Tras las elecciones realizadas ayer, comienza un nuevo período para la administración del país y de la región. No habrá más intendentes y el Gobierno Regional tendrá ahora como cabeza al Gobernador, una figura con representación pública que liderará los procesos de desarrollo y planeación.

La nueva primera autoridad asumirá el 14 de julio. En Los Ríos se integrará como presidente a un Consejo Regional ya establecido, con catorce miembros: seis representantes de la actual oposición; cinco de la línea oficialista actual y tres independientes. Trabajará también con un delegado del Presidente Piñera (todo indicaría continuidad de César Asenjo en esa labor) y se encontrará con dos senadores (Udi-PS) y cinco diputados (dos independientes, un UDi, un PS y un DC).

Todas esas figuras políticas cambiarán en marzo de 2022 y habrá tanto renovación de rostros como de equilibrios, según determinen los resultados de las elecciones del 21 de noviembre próximo (Presidencia, Congreso, Core), donde la región -además- sumará un tercer senador o senadora, de acuerdo a la reforma del sistema binominal vigente desde 2015.

Los que sí seguirán por los próximos cuatro años serán los 74 concejales y los 12 alcaldes recientemente electos en mayo, quienes integran gobiernos comunales de distinto signo: tres absolutamente independientes; cinco de oposición y cuatro oficialistas. Con ellos, en especial, la Gobernación Regional deberá estructurar profundas alianza de cooperación, pues la planificación territorial de largo plazo debe hacerse sin sesgos, de manera equitativa, participativa y con apoyo hacia aquellos municipios que más requieren de proyectos con financiamiento público.

Claramente, estos escenarios demandarán la capacidad de usar con inteligencia las atribuciones que se abrirán. Pero, por sobre todo, el desafío será que los actores locales logren acuerdos y pongan siempre en primer lugar los intereses de la región en su conjunto, por sobre los partidistas, las agendas parlamentarias y los afanes personales.

Si no se hace de esta manera y el conflicto vence a la buena convivencia, la eficacia del nuevo sistema será mínimo y la comunidad tendrá legítimo derecho a cuestionarlo o a desconfiar. Y nadie en Los Ríos puede permitir que algo así suceda.

La semana pasada, por fin logramos convencer al gobierno que las ayudas económicas a las personas deben ser lo más universales posible y de transferencia directa. Si bien no se logro la universalidad completa, pudimos aumentar de mucho mejor manera la cobertura y, en este contexto, ya no será como al principio donde solo el 40% más vulnerable, o después el 80% del Registro Social de Hogares recibiría ayuda. Ahora logramos el 100% del RSH.

Lo segundo logrado fue aumentar los montos; lo tercero fue que la modalidad y automaticidad con que van a ocurrir estos pagos, en el caso de familias que reciben por ejemplo la asignación familiar, la pensión básica solidaria u otros beneficios sociales incluyendo el IFE de abril y mayo, van a recibir las ayudas automáticamente sin necesidad de inscripción como era lo que había planteado en principio el Gobierno. Solo aquellas personas que no están en el RSH o no reciben otros beneficios van a tener que postular hasta mañana 15 de junio para poder recibir el ingreso de junio, pero igual pueden hacerlo para recibir el de julio, agosto y 50% en septiembre.

Por otra parte, desde la oposición estamos empeñados en que se concrete con más universalidad, facilidad y menos burocracia el apoyo a las Mipymes y tenemos dos proyectos en trámite: uno que otorga beneficios tributarios y otro de ayuda directa en dinero ya no a 300 mil Mipymes como propuso el gobierno, sino que logramos cubrir a 800 mil Mipymes. Tal como lo planteó la presidenta del Senado Yasna Provoste, comenzamos a transitar hacia una Agenda de Mínimos Comunes en términos de ayudas económicas y soporte sanitarios. Si bien es cierto, al principio apoyamos este proyecto para un pronto pago, debimos rechazarlo porque no estaban incluidos gremios y actividades que son importantes y que por tradición no todos tienen iniciación formal de actividades pero se registran y pagan derechos en otras instituciones, como es el caso de los feriantes, salones de belleza, peluquerías y afines o la pequeña agricultura.

Debemos quitarle burocracia y agilizar la institucionalidad pública para hacer la transferencia directa. En todo caso, esta semana de retraso en la tramitación legislativa que hubo producto de nuestro rechazo, podrá permitir la incorporación solidaria de cientos de miles de más Mipymes y provocar una mejor y mayor respuesta a Chile.

Iván Flores García Diputado