Participar fue un verbo poco conjugado entre los electores del país y la región este domingo, durante la segunda vuelta para definir a los gobernadores regionales. A nivel local, de un universo de 350.799 personas habilitadas, solamente concurrieron 73.999; un 21,09%. Suficiente, si se compara con el 19,62% nacional; pero bajísimo si se mira a otros procesos en la misma zona: 41, 29% (305.683) el 15 y 16 de mayo; el 45,6% del plebiscito de 2020.

Pese a ello, desde aquí se marcó la segunda mayor presencia a nivel nacional. En la Metropolitana hubo un 25,70% de votantes en las urnas; luego viene Los Ríos (21,09%) y en tercer lugar Arica y Parinacota, con 18,78%. Mucho más atrás las vecinas: La Araucanía 14.06% y Los Lagos, 12,77%.

Claramente, cifras que inquietan. Y, de algún modo, hacen entender las voces que se alzaron desde el mismo domingo en la noche, pidiendo devolver el voto obligatorio; apenas recordando la gran cantidad de discursos sobre la libertad que acompañó la lucha legislativa de 2012, para llegar a inscripción automática a los 18 años y voto voluntario.

Ese tema, sin duda, se tomará las agendas en las próximas semanas y hasta podría acelerar el proyecto respectivo que la Cámara de Diputados aprobó en general el 22 de mayo de 2021.

Mientras eso sucede a nivel parlamentario, es bueno reflexionar sobre los posibles mensajes para leer atrás de la alta abstención: ¿desinterés, castigo a la clase política, lejanía con la realidad inmediata, desorientación respecto del nuevo cargo, miedo al contagio de covid-19, demasiadas elecciones juntas? Difícil responder. Quizás un poco de todas las anteriores.

Por supuesto que la ausencia no deslegitima los resultados. Al contrario, porque quienes sí llegaron fueron los más interesados. Pero hay que hacerse cargo de que existe un alto grado de población desinformada acerca de la real importancia de este paso, el cual nunca fue un fin en sí mismo, sino el inicio de una ruta hacia la descentralización.

Así vista la situación, una de las muchas tareas que vienen es difundir con más claridad lo ocurrido y trabajar con muchos actores, transversalmente, para que esos cambios sí sean entendidos y que se noten a mediano plazo en la vida cotidiana de las personas.

Promover en los municipios la adopción de políticas innovadoras en la gestión ambiental de los residuos domiciliarios, es el norte del proyecto de ley que presenté hace pocos días junto a algunos colegas del Congreso.

Y es que Chile, en el contexto sudamericano, es el país que genera la mayor cantidad de basura per cápita. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, cada persona produce 1,26 kilos de residuos diarios, lo que equivale a 8,1 millones de toneladas anuales. Ello plantea desafíos urgentes, tales como la reducción de los volúmenes que llegan a vertederos, la reutilización de desechos, prevenir impactos ambientales y sanitarios, y la rentabilización del servicio. Algo de eso ya hay. En los últimos años se ha venido adoptando una serie de medidas para reducir el impacto de la contaminación por basura, como por ejemplo la eliminación de bolsas plásticas, o los planes de descarbonización .

También hay experiencias innovadoras en algunos municipios, pero éstos, que son quienes tienen por defecto la responsabilidad de la gestión y disposición de residuos, no cuentan con herramientas legales que les permitan ir más allá de la obligación básica.

De ahí que la propuesta que ingresamos apunta hacia ir ampliando el actual marco normativo para que los municipios puedan ejercer una suerte de industria del reciclaje, aprovechando las grandes oportunidades que esta materia puede ofrecer, pero que hoy se ven seriamente limitadas por la falta de espacio para innovar.

Cualquier cambio en esta línea debe incluir incentivos que fomenten y fortalezcan las políticas de manejo inteligente de residuos, y en esto hay ejemplo en decenas de ciudades en el mundo que, a partir de la gestión de su basura, generan energía, calefacción, venta de bonos de carbono y recursos frescos para las arcas comunales que luego se reinvierten en beneficio de la propia comunidad.

La iniciativa propone modificar para ello la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades incorporando un nuevo inciso para que, sea el municipio o el Gobierno Regional quien tenga a cargo la tarea, la reglamente su gestión con miras a sostener políticas de innovación, evaluar anualmente la eficiencia del manejo de residuos, escombros u otros desechos; monitorear el impacto ambiental en la comuna, y fortalecer estrategias educativas.

Bernardo Berger Fett Diputado