El próximo sábado es el último de febrero y correspondería despedir el verano con el hito de la Noche Valdiviana. Pero no es "normal" la realidad hoy. La pandemia todavía no cede, los índices de enfermos activos superan los 5 mil, han fallecido 20 personas en los recientes siete días y toda la región de Los Ríos se encuentra en Fase 2 del Plan Paso a Paso. En esas condiciones, reunir a más de 200 mil personas en un espacio reducido de la Costanera, resultaría una irresponsabilidad mayúscula.Acertada es la decisión municipal, entonces, de suspender el Corso Fluvial 2022.

Pese a esas inapelables razones, resulta triste constatar que llevamos tres años sin vivir esa tradición colectiva de manera tranquila. En febrero de 2020 se vio empañada por hechos de violencia marcados por el estallido social; en 2021 la crisis sanitaria arreciaba y no se realizó; lo mismo sucede ahora Y se extraña esa fiesta, tan ligada a la identidad local.

Por lo mismo, es bueno rememorar la magia que la envuelve, para que en el futuro no se caiga en la tentación de olvidar, obviar, o seguir adelante sin ella solamente porque ya se dejó atrás más de una vez.

Nadie ha manifestado ahora una intención así, pero recordemos que el evento ya venía en 2018 con muchas críticas cruzadas sobre su esquema, los gastos implica, la participación. Es de esperar que esas voces se transformen en propuestas y que no se olvide una historia larga.

Recordemos que el primer antecedente de un desfile de barcos iluminando el río Calle Calle en señal de alegría data del siglo XVI, cuando la comunidad colonial subió a sus botes y encendió antorchas para festejar la supuesta destitución del gobernador de Chile García Hurtado de Mendoza (1557-1562), a quien pocos querían. La noticia era falsa, la autoridad siguió en el cargo y hubo represalias para los manifestantes; pero ahí la actividad adquirió un sello como reflejo de la realidad que perdura. De hecho, lo ocurrido en 2020 nadie podría llamarlo casual.

El brillo de la celebración que se conoce hasta la actualidad llegó en 1917. Son 115 años. Vale la pena valorar esa larga trayectoria y, desde ella, manifestar el deseo que en 2023 las condiciones sí sean propicias para continuarla.

A la Comisión Vivienda de la Cámara Baja pasó, en su primer trámite, el proyecto que presenté hace un tiempo que amplía los beneficios de la Ley del Mono, para que más familias chilenas puedan acogerse al procedimiento simplificado de regularización. Con un croquis sencillo y menos burocracia, la Ley del Mono permite normalizar ante las direcciones de Obras Municipales la situación de viviendas autoconstruidas o que no tienen recepción definitiva.

La iniciativa que elaboré fue presentada en agosto de 2021 y, en lo sustancial permitirá que familias con ampliaciones y /o casas más recientes, de mayor superficie y con avalúo fiscal más alto también puedan hacer uso de la Ley N° 20.898.

Una vez que la Comisión de Vivienda termine de evaluar el texto que he propuesto, espero que podamos iniciar a la brevedad la discusión en la Sala y su pronta aprobación, pues la Ley del Mono ha probado en el tiempo ser una herramienta sumamente útil y efectiva para miles de familias que quieren poner al día los papeles de sus casas y con ello, entre otras cosas, poder optar a los beneficios del Estado.El tema es sumamente importante para las familias, porque cuando las casas no tienen esta regularización, sus propietarios se ven impedidos de hacerles mejoras a través de los distintos beneficios y subsidios estatales, participar en algún programa de mejoramiento o incluso se ven impedidos de vender.

Mi propuesta, a través de una serie de modificaciones a la normativa vigente, permitiría elevar la superficie de las viviendas afectas a regularización mediante este procedimiento, de los 140 metros cuadrados actuales, hasta 400 metros cuadrados, indistintamente si se ubican en zonas urbanas o rurales, incluyendo además las superficies no habitables de inmuebles tales como bodegas y estacionamientos cerrados.

Además, se busca elevar el rango de la tasación fiscal, del actual límite de 2 mil unidades de fomento (UF), hasta las 3 mil UF. También permitirá que pueda acogerse a la norma aquellas viviendas construidas, modificadas o ampliadas hasta el año 2022.

Finalmente, obliga a las direcciones de obras municipales a respetar el plazo de 30 días para la tramitación y aprobación del permiso de regularización, plazo que es el mismo que corre para la regulación bajo la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Bernardo Berger Fett

Diputado