Por tercera vez en esta semana, ayer en la madrugada ocurrió un nuevo hecho de violencia en la Macrozona Sur: se trató de un ataque de desconocidos que dejó dos casas reducidas a cenizas, además de registrarse el robo de maquinaria agrícola- en la comuna de Lautaro.

Justamente allí, en la Provincia de Cautín, junto a Malleco -en la misma Región de La Araucanía-, Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, entró en vigor el estado de excepción constitucional que el Presidente Sebastián Piñera decretó con el objetivo de abordar con apoyo de las Fuerzas Armadas la compleja situación de violencia en la zona, particularmente el tráfico de armas, drogas y los ataques terroristas.

El estado de emergencia se prolongará durante los próximos 15 días, con la posibilidad de que puedan prorrogarse por otros 15 más.

SIN TOQUE DE QUEDA

En plena Macrozona, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dio arranque a la medida asegurando que las Fuerzas Armadas no cumplirán roles policiales "ni pueden hacer acciones directas o autónomas", sino que acompañarán procedimientos policiales en las comunas que caben dentro de la medida. "No pueden participar directamente el operativo, sino que lo blindan y colaboran para que las policías puedan ejecutar esa labor", detalló.

El secretario de Estado acompañó una reunión de coordinación in situ en la comuna de Lebu, donde participaron el almirante Jorge Parga y el general de Ejército Lionel Curti, jefes de la Defensa Nacional en las regiones que contempla la excepción.

En ella, además, participó el Presidente Piñera en forma telemática, tal como también lo hicieron el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli; su par de Defensa, Cristián de la Maza; además de autoridades policiales y delegados presidenciales de ambas regiones.

Respecto al toque de queda, una de las acciones preventivas que autoriza el estado de emergencia, Delgado descartó que "inicialmente" sea una prioridad, frente a otras acciones como patrullajes preventivos que ya se iniciaron con apoyo de unidades militares, como se apreció durante la jornada en las calles de Temuco y otras ciudades.

"Lo que busca este estado de excepción constitucional con foco en la seguridad, es que las personas puedan hacer su vida cotidiana, que las personas puedan salir libremente y poder estar más tranquilas (...) Por lo tanto poner una medida como esa de inicio sería un retroceso en la tranquilidad y la libertad de las personas", añadió el jefe del gabinete.

Delgado recalcó -lo que el martes dijo el Mandatario- que "no es una medida contra algún pueblo en específico, contra alguna etnia en específico o contra cierto grupo en específico", sino "contra el narcotráfico, el crimen organizado".

Sabotaje y guerra

En la misma jornada en que se inició el estado de excepción, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) -en extensa entrevista con la agencia Efe- justificó los hechos de violencia encabezados por la organización, aunque precisó que la reivindicación territorial "no debiera tener un resultado de más violencia o más confrontación: la guerra a nadie le conviene".

Aseguró además que están "con una disposición a establecer algún diálogo en búsqueda de una solución política".

De todos modos Llaitul, quien denunció la "dolorosa" existencia de grupos paramilitares mapuches que supuestamente trabajan para las forestales, justificó las acciones que el grupo realiza desde 1997, asegurando que se trata "de sabotaje, no violencia irracional", y que son "absolutamente necesarias a la hora de confrontar un sistema de opresión" contra los mapuches, que se ejerce como "violencia política", "criminalización" y "negación de derechos". Eso sí, aseguró que su causa "nada que ver con acciones de terrorismo ni tampoco con narcotráfico".

Un aumento en el número de hogares donde alguno de sus miembros fue víctima de un delito o intento de robo mostró el Índice Nacional de Paz Ciudadana 2021, estudio de percepciones sobre seguridad que realiza la fundación homónima y que señala que el 31,6% de la población consultada ha experimentado victimización.

Ese índice subió respecto de 2022, tanto en la Región Metropolitana como en el resto de las regiones del país, en 5,2% y 2,2% respectivamente.

Además, dentro del universo que declara haber sufrido robos o intentos de robos, el 74% de los casos se trató de robos consumados.

El año pasado -en contexto de pandemia y baja movilización social- el porcentaje de víctimas había llegado a 27,4%, su índice más bajo desde que se medía. En tanto, seis de cada diez personas (58,6%) denunció el robo o intento de robo, en su mayoría a Carabineros (79% de las denuncias).

"La victimización sube con respecto al año pasado, pero todavía se mantiene en niveles bajos (…) Esto puede ser consecuencia de que estamos liberando las restricciones de movilidad que nos impuso la pandemia, pero también puede haber una adaptación del delito", dijo Daniel Johnson, director de Paz Ciudadana.

NUEVO PLAN

En el mismo ámbito, el Presidente Sebastián Piñera anunció un Plan anti bandas, armas y narcotráfico, que será puesto en marcha destinando 400 carabineros, 20 radiopatrullas, 1 helicóptero y un dron en 50 puntos críticos en 15 comunas de la Región Metropolitana, con fines preventivos y de acción. Después, se replicará en regiones.

Según el Mandatario, este plan "va a fortalecer y agilizar la acción policial disminuyendo la ocurrencia de delitos", entre ellos robo con intimidación y violencia, como encerronas, portonazos o robos violentos, y homicidios, proyectándose para ello un trabajo coordinado con la policía uniformada y los alcaldes.

"Sabemos que una sociedad atemorizada es una sociedad que ve seriamente restringidas sus libertades, gravemente afectados sus derechos y severamente afectada su calidad de vida", cerró Piñera.