Muchos comentarios ha generado el filme "No miren arriba" (Adam Mackay, 2021, Netflix), una comedia -ácida por cierto- que plantea críticas a la forma en que el poder político desoye las advertencias de la ciencia; a las dificultades de divulgación de los investigadores; a los intereses económicos que alteran toda relación y a la banalización, que tiñe la entrega informativa.

Se trata de una historia ficticia (un meteorito impactará la Tierra y la hará colapsar), pero la cinta y el simple acto cotidiano de ver una película, ha removido conciencias, gracias a la maravillosa capacidad que tiene el arte de dar más luz y activar espejos en los cuales se enrostrar una realidad que no se quiere ver. Y que duele. Mucho, regularmente.

Por lo anterior, no faltan paralelos del argumento de la cinta respecto de temas actuales: advertencias sobre cambio climático y las epidemias causadas por intervención humana en los hábitats naturales; descuido de los entornos cercanos y hasta teorías terraplanistas o antivacunas.

Desde Los Ríos -lejos de Hollywood- la conversación al respecto emerge. Basta pensar en lo mucho que ha costado cuidar los humedales; en el desastre de la presión urbana en la costa; la contaminación en los lagos y las desoídas solicitudes científicas para desarrollar, por ejemplo, marcadores para el virus hanta, el coronavirus y otros, incluso, más letales.

Con esto último se alude, por ejemplo, al esfuerzo del equipo que lidera desde 2016 el doctor Alejandro Rojas en la Uach, el cual trabaja para una terapia con anticuerpos, a partir del sistema inmune de las alpacas. La propuesta ha sido positivamente dimensionada y apoyada por el Gobierno Regional (Fondos FIC); cuenta con alianzas con el Ministerio de Ciencia de Corea del Sur, universidades de Alemania y Australia. Sin embargo, no ha recibido suficiente atención nacional. De hecho el doctor Rojas -en un reportaje de Diario Austral este domingo- criticó que la falta de información adecuada por parte del gobierno, al inicio de la pandemia, también jugó en contra de un avance más rápido frente al covid-19.

Por supuesto que hay distancias entre una cinta televisiva y un trabajo regional muy serio; pero una ocasión para reflexionar al respecto, siempre puede resultar oportuna y atraer la mirada comunitaria.

Vivimos en una sociedad en la que se nos ha dejado absolutamente en claro que el daño a la propiedad privada es grave e inaceptable y que acarrea grandes costos. No obstante, hay poquísimas herramientas y baja conciencia en relación a lo complejo y grave que es dañar la propiedad colectiva. Es aquí donde me quiero detener.

Durante la semana pasada un particular decidió sacar tierra con una retroexcavadora para construir en su terreno. Estos trabajos no cumplían con ninguno de los criterios ambientales y de seguridad y generó una grieta en la ruta costera T-352 hacia Curiñanco, obligándonos a las distintas autoridades a definir cerrar totalmente el camino por razones de seguridad. La situación es dramática y desde el MOP proyectan que no podremos contar con un arreglo, al menos, hasta fines de marzo, lo que implica gran daño e impacto a cerca de 2 mil personas en cuanto a sus condiciones de vida y a las proyecciones de desarrollo turístico y económico que pensábamos en conjunto para el verano. Como municipio tomamos cartas en el asunto, desarrollando una serie de planes de apoyo, un programa social y recursos dispuestos para la población que estamos articulando estas semanas. Paralelamente, estamos evaluamos los caminos jurídicos para que esta acción de un privado no quede impune. Sin embargo, me surgen algunas reflexiones relevantes para que esto no vuelva a ocurrir. En primer lugar necesitamos herramientas concretas que aumenten las penas y multas para quienes dañen la propiedad colectiva o no respeten la planificación territorial. Por ejemplo, y tal como lo ha solicitado la ciudadanía por muchos años, nos tomamos con responsabilidad y prioridad la planificación territorial en la costa, decretando la paralización de 6 proyectos inmobiliarios. No obstante, si seguimos los municipios con una institucionalidad débil en relación a requerimientos como multas e infracciones, esto no cambiará y los privados seguirán creyendo que están por sobre la ley.

Necesitamos municipalidades robustas e instrumentos jurídicos que frenen la impunidad.Por otro lado, necesitamos construir una sociedad que no solamente proteja la propiedad privada, sino que por sobre todas las cosas proteja la propiedad colectiva. Los bienes de uso público son cruciales para el desarrollo de nuestras vidas en comunidad, y requieren de protección y valoración urgente.

Carla Amtmann Fecci

Alcaldesa de Valdivia