Demandan al Estado de Chile por desplazamientos forzados a ex trabajadores de Cofomap
EXIGEN REPARACIÓN. La acción judicial es encabezada por agrupaciones de pobladores y ex trabajadores del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli.
Un conjunto de agrupaciones conformadas por pobladores y ex trabajadores del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (Cofomap) iniciaron una demanda contra el Estado de Chile por lo que califican como "desplazamiento forzado" desde los territorios de dicha empresa estatal durante la dictadura militar.
La acción judicial fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Valdivia, y el objetivo es exigir compensaciones que permitan reparar los "crímenes de lesa humanidad en que incurrió el Estado de Chile durante la dictadura cívico militar", explicó el abogado patrocinante, Vladimir Riesco.
La demanda fue presentada por cinco agrupaciones: Corporación Entre Lagos y Montañas de Puñir Releco; Corporación Pobladores Históricos de la Cordillera de Futrono; Corporación Raíces Ancestrales de Enco; Corporación Raíces de Toledo; y la Corporación Pirihueico.
Declaración pública
A través de una declaración pública, las agrupaciones demandantes explicaron en primer lugar que "el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli fue una empresa estatal creada en 1971 por medio de la expropiación y control de trabajadores madereros de 21 grandes fundos en la precordillera de la actual región de Los Ríos. Este espacio abarcó 400 mil hectáreas de terreno estatal en las comunas de Futrono, Panguipulli, Lago Ranco y Los Lagos, donde llegamos a vivir cerca de 20 mil personas según registros históricos de la época".
"Posterior al golpe de Estado los 21 fundos fueron ocupados por fuerzas militares con la excusa de que en la zona existían grupos terroristas que respondían a la idea de enemigo interno instalada por el régimen y medios de comunicación serviles a las fuerzas armadas. Lo que desencadenó asesinatos y todo tipo de vejámenes contra personas que por su ideología política fueron exterminadas por el aparato dictatorial", agregan.
El documento añade que: "En paralelo, se desencadenaron persecuciones políticas, torturas, prohibiciones de diferente tipo para llevar nuestra vida, limitaciones para desplazarnos, formas de explotación, en definitiva, de llevar nuestra vida cotidiana por el constante asedio que se nos impuso. Algunas personas huimos para encontrar refugio en diferentes lugares del país para mantenernos vivas, y otras, soportamos el terror en el territorio hasta que fuimos desalojadas a los deslindes del Complejo".
Y complementan: "Lo anterior se constituye como casos de desplazamiento forzado considerados internacionalmente como crímenes de lesa humanidad que ejercen los Estados de excepción y sobre lo cual Chile ha suscrito tratados en defensa de los derechos humanos. Estos casos han sido invisibilizados por el Estado y, por lo tanto, se nos priva del derecho a la reparación".