Esta semana conocimos un video donde el padre de una niña de Trafún Grande, en Panguipulli, debía permanecer bajo la lluvia, con su madre cubriéndola con un paraguas, para que pudiera hacer su tarea. Esto, cierta y lamentablemente, no es un caso aislado, pues se repite a lo largo del país y echa por tierra el discurso de la igualdad de oportunidades y desmitifica la idea de que todo el mundo tiene acceso a conectividad.
Algunos dirán que este es un problema tecnológico, de mercado o insuficiente inversión pública o privada. Pero esa explicación no resuelve el problema de fondo que es que hay niños y familias que no acceden a educación o a realizar trámites para postular a beneficios, solo porque "la señal no llega". ¿Quién es responsable de solucionar este tema: el gobierno central, el gobierno regional, los municipios, los parlamentarios, los empresarios? Nosotros creemos que la respuesta es más de fondo: todos somos responsables de que las políticas públicas lleguen a cada rincón de Chile, a todos sus habitantes. Si ello no ocurre, estamos siendo cómplices de una sociedad que avanza, a costa de dejar a muchos atrás.
Por eso cuando había quienes sostenían que una nueva Constitución en nada ayudaba a resolver los problemas cotidianos de las personas, nosotros decíamos que eso no era cierto. Que un nuevo pacto social que considere la diversidad regional, la ruralidad, las zonas rezagadas y, por cierto, la obligación de llegar a todas las chilenas y chilenos que lo necesitan, no puede aceptar que más niños deban seguir subiendo cerros, trepándose al techo de sus casas, tener que estar bajo la lluvia o usando el celular de sus padres, para poder tener clases telemáticas o hacer sus tareas.
El acceso a la conectividad digital dejó de ser un lujo hace años y hoy es una necesidad básica. La realidad de Chile cambió y debemos ser capaces de satisfacer las nuevas demandas. El pronto inicio del proceso constituyente permitirá cuestionarnos el actual rol subsidiario del Estado, donde no se garantiza la conectividad digital, pues ello está supeditado a la "mano invisible" del mercado. La nueva constitución, debe avanzar en consagrar un Estado de Derecho que materialice la igualdad de acceso a las nuevas necesidades básicas de nuestra sociedad.
Nuestra región debe actuar para incluir efectivamente a todos quienes siguen relegados de la modernidad. Por eso cuestionamos que el 5G se haya licitado pensando más en las empresas que en la gente. Porque no hay nada más importante que las personas.
"Nada en más importante que las personas. Y para fortalecer ese capital, los niños y niñas no pueden seguir haciendo sus tareas bajo la lluvia..."
