Participación en paz
La primera vez que voté, la disyuntiva era simple: Si o No. Afortunadamente, ganó la última opción. Más allá de los fetiches políticos a los que se echa mano con facilidad, referidos a la alegría y otras maravillas que nadie prometió, el proceso que permitió derrotar al dictador fue uno que estuvo atravesado por la idea -quijotesca, descabellada quizá- de llevarlo adelante apegados a la no violencia.
Creo que la mayoría del país que ese día votó valientemente tenía claro que el único camino posible era el pacífico, votando y apelando a la Democracia; esto es, confiamos en que la decisión popular tendría la suficiente fuerza para que el gobierno se viera obligado a aceptar el resultado.
Hoy cruzamos por una nueva disyuntiva. Elegir una Convención que nos proporcione un nuevo texto constitucional que nos represente a todos y todas. Y nuevamente aparecen amenazas, pretendiendo, primero, rechazar la posibilidad de darnos una nueva Constitución y, luego, subiéndose al proceso presentando candidatos a la Convención que antes vociferaron calamidades para Chile si vencía el Apruebo.
Afortunadamente, el 80% de los votantes le dio un portazo a sus pretensiones de evitar este importante proceso. Lo mismo pasó con los partidos, de derecha e izquierda: el 80% quiere una Convención sin la intervención de los partidos.
El próximo 10 y 11 de abril se realizará la elección de Constituyentes, junto a la elección municipal y la de gobernadores. La única forma de asegurar que el proceso no se transforme en una farsa de la derecha y de la izquierda partidarias, que mantenga todo igual, es concurrir a votar en paz y masivamente para, nuevamente, manifestar con contundencia el deseo de la ciudadanía: una nueva Constitución que construya un Estado que cobije a todos y todas.
Si usted no vota, le entregará a los partidos, de izquierda y de derecha, la posibilidad de que confeccionen un traje a su medida, condenando a la mayoría a sufrir las consecuencias de la indiferencia de quienes, durante 30 años, gobernaron nuestro país mirándose el ombligo, indiferentes a las necesidades del pueblo. Vote, para que cambiemos Chile; vote, pacíficamente, demostrando civilidad. Vote, que no es sueño ni utopía, es Justicia.
Claudio Faúndez Becerra cfaundezbecerra@gmail.com
El agua
En Chile más del 80% del agua se destina a usos productivos, lo que deja a gran parte de los chilenos sin este servicio.
La ONU reconoce el acceso al agua como un derecho humano. La falta de ésta, tiene un efecto devastador en la salud, la dignidad y la prosperidad de las personas, y tiene consecuencias importantes para el ejercicio y respeto de otros derechos humanos.
Los Estados son responsables de proporcionar servicios de agua y los ciudadanos pueden reclamar sus derechos. Las autoridades de nuestro país deben garantizar el acceso a ella por igual y sin discriminación.
La actual Constitución reconoce los ríos y las aguas, que corren por cauces naturales, como de uso público, pero al mismo tiempo permite que los derechos de aprovechamiento estén en el comercio y por lo tanto sean vendibles. Esta contradicción produce efectos negativos para el interés de los chilenos.
La nueva Constitución debe reivindicar esta situación y el derecho al agua debe estar por sobre todo interés de mercado.
Ximena Sabat ximenasabatconstituyente@gmail.com
Riqueza en el mar
Chile cuenta con más de 4 mil kilómetros de costa, como pocos países en el mundo, y en ellos hay gran diversidad de ambientes, climas, flora y fauna, además de culturas conectadas, que hacen único a cada territorio único.
Pero la extracción humana de recursos se hace difícil, en especial para nuestros pescadores artesanales, quienes deben realizar un tremendo esfuerzo y despliegue, para lograr, muchas veces, una modesta gestión que les permita subsistir.
Actualmente el Estado ha intervenido sin mayor cautela, en normar la extracción del producto marino, y lo hace para evitar la explotación desmedida del recurso, como también aspirando a producir equidad entre los involucrados. Sin embargo, no siempre las decisiones verticales terminan siendo justas para los trabajadores artesanales del mar, por cuanto se exime de la discusión a los principales involucrados; y también se termina legislando para las ciudades costeras de mayor tamaño dedicadas al rubro, sin considerar las desventajas de los más pequeños disgregados en gran parte de la costa chilena.
En este sentido, la nueva Carta Fundamental debe abrir espacios en términos de incluir en su texto la posibilidad de que las decisiones sean consensuadas entre el Estado y los actores relevantes que trabajan día a día en el mar.
La idea es que la Constitución asegure que las leyes para este sector promuevan el desarrollo de una pesca artesanal, de acuerdo a las necesidades de cada espacio marítimo distinto. De lo contrario, se corre el grave riesgo de generar normativas injustas.
Y lo que queremos es un Estado al servicio de las personas.
María Angélica Fernández
