Piñera dice que no participó ni tuvo información sobre venta de Dominga
INVESTIGACIÓN. Pandora Papers reveló que la familia Piñera-Morel traspasó sus acciones de la minera a la de su amigo Carlos Alberto Délano (caso Penta), con la condición de no haber cambios regulatorios que impidan la instalación de la faena al lado de una reserva natural. La venta en Chile fue por US$14 millones y se selló en Islas Vírgenes Británicas por otros US$138 millones, según la publicación.
La Moneda afirmó ayer que el Presidente Sebastián Piñera "nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga", realizado en 2010. "Ya no tenía ninguna participación en la administración de esas empresas", señaló el Gobierno en respuesta a la publicación de Pandora Papers, una investigación internacional que reveló cómo más de un centenar de líderes y figuras mundiales, desde jefes de Estado hasta cantantes, ha creado sociedades en paraísos fiscales para evadir impuestos y las normativas de cada país (ver artículo de página de Mundo).
Más de 600 periodistas de casi 120 países trabajaron en Pandora Papers, coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que en 2016 publicó Panama Papers dando cuenta de cuantiosas inversiones en Islas Vírgenes mediante la creación de empresas ficticias por parte de numerosos empresarios y políticos, quienes evadían impuestos en sus países.
Reporteros de medios como The Guardian, en Reino Unido, o The Washington Post en Estados Unidos participaron de esta investigación, que en Chile quedó cargo de Ciper durante casi dos años, periodo en el que fueron revisados contratos, boletas y ventas de acciones junto a noticias financieras y políticas. En total, se revisaron 11,9 millones de documentos.
El acápite chileno sostiene que el Presidente cerró en Islas Vírgenes Británicas la venta de Minera Dominga a su amigo Carlos Alberto Délano (condenado a clases de ética por el caso Penta), quien en 2010, es decir, cuando Piñera ya lideraba La Moneda, pagó US$152 millones. A esto se suma la aprobación en agosto pasado del proyecto que busca extraer hierro y cobre, pese a su cercanía con el Archipiélago Humboldt, uno de los ecosistemas más diversos del mundo y reserva de la especie de pingüino homónima.
A horas de la publicación del reporte internacional, el Gobierno envió un comunicado afirmando que "los hechos mencionados respecto de la venta de Minera Dominga ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los tribunales de Justicia durante 2017, y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del Presidente en la mencionada operación".
La decisión de la Fiscalía fue "ratificada unánimemente" por las cortes de Apelaciones y Suprema, agregó La Moneda, sumado a que "el Presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Dominga, operación que se produjo en el año 2010, cuando el Mandatario ya no tenía ninguna participación en la administración de esas empresas".
El Ejecutivo, asimismo, destacó que Piñera ha "pagado todos y cada uno de los impuestos que por dichas inversiones resultaban exigibles en Chile", además que desde 2018, año en que asumió por segunda vez la Presidencia, sus activos financieros "se encuentran administrados en fideicomisos ciegos, lo que implica que el Mandatario no conoce las inversiones realizadas".
"Toda afirmación contraria a lo recién mencionado no corresponde a la verdad", afirmó el Gobierno en momentos en que The Washington Post titulaba su edición con Pandora Papers y una fotografía de Piñera.
Cierre del negocio
La investigación internacional señaló que las sociedades de la familia Piñera-Morel y de la familia Délano reunían el 56% de las acciones de Dominga, siendo el 33% de FIP Mediterráneo (familia Piñera-Morel). Esta situación se mantuvo hasta diciembre de 2010, cuando Délano compró todo por US$152 millones.
La primera parte de la transacción fue hecha en nuestro país por US$14 millones, mientras que los US$138 millones restantes, 10 veces el monto en Chile, se concretaron en las Islas Vírgenes Británicas, según el ICIJ.
Allí, además, se firmó un documento que establecía el pago en tres cuotas y, para cumplirse la última, no tenían que haber cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto, proyecto que fue rechazado por normativa ambiental en 2017, por el Gobierno de Michelle Bachelet, pero reactivado en agosto del año pasado.
La indagación cobra especial relevancia en Latinoamérica, donde cada año las evasiones tributarias bordean los US$300.000 millones, de acuerdo con datos de la Cepal.