Maltrato a personas mayores
El rápido y creciente aumento de personas mayores, ha despertado atención y preocupación por el maltrato del que son objeto, mayoritariamente de su núcleo familiar. Esto se traduce en maltrato físico, psicológico, abuso sexual, abuso patrimonial, negligencia y abandono, pero también existe el maltrato estructural o societario, aquel que ocurre desde y en las estructuras de la sociedad.
Uno de los tantos aspectos que contribuyen a estas conductas, son las actitudes y estereotipos negativos. Algunas de las ideas sobre este grupo etario, mencionan que con la edad pierden poder y control sobre sus vidas, así como la percepción de que se vuelven frágiles, débiles y dependientes.
Nuestro país, en el año 2017, ratificó y promulgó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Como sociedad debemos hacer nuestras las obligaciones que ella señala y contribuir a cambiar esa la imagen, para que sean vistas como personas con conocimiento, poder y experiencia, no sólo destinatarias de la beneficencia.
Sandra Acuña Esc. Trabajo Social U. de Las Américas
Aclaración
Quisiera aclarar que en una carta mía sobre problemas de compra (colchón), me refería a una prestigiosa empresa en Temuco. Y mi objetivo era pedir que pongan más tecnología en los colchones, ya que todo el mundo necesita dormir en algo lo más cómodo posible.
Marisa Holzapfel Ossa marisaholzapfel@gmail.com
Diez años
A diez años desde la enunciación de los Principios Rectores de Derechos Humanos de la ONU, las máximas autoridades de la organización, coinciden en que para reconstruir la sociedad post pandemia, los derechos de las personas deben ser el eje fundamental de la reestructuración social.
Según reportes de diferentes agencias de la ONU, la crisis sanitaria y sus consecuencias, han provocado la profundización de la pobreza, el aumento de las desigualdades, la discriminación estructural y han mostrado brechas en la protección de los derechos humanos.
Por ello, Naciones Unidas llama a los estados, a las organizaciones de la sociedad civil, a las empresas, al mundo académico y al resto de actores, a definir estrategias y tomar acciones decididas
A lo largo del siglo XX y XXI, las empresas han ido alcanzado cuotas de poder que ya superan en muchos casos a las de los gobiernos; actualmente el valor económico de las 10 multinacionales más importantes del mundo es comparable al producto interior bruto de los 180 países más pequeños del planeta.
Según datos del Pacto Global de Naciones Unidas, alrededor de un 91% de las empresas adheridas a la iniciativa cuentan con políticas o prácticas en materia de derechos humanos, y un 46% lleva a cabo formación para sus colaboradores, en la temática. A nivel gubernamental, solo hay 22 países en el mundo, entre los cuales se encuentra Chile, que cuentan con un Plan Nacional de Derechos Humanos, de un total de 193 países que forman parte de las Naciones Unidas, es decir, solo el 11% de estos han hecho esfuerzos por impulsar los Principios Rectores. A diez años de la definición de los Principios Rectores, aún queda mucho camino donde se requiere seguir avanzando.
Margarita Ducci Dir.Ej.Pacto Global Chile, ONU
Presupuesto estrecho
En Chile hay más de 186 mil niñas, niños y jóvenes fuera del sistema educativo, cifra que podría aumentar a más de 260 mil si no atendemos sus causas.
El Ministerio de Educación a través de la "mesa por la prevención de la deserción escolar" logró conformar 15 propuestas que apuntan a prevenir y hacerse cargo de esta realidad, pero tiene escaso presupuesto para combatir la exclusión educativa en 2021. La fórmula con la cual se calculan actualmente los pagos de subvención escolar está afectando sobremanera a más de 500 escuelas de jóvenes y adultos y de reingreso educativo.
Ella considera los meses de marzo, abril y mayo, y es injusta con las escuelas de jóvenes y adultos y de reingreso educativo. Esto porque en estas escuelas marzo es un mes de adaptación y no registra el promedio de asistencia. Proponemos entonces considerar abril, mayo y junio para estimar la subvención.
Lo segundo es definir plazos concretos para las comunidades educativas. Establecer como está ahora que los pagos de subvención en contexto pandemia se mantengan hasta que se extienda el estado de emergencia es ambiguo e inestable. Proponemos se abarque todo el año 2021.
Hay un proyecto al respecto y urge aprobarlo, pues la situación no da para más y se necesita que la ley que se apruebe atienda a las distintas realidades escolares de nuestro país. Que los establecimientos educativos jóvenes y adultos y los de reingreso sean una prioridad real.
Liliana Cortés Directora de Fundación Súmate
