La propuesta N° 59.750 necesita 15 mil firmas de apoyo para que sea discutida en la Convención Constitucional y su objetivo es que se reconozca la función pública que han tenido los planteles de la Red G9 desde sus orígenes, vinculo que -aseguran- ha sido "funcional al desarrollo de la educación pública chilena, el país y esencial para que el Estado pueda alcanzar sus propios fines".

Asimismo, la iniciativa propone consagrar y mantener la libertad de enseñanza, porque de lo contrario, sostienen "limitaría las alternativas de la ciudadanía para elegir sus propios proyectos de vida en una sociedad pluralista, en un espacio singularmente relevante donde se forman las personas en distintos saberes, y que genera el conocimiento que el país requiere para su progreso".

Educación

La propuesta se enmarca dentro del documento "Educación Superior y Constitución: Aportes para la Convención Constitucional", que presentaron los rectores en diciembre pasado a la mesa de la Convención Constitucional con el objetivo de dialogar y reflexionar en torno a la educación pública superior, poniendo énfasis en tres grandes ejes: la función pública, el régimen público y la autonomía universitaria, aristas que piden consagrar en la redacción de la nueva Carta Magna.

Reconocimiento

En esa línea, señalan que para la Red G9 es "imperioso garantizar la igualdad de reconocimiento con las universidades del Estado en lo concerniente a la preservación de garantías de autonomía en la gestión y en el régimen de financiamiento simétrico".

Ello, sostiene la norma presentada, permite resguardar "la posibilidad de seguir desempeñando, sin discriminación y en condiciones de equiparación con las instituciones estatales, el valioso rol que las universidades de la Red G9 vienen desarrollando hace décadas y cuyas obras y frutos están objetiva y claramente a la vista".

En suma, la nueva disposición constitucional, a la cual todos y todas están invitados a apoyar hasta el 1 de febrero, plantea garantizar un sistema de educación superior equitativo, inclusivo, diverso con compromiso público, regional y producción de conocimiento de excelencia.

Además, espera ser un consenso social básico en materia de educación superior, a fin de buscar el necesario equilibrio entre la dimensión de prestación (derecho a la educación como derecho social) y de libertad (libertad de enseñanza).

La Red de Universidades Públicas agrupadas en el G9, entre las cuales se cuenta a la Universidad Austral de Chile, presentó una Iniciativa Popular de Norma ante la Convención Constitucional para garantizar un sistema universitario equitativo, inclusivo, con compromiso público, regional y producción de conocimiento de excelencia. .

El lunes 17 de enero, un grupo de convencionales constituyentes pertenecientes a la Red Disidente de la Convención, presentó la propuesta de Iniciativa de Norma "Derecho a la igualdad y no discriminación", que busca establecer en la nueva Carta Magna de Chile, un rol al Estado para promover la integración real y efectiva, derribando los obstáculos propios de la discriminación de todo tipo.

Pedro Muñoz Leiva, convencional de Los Ríos y perteneciente a la Red Disidente, explicó el objetivo de esta iniciativa que busca quedar en el texto final de la nueva Constitución. "Esta norma pretende abarcar todos los fenómenos de discriminación que existen en nuestra sociedad, otorgándole al Estado un rol de promoción y de intervención en la realidad social", explicó Muñoz, junto con aclarar que la actual Constitución "nos considera iguales en abstracto y no considera las barreras en la estructura social que nos impide desarrollarnos en un plano de igualdad desde nuestras propias diferencias".

Esta iniciativa es presentada por convencionales pertenecientes a la llamada Red Disidente que, además de Pedro Muñoz, componen el actual vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez; Tomás Laibe; Jennifer Mella y Javier Fuchslocher. Es apoyada con sus firmas por Benito Baranda, Tiare Aguilera, Malucha Pinto, Adriana Cancino, Tammy Pustilnick, Guillermo Namor, Jorge Abarca, Elsa Labraña, Aurora Delgado, Patricia Politzer, Damaris Abarca y Lorena Céspedes.

A Valdivia llega hoy el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, para abordar con vecinos y autoridades la problemática que enfrenta el sector costero de Valdivia en Las Vertientes, donde fue cerrada la ruta costera desde y hacia Curiñanco. La información fue confirmada por el delegado presidencial regional (s) Helmuth Palma.

En tanto, desde la municipalidad de Valdivia informaron la disposición de $100 millones para los afectados por el corte de la ruta en el sector, recursos a los cuales podrán acceder residentes y emprendedores de Las Vertientes, Los Pellines, Las Minas, Curiñanco, Bonifacio y Pilolcura. También se entregará combustible para calefacción y cocina, a través de vales para cargas de gas, parafina y sacos de leña.