. A nivel nacional es 33,7%.

Claramente hay un desafío en esta área y, como en todos los que el covid-19 ha dejado planteados, obliga a lograr más inclusión y asegurar formación.

Con o sin cuarentena, el país no se detiene y hay necesidades que deben ser atendidas. Entre ellas me preocupa lo que pasa en materia de inclusión de las personas con discapacidad, así como el buen trato de nuestros adultos mayores.

En esa perspectiva es que hace un tiempo ingresé junto a un grupo de colegas, un proyecto de ley que, afortunadamente, hace unos días fue aprobado por unanimidad, que sanciona a quienes dificulten o impidan el acceso de adultos mayores y personas con discapacidad al servicio de transporte público remunerado de pasajeros.

A lo nuestro: El proyecto modifica la Ley de Tránsito incorporando en las infracciones gravísimas el que un conductor de transporte público lo ponga en movimiento o no lo detenga completamente cuando haya personas con discapacidad y/o adultos mayores que deseen subir o bajar. La sanción será una multa de 1.5 a 3.0 UTM, más 5 a 45 días de suspensión de licencia.

Asimismo, se considera infracción grave exigir a un pasajero el cumplimiento de requisitos o condiciones especiales, fuera de la ley, para acceder al transporte, con una sanción de 1 a 1,5 UTM.

Según INE, existen dos millones 606 mil 904 personas con discapacidad, lo que representa un 20% de la población. En tanto, según las proyecciones del Censo 2017, al 2019 se calculaban en 2 millones 26 mil 222 el número de adultos mayores, equivalente al 11,9% nacional, y al 2035 alcanzarán casi a 4 millones de personas, esto es, el 18,9%.

De ahí el impacto de proyectos como éste, que van haciéndose cargo de las diferencias de trato que aún subsisten a la hora de integrar a grupos vulnerables en aumento, en las cuestiones cotidianas de la vida.

Esta propuesta es también una forma concreta para que nos comprometamos de verdad con la inclusión. Hay que recordar que desde 2008 Chile adscribió a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a adoptar medidas para que éstas puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.

En el caso de los adultos mayores, se ratificó en 2017 la Convención Interamericana de los Derechos del Adulto Mayor, que les reconoce el derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal.

Bernardo Berger Fett

Diputado por Los Ríos.