juicio era anulado. A contar de junio de este año los niños de Los Ríos sólo relatarán lo ocurrido dos veces, durante la entrevista videograbada y la declaración judicial.

Olmedo explica que "habrá una entrevista que se dará en una sede de investigación ante profesionales que están capacitados para ello. Se trata de fiscales, profesionales de la Unidad de Atención de la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, abogados, policías o funcionarios del Ministerio del Interior preparados. Esta es la denominada entrevista investigativa videograbada", detalló.

Se realizará en un contexto protegido, será grabada en video y solo estarán presentes el entrevistador y el entrevistado en una sala especial y acomodada pensando en los menores. Ese registro quedará guardado.

Declaración judicial

La segunda entrevista se denomina declaración judicial, será en tribunales y mediante un intermediario capacitado.

El juez detalló que "esta declaración se presta en el juicio. El niño estará en una sala protegida, anexa al tribunal, junto al intermediario; mientras que en otra sala estarán los jueces, el fiscal y el defensor. La declaración estará siendo grabada y reproducida en tiempo real a través de un sistema de video conferencia para la otra sala.

El interrogatorio se ejecutará a través del intermediario, quien actuará como filtro para que las preguntas que estarán haciendo los intervinientes se ajusten a la condición del niño sin afectar su dignidad ni hacerlo sufrir. Por ejemplo, si el fiscal pide que le pregunten a un pequeño de cinco años cuándo fue la última vez que tuvo contacto con el acusado por abuso sexual, el intermediario reformulará la pregunta pensando en el desarrollo etario del niño", detalló.

Estas declaraciones no deberían exceder un tiempo superior a tres veces la edad del menor. Por ejemplo, si tiene cinco o seis años, no debería superar los 20 minutos; si tiene 15 años, no podría superar los 45 minutos. Además, no se podrán difundir -por ejemplo en los medios de comunicación- citas textuales de la declaración del niño ni informaciones que indiquen su identidad, bajo riesgo de sanciones penales.

Segunda etapa

La primera etapa de implementación de esta ley comenzó en octubre de 2019. Los Ríos debía iniciar un año después, en octubre de 2020, sin embargo debido a la pandemia, se aplazó. Nora Rosati, jueza del Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago y coordinadora de la implementación de la Ley 21.057 en el Poder Judicial, contó que "el aplazamiento se hizo a través de un proyecto de ley, cuando vimos que esta pandemia mundial no nos daba tregua. El objetivo era hacer varias cosas, por ejemplo, modificar el protocolo y reglamento de la ley para que se pudiera preparar a los entrevistadores acreditados a través de cursos por plataformas virtuales. La ley tenía que avanzar y entrar en vigencia sí o sí, por lo que había que hacer modificaciones necesarias".

Rosati evaluó de buena manera la implementación de la primera etapa. "A pesar de que las regiones que partieron en octubre de 2019 han tenido circunstancias bastante inusuales, como el estallido social y las restricciones sanitarias por la pandemia, esta implementación ha sido posible de hacer. Se han podido instalar los equipamientos tecnológicos necesarios, las salas y se han preparado los entrevistadores intermediarios acreditados. El hecho de que las circunstancias sean más difíciles no ha significado retroceso, sino que todo lo contrario", explicó. Para esta segunda etapa el desafío será profundizar y perfeccionar las coordinaciones entre las instituciones participantes para mantener la cobertura.

Y agregó: "Hace más de 15 años que tenemos nuestro Código Procesal Penal y este ha sido el cambio más radical".

3 de octubre de 2019 comenzó a ser aplicada esta nueva ley ("No me pregunten más") en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Maule, Aysén y Magallanes, en una primera etapa.

6 regiones se unirán en junio de este año a las que ya comenzaron a implementar los cambios. Se trata de Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos.

9 salas tendrá Los Ríos para desarrollar para llevar a cabo las entrevistas videograbadas y declaraciones judiciales (cuatro de la Fiscalía, cuatro del Poder Judicial y una de la PDI),

El 3 de junio próximo entrará en vigencia en nuestra región la Ley 21.057 sobre Entrevista Investigativa Videograbada, normativa de trascendencia para la protección a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de delitos sexuales u otros delitos graves, ya que incorpora cambios tanto en la etapa de denuncia como en la de investigación y en el posterior juicio oral, que tienen como finalidad prevenir su victimización secundaria, considerando su especial vulnerabilidad.

Esta ley implica un cambio de paradigma tanto para las instituciones del Estado que forman parte del sistema de justicia penal como también para la comunidad, pues apunta a evitar que durante su participación en el proceso penal, las y los menores de edad relaten una y otra vez los hechos que les afectaron, por la revictimización que trae aparejada el recuerdo de un hecho traumático.

El relato ahora será obtenido por medio de una diligencia de investigación denominada entrevista investigativa videograbada, la que es decretada por un fiscal, llevada a cabo por profesionales con formación especializada y la debida acreditación, con proximidad a la denuncia y en salas especialmente acondicionadas para ello, que cuentan con circuito cerrado de televisión que permite el registro audiovisual.

La utilización de esta metodología permitirá además, obtener un relato de calidad, base para desarrollar la investigación penal.

Asimismo, la ley contempla que la declaración durante el juicio oral se lleve a cabo en una sala especial y ante un intermediador, también con formación especializada y acreditación.

Uno de los aspectos más importantes de esta ley es el trabajo interinstitucional coordinado que han tenido fiscales, jueces y policías, aunando esfuerzos para poner en marcha esta normativa en la región en pos del objetivo en común que es evitar la revictimización de niños, niñas y adolescentes.

"Implica un cambio de paradigma tanto para las instituciones del Estado que forman parte del sistema de justicia penal como también para la comunidad".

"La utilización de esta metodología permitirá además, obtener un relato de calidad, base para la investigación".

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