Conexiones 5G para zonas rurales
Las empresas que ganaron la licitación para la nueva tecnología digital, deberán dar cobertura en áreas "obligatorias". En Los Ríos, según un comunicado entregado desde la secretaría de Transportes, habrá 205 antenas y el alcance debe incluir 12 localidades que hoy no conectadas.
En febrero pasado se dieron a conocer los resultados del proceso nacional de licitación para la tecnología 5G, el cual logró recaudar 453 millones de dólares para el Estado y fue adjudicado a las empresas Movistar, Entel y Wom. Ahora, ellas tendrán la misión de instalar antenas e infraestructura en el territorio nacional, para brindar los servicios de esa nueva herramienta de telecomunicaciones.
En términos muy simples, "5G" significa quinta generación de tecnología celular, e implica más cobertura, velocidad y estabilidad en las redes. A través de ella debiera mejorar tanto el contacto entre personas, como conexiones estables entre aparatos electrónicos. Lo que llaman "el internet de las cosas".
De acuerdo al contrato licitado, las empresas ganadoras tienen un plazo de dos años para llegar a un 90% de la población chilena y deben cumplir con contraprestaciones que las obligan a atender centros de salud, hospitales, aeropuertos, universidades; pero también a sectores rurales. Es decir, garantizar servicios en lugares que, en otras circunstancias, demandarían inversiones con poco retorno.
Estas disposiciones legales son muy relevantes, sobre todo tras conocer las enormes brechas digitales que ha dejado en evidencia la pandemia, con sus urgentes necesidades de educación a distancia, teletrabajo y emprendimiento.
En Los Ríos, según un comunicado entregado desde la secretaría de Transportes, habrá 205 antenas y el alcance debe incluir 12 localidades que hoy no cuentan con ello: Santa Rosa, Itropulli, Nueva Esperanza, Puringue Pobre, Panguinilahue, Pichico, Comunidad Vicente Reinahuel (Trafun Chico), Purey, Cumuleufu, Cadillal Alto - Cadillal Bajo, Cudico y Rucaco.
Sin duda estos anuncios son importantes; pero deben venir acompañados de las adecuadas fiscalizaciones, como también de la habilitación práctica de implementos para que las personas de áreas "obligatorias" puedan usar esos beneficios. Ayudar a renovar celulares, por ejemplo, sería importante, pues los aparatos adecuados aún son costosos y no todas las personas pueden o podrán costearlos; menos aún en un contexto económico de post crisis sanitaria.
Puede parecer un detalle menor, pero -a veces- las dificultades más sencillas para algunos representan grandes barreras para otros.