Diversos casos de violencia escolar, denuncias públicas por abuso y funas en redes sociales han remecido a Los Ríos en la última semana. En colegios municipales de Paillaco, Los Lagos y Valdivia se registraron las más públicas, pero también existen en otras comunas y en establecimientos subvencionados y particulares. Un problema transversal, lamentablemente (ver páginas 7 y 12).

El tema ha activado tanto a los sostenedores, como a las familias, las comunidades estudiantiles y a los mismos establecimientos, los cuales están obligados a aplicar protocolos de convivencia interna y a efectuar las denuncias respectivas.No olvidemos que desde 2011 existe una ley sobre violencia escolar (20.536) que ordena las formas de proceder en estos casos.

Afortunadamente, ante los hechos señalados los municipios han realizado intervenciones en los colegios afectados, pues las víctimas no son solamente quienes sufren directamente las agresiones; sino también hay daño en quienes están obligados a presenciarlas y que muchas veces sienten temor y desorientación, como los afectados. Por otra parte, los agresores también vienen de historias complejas. Sin ánimo de justificar o defender, se sabe que un menor de edad no se convierte en golpeador, delincuente o acosador sexual por casualidad; hay entornos que vulneran.

Con tristeza, se han verificado hechos similares en diversas regiones. Al respecto, el Consejo para la Transparencia (CPLT) requirió ayer a la Superintendencia de Educación -órgano fiscalizador de estas materias- que informe públicamente sobre la cantidad de instituciones que cumplen con reglamentos de convivencia, el número de denuncias realizadas y procesos de fiscalización en marcha. La idea es que la comunidad maneje antecedentes y pueda dimensionar las situaciones.

Pero, más allá de las reglas, también vale preguntarse por qué se aprecian estas situaciones. Lo primero es una positiva tendencia a denunciar hechos abusivos. Lo segundo es una readecuación de vínculos sociales luego de la pandemia, que mantuvo a personas alejadas y en espacios no compartidos.

El regreso presencial a clases ha visibilizado estos hechos; ahora es necesario enfrentarlos, para garantizar que escuelas y liceos sean lugares seguros.

En la actualidad estamos viviendo un mundo de alta incertidumbre, y cambios vertiginosos, los que sin duda están impactando en los distintos ámbitos de la sociedad.

En el caso de nuestro país, a los factores de incertidumbre asociados a la pandemia del COVID-19, y ahora el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania; debemos sumar el proceso Constitucional, derivado del estallido social, y en lo más coyuntural la instalación de una nueva colación de gobierno.

Todo este escenario, ha dejado, además, en evidencia los grandes temas que aún persisten en materia económica, educación, salud, vivienda, y seguridad. En materia económica, tenemos una crisis, que producto del alza inflacionaria, ha comenzado a afectar fuertemente a las familias en nuestro país. Desde dicha perspectiva, se vuelve urgente comenzar un proceso que, en un escenario que naturalmente es de constante cambio, vaya entregando señales que nos permita proyectarnos, tanto a nivel familiar como de las propias instituciones.

Con relación a esto último, valorar el encuentro sostenido la semana pasada entre el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), y que tuvo como principal objetivo iniciar el proceso de diálogo respecto a la reforma previsional, reducción de jornada laboral y el alza del salario mínimo.

En ese sentido, la totalidad de los actores que asistieron a dicha instancia, reconocieron la importancia de generar este espacio, que permitió despejar una serie de dudas y comenzar a trabajar en acuerdos que disminuyen el clima de incertidumbre, en temas altamente relevante para trabajadores, emprendedores, empresarios, y en definitiva para las familias de nuestro país y región.

Esta acción, es un buen ejemplo, del camino a seguir en otras materias, en las que se requiere con urgencia instalar un diálogo propositivo y transparente, para que la sociedad en su conjunto pueda reflexionar e informarse de los alcances y efectos que tendrán estas decisiones sobre nuestras vidas, especialmente cuando se está en proceso de redacción de un nuevo texto constitucional.

Ha llegado el momento entonces, de ir sentando las bases de un camino de acuerdos, que tenga por finalidad bajar la incertidumbre sobre el futuro, de tal forma que todos podamos tener claridad de como estos cambios, acuerdos, y decisiones, nos afectarán y a las futuras generaciones.

Laura Bertolotto Navarrete

Rectora Santo Tomás Valdivia