Habilitan salas para entrevistar a menores víctimas de delitos
LOS RÍOS. En junio entrará en vigencia en la región la Ley 21.057 ("No me pregunten más") que busca facilitar la entrega de testimonios por parte de niños, niñas y adolescentes. El objetivo es evitar que el proceso penal se convierta en otra agresión para ellos.
A partir de junio de este año la manera en que se entrevista a un niño, una niña o un adolescente que ha sido víctima de delitos sexuales u otros delitos graves cambiará en la región de Los Ríos. Comenzará a ser implementada la Ley 21.057, que regula la realización de una entrevista investigativa videograbada y de una declaración judicial, cuando en los hechos se encuentran involucrados menores de edad. El objetivo es protegerlos, evitando que sean sometidos a una victimización secundaria al tener que relatar muchas veces lo ocurrido, mientras se desarrolla el proceso penal. Se persigue utilizar todos los medios posibles para prevenir que sufran consecuencias negativas al hacer la denuncia, durante la investigación y juicio.
Hoy se desarrollarán diversas actividades de coordinación enfocadas a preparar este cambio. A las 9.30 horas, por ejemplo, se realizará una sesión de la Mesa Penal Regional; mientras que a las 15 horas se hará una simulación de una declaración judicial. En ellas estarán involucradas todas las instituciones que forman parte del proceso, es decir, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la PDI, Carabineros, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia.
Esta ley se está implementado gradualmente en todo el país. En octubre de 2019 comenzó a ser aplicada en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Maule, Aysén y Magallanes y ahora es el turno de Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos.
Las faltantes se incorporarán en una tercera fase. Durante estos meses, se afinarán detalles locales.
¿Qué cambia?
Germán Olmedo, juez del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia y juez presidente de este tribunal, expresó que por largo tiempo han surgido informes nacionales e internacionales que han reconocido una situación de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes.
"El proceso penal, es decir la justicia penal, los había invisibilizado. Este proceso fue pensado por adultos y destinado para adultos, por lo tanto los niños habían tenido que lidiar con el trauma de ser víctimas sin que el sistema procesal penal garantizara plenamente su protección en su calidad de víctimas", dijo.
Y destacó que "hasta hoy teníamos a un niño que además de sufrir las consecuencias propias de un delito sufría consecuencias negativas al enfrentar una denuncia. Básicamente esto se daba frente al hecho de tener en más de una ocasión contacto con las instituciones que investigan y juzgan. Esto se generaba por las innumerables declaraciones y diligencias a las que debía exponerse".
En promedio, un menor de edad debía relatar lo sucedido en al menos cinco ocasiones. Primero al hacer la denuncia, luego ante el Ministerio Público, después ante un perito que lo examinaba en credibilidad, luego al concurrir al Servicio Médico Legal en caso de que se requiriera y, posteriormente, debía hablar ante los tribunales.
E incluso podían ser más ocasiones, por ejemplo, si el