Redacción

Amenos de tres semanas de las elecciones municipales, de gobernadores regionales y convencionales constituyentes, sigue rondando la idea de postergar dichos comicios por el alto número de contagios nuevos de covid-19 que informa diariamente el Ministerio de Salud (Minsal).

En los últimos días el gobierno ha consultado a representantes de partidos oficialistas y de oposición sus opiniones ante la posibilidad de aplazar el proceso electoral, fijado para el 10 y 11 de abril, y entre los líderes sondeados el consenso es mayoritario en torno a que las fechas deben mantenerse, a menos que la pandemia alcance niveles críticos.

Ayer la discusión adquirió un nuevo matiz, luego que desde el gobierno y el parlamento surgieran voces disonantes respecto a si se trata de una decisión política o sanitaria.

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, aseguró que es el ejecutivo, a través de la autoridad sanitaria, quien debe resolver hasta qué punto puede seguir sosteniéndose la realización de las elecciones.

"Una decisión como esta es responsabilidad de la autoridad sanitaria y no una responsabilidad política. Acá no cabe el cálculo político, aquí lo que cabe es la opinión de los expertos y esta es una decisión sanitaria", sostuvo la legisladora de la Democracia Cristiana en conversación con radio Pauta.

Sin embargo, desde el gobierno aseguraron que una medida de estas características necesariamente debe pasar por el Congreso. Así lo manifestó el ministro de Salud, Enrique Paris, quien aseguró que la cartera no tiene atribuciones para suspender los comicios.

"Nosotros consultamos a diferentes abogados y el Ministerio de Salud no tiene esa potestad. Si bien la alerta sanitaria permite tomar algunas medidas como la misma cuarentena, no podemos tomar la medida nosotros de postergar la elección, ya que eso considera una ley, una reforma, y mientras está en funcionamiento el Congreso, es el Congreso el que tiene que conversar con el Ejecutivo para llegar a esa situación", dijo.

62% postergaría

El secretario de Estado hizo notar que el gobierno es partidario de mantener la fecha de las elecciones, "a no ser que hubiera una catástrofe", enfatizando que no es el Ejecutivo quien debe canalizar la inquietud. "Les pido que si va a ocurrir algún cambio, ese anuncio lo esperen desde la autoridad correspondiente", manifestó el ministro Paris.

De acuerdo a la última encuesta Cadem, el 62% de los consultados está de acuerdo con postergar el proceso electoral, al menos hasta que bajen las cifras de contagios.

Pese al recrudecimiento de la pandemia en las últimas semanas, que ha llevado al gobierno a decretar nuevos confinamientos, las expectativas de una recuperación económica durante 2021 se mantienen intactas. Sin embargo, el Ejecutivo advirtió que serán necesarios algunos ajustes en la política fiscal, para enfrentar el mayor gasto que ha significado la crisis para las arcas públicas.

Así lo hizo ver el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, durante el seminario "Nuevos vientos de la economía 2021" organizado por la Sofofa y la Universidad del Desarrollo.

En su exposición, el secretario de Estado ratificó su optimismo sobre el crecimiento del PIB, después de un 2020 marcado por la caída de 5,8%, la más pronunciada en casi 40 años.

"Hay buenas noticias, las proyecciones de crecimiento siguen aumentando, nosotros como gobierno nos mantenemos para 2021 con una proyección de 5%, esa es nuestra meta oficial pero, si bien, esa es nuestra meta oficial, nosotros estamos trabajando para que esto sea ojalá superior a esa cifra", dijo Cerda.

El titular de Hacienda repasó las principales medidas adoptadas por el gobierno para ayudar a las familias más afectadas por la crisis, como el Ingreso Familiar de Emergencia, los subsidios para el empleo y, en materia de pensiones, la extensión del Pilar Solidario al 80% de la población más vulnerable.

Rodrigo Cerda explicó que será necesario tomar medidas para garantizar el financiamiento de estos programas a través del ahorro y el perfeccionamiento de la regla de balance estructural. "Es importante que el sector público haga esfuerzos de austeridad, para ir financiando mucho de lo que hacemos hoy día", manifestó.

El secretario de Estado anunció que se le solicitará al Consejo Fiscal Autónomo, entidad que asesora técnicamente al gobierno respecto al manejo de la política fiscal, que proponga mejoras a la regla vigente. "Tal como entendemos que hoy día tenemos que ir en ayuda de nuestros compatriotas, entendemos también que el día de mañana necesitamos instituciones fiscales robustas", añadió Cerda.

El futuro judicial del senador Manuel José Ossandón (RN) seguirá en suspenso, al menos por unos días más, ya que la Corte de Apelaciones de San Miguel dejó "en estudio" la resolución sobre la solicitud presentada por la Fiscalía Oriente.

El Ministerio Público formalizó al parlamentario en agosto de 2020 por el posible delito de tráfico de influencias, acusándolo de ejercer presiones ante la Municipalidad de Pirque para favorecer a la empresa Cavilú SpA, vinculada a uno de sus hijos, en un negocio de extracción de áridos en el río Maipo.

El caso se inició con la denuncia del alcalde de Pirque y primo del parlamentario, Cristián Balmaceda.

Se esperaba que el tribunal resolviera este lunes la solicitud. Sin embargo, tras los alegatos de las partes, la jueza Carolina Vásquez anunció que estudiará los antecedentes para entregar una decisión en el plazo "más breve posible".

Según consignó La Tercera, durante la audiencia el fiscal Manuel Guerra argumentó que "el desafuero es meramente un antejuicio que tiene por finalidad privar al parlamentario de esta garantía procesal a efectos de poder enfrentar un proceso. No supone, el otorgamiento de desafuero, un juicio de culpabilidad. Pero a la inversa, el rechazo del desafuero, tiene como consecuencias el sobreseimiento definitivo de la causa".

El persecutor también afirmó que los hechos que se le imputan al legislador "forman parte de una cadena de actuaciones del senador destinada a favorecer los intereses de uno de sus hijos, el señor Nicolás Ossandón Lira".

En representación del alcalde de Pirque, querellante en la causa, expuso el abogado Francisco Cox, mientras que el abogado Marcelo Chandía lo hizo en nombre del Consejo de Defensa del Estado.

En defensa del senador Ossandón expuso el abogado Samuel Donoso, quien aseguró que las acciones descritas por la Fiscalía no pueden ser consideradas como "influencias" y que tampoco guardan relación con el cargo que actualmente ocupa en la cámara alta.

La Fiscalía aspira a lograr una condena de cuatro años de cárcel y la imposibilidad de postular a cargos públicos durante 10 años.

De acuerdo a lo señalado por el citado medio, no existe una fecha definida para la resolución, la que será comunicada por correo electrónico a los intervinientes.