El Ministerio de Salud ha relevado durante este mes el Plan Nacional de Acción de Salud Mental, que estará vigente hasta 2025 y que tiene la misión de guiar políticas públicas, incorporando conceptos como atención integral, participación comunitaria, e inclusión social.

La propuesta es un avance en esta materia y se suma a la promulgación -en mayo- de la Ley de Protección en Salud Mental, que estable derechos de los pacientes, norma la asistencia especializada, el consentimiento ante diversos tratamientos, la medicación, la protección garantizada para niños, niñas y adolescentes, además de definir con claridad que los diagnósticos "deben establecerse conforme dicte la técnica clínica y considerar variables biopsicosociales" (www.bcn.cl). Es decir, comprender que este ámbito del bienestar no se refiere solamente a las personas, sino también a su entorno.

Ambas iniciativas -plan y ley- llegan en un momento complejo de la realidad nacional y regional, tal como lo han advertido diversos estudios: Cadem (2020) indicó que un 59% de la población chilena manifestaba estar ansiosa o nerviosa; Laborum.com (2021), reveló que el 82,4% de las personas se reconocía "extremadamente cansada"; la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) advirtió en marzo que el 83% de los trabajadores se sentía más estresado y la Agencia de Calidad de la Educación alertó que la mayoría de los escolares que rindió el último Simce señaló sentirse "triste y afectado" por lo vivido durante la crisis sanitaria.

Considerando esa realidad, las nuevas propuestas buscan también reforzar la prevención, en especial por las preocupantes cifras de suicidios que exhibe el país y particularmente Los Ríos. A nivel local, la tasa es de 11,8 muertes por cada 100 mil habitantes, mientras que la cifra nacional es de 9,7. En el detalle -entregado desde la seremi de Salud en octubre pasado- durante 2020 fallecieron 50 personas por esta causa en la región y, en el primer semestre de 2021, catorce.

Para una zona con estas características, sin duda que es importante contar con planes de largo plazo en salud mental. Sin embargo, también se debe garantizar más recursos y cobertura; pues hoy solamente se llega al 20% de la población que lo necesita.

Durante las últimas semanas, las declaraciones de un dirigente del gremio de los camioneros causaron polémica en la opinión pública, tras acusar que pensar en el desarrollo de una política ferroviaria sería una "competencia desleal" con ese sector del transporte.

No hay ninguna familia en Chile, desde Iquique a Puerto Montt que no atesore entre sus recuerdos algún viaje en tren. El tren fue, durante décadas, literalmente la columna vertebral del país. Es un hecho evidente que desde el inicio de la dictadura se tomó la decisión política de dejar morir ese medio de transporte, favoreciendo la construcción de carreteras y el transporte terrestre.

Nadie niega que las carreteras concesionadas y la construcción de una red de caminos secundarios han aportado a la conectividad y desplazamiento de muchas personas y actividades productivas. Sin embargo, ello no debiera ser un obstáculo para volver a hablar de la importancia que tiene un sistema ferroviario, como ocurre en países de similares características, donde el tren se complementa perfectamente con otros modos de transporte y actividades económicas.

Algunos acusan, peyorativamente, a quienes abogamos por el tren como "nostálgicos", pretendiendo que lo que único que queremos es volver a ver las locomotoras correr por los rieles echando humo. La verdad es que quienes sostienen esa visión equivocada, no logran separar nuestra valoración por el patrimonio ferroviario, que es una expresión cultural y material fuerte de identidad, especialmente en el sur de Chile, con una política posible, con trenes modernos, más rápidos, menos contaminantes y que pueden combinar sin problemas carga y transporte de pasajeros, que por lo demás ya existe en el mundo.

Lamentamos que un debate tan importante como la posibilidad de tener una política ferroviaria se use como estrategia electoral. Nadie que defienda el tren lo hace en contra de aviones o camiones, sino desde una mirada integral. La geografía chilena es un factor que no puede excluirse a la hora de adoptar decisiones de política pública. El cambio climático y un uso más eficiente de las carreteras, tampoco.

Confiamos en que a partir de marzo seamos capaces de retomar seriamente este debate, no para imponer una mirada unilateral, pero sí entendiendo que en pleno siglo XXI no es posible seguir tapando el sol con un dedo. El país se merece un transporte ferroviario moderno y eficiente que una a chilenas y chilenos. El tren es parte de Chile.

Alfonso De Urresti

Senador