Un impulso significativo al desarrollo de proyectos científicos regionales es la asignación de recursos a través del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), herramienta que entrega el Consejo Regional (Core) cada año, en el marco de una política nacional iniciada en 2006 y en concordancia con la propuesta Regional de Innovación vigente entre 2016 y 2019.

El FIC es una vía de financiamiento estatal para investigación y puesta en marcha de iniciativas vinculadas -entre muchas- a áreas como la agricultura y la alimentación; pesca y acuicultura; turismo y el desarrollo rural; además de la salud.

El respaldo a esta última categoría ha sido especialmente importante en los últimos dos años y ha permitido avanzar en ideas para enfrentar el coronavirus, como una plataforma de gestión epidemiológica; el desarrollo de test de detección rápida; el tratamiento con plasma convaleciente y la generación de nano anticuerpos a través de alpacas.

El Fondo ha crecido en recursos y cobertura. En 2019 marcó el hito de llegar a mil millones de pesos y financiar 12 proyectos; en 2020 la asignación fue de $1.300 millones para catorce propuestas y este 2021 fueron aprobados $1.242 millones, repartidos en nueve ideas y la creación de un Concurso Regional ($742 millones), para postulación de otras que requieran menor cantidad de dinero. En total se podría llegar a 15 aportes en ciencia y fomento productivo.

Las recientes asignaciones fueron dadas a conocer el jueves y en especial se destacó la ayuda local para trabajos que no han tenido eco suficiente en instancias ministeriales, pese a su alcance nacional. Tal indiferencia es perjudicial, claramente. Sin embargo, puede entenderse en parte por los escasos presupuestos generales del país para la Ciencia; pero también por el centralismo que impide mirar hacia las propuestas de las regiones, aunque exista voluntad para ello.

En tal contexto es que resulta relevante la opción política de Los Ríos por esta área; algo que, sin dudas, debería fortalecerse cuando asuma el nuevo Gobernador Regional, quien tendrá entre sus deberes elaborar y aprobar la Política Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo.

Hace unas semanas el Ministerio de Salud emitió el Oficio Ordinario B10 N°1047, donde se instruía que en condiciones de impedimento de movilidad por cuarentena de un trabajador, por ser contacto estrecho, o ser positivo o sencillamente por prevención, la licencia médica podía suspenderse y practicar teletrabajo si así se "acordase con el empleador". En aquel instante dijimos con meridiana claridad, alto y fuerte, que aún en Estado de Excepción, los derechos laborales de los trabajadores no pueden ser anulados por un acto administrativo de la autoridad sanitaria, sino que deben ser respetados tal y como lo estipula una Ley de la República, especialmente por protección social y por salud física y mental del trabajador.

Todos entendemos que cuando una persona se ve impedida de trabajar por una condición sanitaria reconocida y que genere restricción de movilidad, se requiere la consabida licencia médica sin más condición que la responsabilidad profesional y ética del facultativo que la otorga. En situación de Pandemia, se debatió particularmente este asunto quedando claro que de requerirse aislamiento por motivos sanitarios, debía aplicarse este derecho sin que signifique sobrecarga económica y emocional para el trabajador o su empleador. Debía ser responsabilidad del Estado resolver y no dejar a ambos en una situación de desmedro, indefinición o injusticia.

Dicho esto, y a tres semanas de este instructivo, la Contraloría General de la República, nuevamente ha dado una lección de legalidad al Minsal al declarar con meridiana precisión que el Ministerio de Salud no tiene ninguna atribución ni normativa que lo avale respecto de alterar los derechos laborales de trabajadores(as) ni tampoco de la supervigilancia de ellos, ya que eso corresponde a la Superintendencia de Seguridad Social. En este contexto, este instructivo del Minsal no solo ha sido un acto ilegal, sino que también ha sido contrario del objeto de una cuarentena preventiva.

Cuidado con lo que hace en situaciones críticas como la que estamos viviendo. Se requiere poner en práctica las mejores capacidades y no seguir dando "palos de ciego".

La autoridad en todo momento debe defender el resguardo y derecho de las personas y eso no requiere ni siquiera debate; no obstante parece que hay que recordarlo de tanto en tanto.

Iván Flores García

Diputado