Entre los múltiples efectos de la pandemia en la vida cotidiana, se cuenta el aumento de hechos y denuncias por discriminación relacionados con origen , discapacidad, género, edad, apariencia, desempeño laboral, entre otros.

Un caso particular viven las personas de la comunidad LGTBI, que han visto crecer las agresiones tanto dentro como fuera del hogar (38% según un sondeo del Movilh) y en Los Ríos, ya en marzo de 2020, las denuncias al respecto registraban un 11% de alza.

Si bien existe hace ocho años la Ley 20.609, todo indica que ella se ha hecho insuficiente para castigar este tipo de comportamientos y también para prevenirlos, algo que en tiempos de cuarentena se vuelve más necesario, por la obligada convivencia permanente, que ahonda situaciones pre existentes, como la intolerancia, el descuido y la no aceptación de otros y otras en su completa dimensión de vida.

Considerando estas realidades es que se tramita en el Congreso una reforma a esa normativa, también conocida como Ley Zamudio, añadiendo medidas que permitan reaccionar y reparar el daño; pero también evitar que ocurra y colaborar para que los entornos sean más seguros para todas las personas.

Además se busca modernizar mecanismos para pedir ayuda, pues muchas veces esta no se solicita, porque existe sesgo y prejuicio de parte de quienes deben gestionarla.

Desde organizaciones nacionales y regionales que trabajan con personas en situación de discapacidad, migrantes, mujeres, adultos mayores, privadas de libertad, de distinta orientación sexual y creencias; han apoyado estos cambios, para que también se visibilice las múltiples formas en que se da la exclusión, sobre todo la estructural, aquella producida cuando la organización del país (económica, legal, política) se articula sin considerar, arbitrariamente, las realidades de algunos grupos.

La solicitud es, entonces, para que se avance en la reforma de la ley y que se estimule un cambio cultural, a fin que la ciudadanía internalice que las dificultades no están en las múltiples diferencias entre individuos; su verdadera causante está en la discriminación que se construye socialmente frente a ellas.

Lograr que el Estado de Chile dé cobertura a los dispositivos digitales para el control de la glicemia en los niños que padecen Diabetes 1 o Melitus, es el objetivo que compartí con las gestoras y voceras de la campaña nacional "Sensor de Glucosa para todos".

Existe una realidad, invisibilizada por la pandemia, pero innegable. La diabetes infantil juvenil ha tenido un aumento explosivo en el mundo, la sitúa entre las dos patologías de mayor prevalencia en este grupo etáreo.

En Chile la cosa no es distinta y en menos de tres años pasó de 9 mil a 23 mil casos. Es una condición irreversible, de por vida, y su tratamiento, caro. Está incluida en las Garantías Universales de Salud, pero no cubre todo.

A fines de 2019, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa mía que buscaba dar una solución precisamente a la falta de cobertura de los sensores de glicemia digitales, incorporándolos a la canasta de prestaciones GES.

Fue aprobada pero debía ser evaluada por el Ministerio de Salud. Entretanto sobrevino la pandemia por Covid-19, y la cosa es que a la fecha esta decisión de efectivamente sumarlo a las prestaciones, no ha ocurrido.

Hemos conversado este tema con las representantes de esta agrupación, que están en la misma línea que nosotros, y hemos acordado acciones conjuntas para sensibilizar a la autoridad sobre la real urgencia de dar acceso a este dispositivo que ni Fonasa ni las isapres cubren.

Los sensores digitales permiten, mediante un monitoreo continuo, conocer la variación de la glicemia en todo momento, lo que es sumamente relevante para un adecuado control de esta enfermedad crónica, evitar las hipoglicemias y, con ello, la muerte.

Tecnologías de este tipo son aún más relevantes en realidades como las regiones donde no abundan los especialistas. Así, un sistema de monitoreo electrónico podría permitir a los pacientes contar con datos precisos, almacenarlos, compartirlos en línea para que sean más accesibles a los médicos.

Pero la mayoría de las personas no tiene los recursos para financiar 150 mil pesos al mes o más que es lo que cuestan estos sensores; de ahí la importancia de incorporarlos a las prestaciones GES antes que la Diabetes en Chile ponga en jaque la salud de la infancia.

Bernardo Berger Fett

Diputado