Hace una semana, la Comisión Mixta de Educación rechazó en el Congreso el proyecto que establecía al nivel de kínder como curso obligatorio en la educación chilena. La decisión de los parlamentarios causó polémica y los expertos en la materia han lamentado la falta de acuerdos, reiterando un mensaje repetido hace más de diez años: es urgente dar prioridad a la educación inicial, única vía capaz de disminuir brechas educacionales.

Actualmente, en casi todas las escuelas públicas y colegios particulares hay pre-básica; además, los jardines infantiles tienen grupos de transición de segundo nivel para niños de 5 años de edad -en la región, por ejemplo hay 408 establecimientos en total que ofrecen estos cursos-, pero todavía no es una obligación familiar formal que los niños y niñas asistan a ellos. Y ahí comienza el problema, con altos niveles de inasistencia.

Antes de la pandemia, se calculaba que solamente un 75% de los párvulos del país iba todos los días al jardín infantil; pero en Los Ríos ese índice llegaba a un 58%, el más preocupante de Chile.

El ausentismo parvulario se produce mayoritariamente con pequeños de sectores más vulnerables y tiene consecuencias: limita la oportunidad de estímulo cognitivo, juego, aprendizaje y socialización temprana. Luego, eso se traduce en dispares condiciones de llegada al primero básico; desigualdades de aprendizaje de lectoescritura y otras consecuencias en la vida escolar posterior, como lo muestran las pruebas, Simce, Pisa y hasta la PTU.

Más allá de las estadísticas, que pueden gustar o no, hay consenso en que la tarea de "emparejar la cancha" parte en los primeros años de vida y así lo han planteado investigadores, educadores y organizaciones como Educación 2020, que incluso aconseja la obligatoriedad de pre-kinder y kínder, para que tanto los padres como el Estado tengan el deber, y no solamente la voluntad, de garantizar este derecho.

El tema en discusión lleva varios años en el Congreso. En 2013 comenzó con una reforma constitucional; en 2019 logró avances y ahora, enfrenta retrocesos. Es de esperar que el trámite legislativo que siga se realice con argumentos técnicos y los ojos puestos en lo mejor para niños y niñas.

Ayudar a miles de familias a regularizar la construcción de sus viviendas a través de una nueva extensión del plazo para acogerse a la denominada "Ley del Mono", es el objetivo que persigue el proyecto que ingresé a tramitación junto a mi colega y coautora, Francesca Muñoz. Lo que sucede es lo siguiente. El año 2016, la Ley N°20.898 estableció que los propietarios de viviendas de autoconstrucción, o que se hayan construido con o sin permiso de edificación y que no cuenten con una recepción definitiva, podrían regularizar su situación por espacio de tres años mediante el procedimiento simplificado conocido comúnmente como la Ley del Mono, que cada cierto tiempo volvemos a poner en vigencia por lo práctico y sencillo que ha resultado su uso.

En 2019, y pensando en dar un alivio a los propietarios con regularizaciones pendientes, modificamos ese plazo de tres años fijado en 2016 y lo extendimos ahora a seis años, es decir, hasta el 2022. Sin embargo, el estallido social primero y luego la pandemia por Covid-19, hizo que los seis años se volvieran insuficientes para que la población pudiera acceder al beneficio antes que caduque. De ahí que el proyecto presentado por nosotros precisamente vuelve a extender el plazo para regularizar por esta vía por otros tres años, totalizando 9, hasta el 2025.

Así las cosas, aquí lo relevante: esta modificación, que en definitiva extiende de seis a 9 años el plazo para regularizar la construcción de viviendas bajo la Ley del Mono, va a ayudar a miles de familias que hoy se han visto complicadas por las dificultades propias de la pandemia, pero que tienen el ánimo de tener los papeles de sus casas en orden.

¿Y por qué es importante ordenar los papeles de la casa? Porque no tener regularizada una propiedad significa una serie de problemas, como por ejemplo no poder postular a subsidios estatales y beneficios, o no poder vender esa propiedad en caso de apuro, gusto o necesidad.

Pero además, hemos incluido bajo este proyecto otro tipo de propiedades: específicamente, las organizaciones cuyos inmuebles cobijan actividades sociales, comunitarias, deportivas y religiosas, también podrán hacer uso del beneficio, para que puedan obtener con más holgura sus permisos de edificación y recepción definitiva, dentro de la extensión de plazo que estamos proponiendo.

Bernardo Berger Fett

Diputado