Eliminar la figura del fiscal nacional, reemplazarlo por un órgano colegiado, y disminuir el periodo en ejercicio de los fiscales regionales. Estos son sólo algunos de los cambios al Ministerio Público que fueron recientemente aprobados por la Comisión de Sistema de Justicia de la Convención Constitucional.

Y aunque aún resta que estas modificaciones sean discutidas en el pleno de la Convención, lo cierto es que han generado una enorme preocupación y rechazo por parte de las actuales autoridades del Ministerio Públicos, así como también de sus funcionarios, y desde el mundo académico.

Y las razones son varias. Desde la burocratización de los procesos administrativos al interior de la institución, hasta una eventual politización de las autoridades a cargo, debido al sistema de elección propuesto por el órgano constitucional.

Esto último, obedece a que la Comisión de Sistema de Justicia propone la creación de un Consejo Superior para reemplazar las funciones del fiscal nacional, el cual sería integrado por siete personas: tres electos por los fiscales entre sus pares; uno electo democráticamente por los funcionarios del Ministerio Público; y tres elegidos por el Congreso a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública.

Fiscal regional

Sin duda que una de las voces autorizadas para opinar sobre el tema a nivel local, es la del fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, quien en primer lugar expuso cuáles son las responsabilidades que en la actualidad tiene el fiscal nacional.

"Dentro de la estructura jerárquica, el fiscal nacional es la máxima autoridad del Ministerio Público. Desde ese rol, le corresponden todas aquellas funciones y obligaciones que señala la ley. Él tiene a su cargo la conducción administrativa y general del Ministerio Público, lo cual implica toda la conformación del organismo, la creación de unidades, la selección de los directores de unidades, además de dictar las políticas de persecución penal, en muchas ocasiones escuchando la opinión del Consejo General de Fiscales Regionales".

Y agregó: "El fiscal nacional dirime las problemáticas de competencia que se puedan producir entre fiscalías regionales, y tienen la facultad de designar fiscales regionales para realizar determinadas investigaciones en relación a su relevancia y trascendencia".

En esa línea, Meléndez detalló que "dentro de las funciones más precisas e importantes, están dictar las instrucciones generales del Ministerio Público para ser aplicadas por todos los fiscales dentro del país, en la distinta gama de delitos que nosotros vemos".

"El fiscal nacional también tiene la facultad de dictar instrucciones generales a las policías, que son nuestros socios estratégicos para dirigir las investigaciones. En el ámbito administrativo, está a cargo de los recursos del Ministerio Público con el apoyo de un director ejecutivo nacional", añadió.

También resaltó que "tiene la representación como alta autoridad del país, para actuar en nombre del Ministerio Público ante distintas instancias. En temas internacionales, participa en la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, e incluso la ha presidido".

Dicho esto, es que el fiscal regional cuestiona la propuesta surgida desde la Comisión de Sistema de Justicia de la CC: "Reconociendo plenamente la autonomía que tiene la Convención sobre las materias que está estudiando, imagínese si toda la toma de decisiones que pesan sobre el fiscal nacional, se llegan a tomar de un órgano colegiado. Nosotros creemos que todas estas responsabilidades se pueden diluir al ser asumidas por un grupo de personas. Consideramos que la estructura, orgánica y el diseño que tiene el Ministerio Público, se ve absolutamente alterado".

Y continuó: "Pero no solamente lo decimos nosotros, también lo dice la academia, y hay una unanimidad de criterios en este punto. Todos los expertos señalan que en el derecho comparado, en el mundo occidental no existe una figura de control, de dirección de un Ministerio Público a través de un órgano colegiado. Entonces, es una innovación absolutamente fuera de lo que se podría esperar en el derecho comparado".

Asimismo, reforzó que "se torna difusa la responsabilidad, que no será individual, sino que va a existir una responsabilidad colegiada, y la pregunta frente a una determinada actuación o decisión, va a ser bien clara, ¿quién es el responsable de esto? ¿Es el Consejo Superior,

"Este Consejo Superior va a burocratizar y poner en riesgo la gestión de la Fiscalía. Tenemos un día a día muy contingente".

Juan Agustín Meléndez, Fiscal regional de Los Ríos

¿Son las siete personas?".Entonces, ¿qué propone al respecto? Juan Agustín Meléndez expuso: "Lo que se debe fortalecer son los grados de control sobre la figura del fiscal nacional, reforzando los controles en las actuaciones que de acuerdo a la ley puede realizar. Con esto se logra una buena situación de eficiencia, toda vez que lo que se realiza debe ser de forma transparente y sujeto a un mecanismo que garantice que la toma de decisiones es la correcta, y que se pueda pedir cuenta de las mismas".

Con respecto a la implementación de un órgano colegiado, el persecutor manifestó que "vemos que este Consejo Superior va a burocratizar y poner en riesgo la gestión de la Fiscalía. Por ejemplo, en materia de recursos, o en la necesidad rápida de reacción que se debe tener frente a los fenómenos delictuales. No obedece a la realidad del giro del Ministerio Público que es la persecución penal y la protección de víctimas y testigos".

Y prosiguió: "Somos un organismo de gestión que tiene que responder frente a la persecución penal y frente a la administración de causas. No somos una institución que tiene que tomar decisiones deliberativas, que vayan a formar parte de ciertas políticas que vayan a afectar otro tipo de materias. Tenemos un día a día muy contingente, y es muy necesario ser abordado con premura".

Meléndez también cuestionó la composición del Consejo Superior, ya que asegura "fomenta absolutamente el centralismo y le quita la gravitación que deben tener las regiones. Lo que se propone es un consejo que va a tomar una cantidad de decisiones a nivel central, con una composición muy central, y además con un componente que puede llegar a fomentar la desconfianza. Esto implica invitar a hacer campaña al interior del Ministerio Público, porque yo no conozco ninguna elección en el mundo que se haga sin campaña".

Sobre esto último, profundizó que "va tener tres personas que van a ser designadas por el Congreso, y si se quiere evitar que la política tenga injerencia en el Ministerio Público, esto va en sentido contrario".

Otra de las propuestas aprobadas en la comisión de la CC, dice relación con reducir de ocho a cuatro años el ejercicio de los fiscales regional. Al respecto, Juan Agustín Meléndez sostiene que "un periodo de cuatro años entra en coincidencia absoluta con los periodos asignados para los mandatos presidenciales y de elecciones parlamentarias, por lo que vemos que esto puede atentar contra la independencia y autonomía de la institución, por cuanto se puede dar una gran injerencia del poder político de turno en la definición de las autoridades de la Fiscalía".

"Hay que tener el cuidado de pensar siempre en la autonomía del Ministerio Público, y que la injerencia política ni siquiera se pueda acercar, que no pueda ser materia de desconfianza. Esto tiene que ser absolutamente prístino", agregó el fiscal de Los Ríos.

Académicos

Consultado por el tema, el abogado y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, Juan Andrés Varas, señaló que "lo primero que hay que decir es que la Convención tiene derecho de hacer lo que quiera. Para eso tiene el poder constituyente, que le permite proponer a la ciudadanía las modificaciones que estime convenientes. Otra cosa es lo que los especialistas, académicas, y gente que tiene experiencia en la materia, piense de cada una de las propuestas".

"En esa línea, yo diría que es uno de esos casos en que el remedio es peor que la enfermedad, porque es obvio que la Fiscalía se ha equivocado en algunos casos de mucha connotación pública, y que eso ha generado una línea justificadamente crítica, pero a mi juicio, la forma de mejorar esa situación es hacer más aguda la posibilidad de exigir responsabilidades al fiscal nacional, es decir, incrementar los controles y los mecanismos de rendición de cuentas y de exigencia de responsabilidad, y no diluir esa responsabilidad en un cuerpo colectivo que además es probablemente mucho más susceptible y fácilmente posible de cooptar políticamente", expuso.

El profesional enfatizó que "al diluirse, se hace más difícil perseguir esa responsabilidad, y al colectivizarse una decisión se complejiza la tarea de gestión y ejecución que tiene ese ente público. Es como si una empresa en vez de tener un gerente general, tuviera siete".

Sobre la propuesta de crear un Consejo Superior, Varas sostuvo que "también ahí me parece que se abren las puertas a una politización y una cooptación política que es peligrosa, y es además compleja porque está difusa. Me parece que no es la forma más adecuada de generar un organismo colectivo, si es que se va a hacer uno".

¿Existen experiencias similares en otros países? El abogado aseguró que "la mayor parte de los países desarrollados, a los cuales aspiramos parecernos en Chile, no tienen una figura como esa. En cambio, tienen una figura unipersonal que es políticamente responsable y que debe dar cuenta de su gestión ante otros poderes públicos".

Y con respecto a la reducción del periodo de ejercicio de los fiscales regionales, Juan Andrés Varas expresó que "me da la impresión que esa es la típica materia que quedaría mucho mejor regulada en un texto legal, que en un texto constitucional, porque son materias más contingentes".

"El texto constitucional en principio debiese limitarse a establecer la institución, las jerarquías fundamentales, y los mecanismos de control y de responsabilidad, y con eso me parece que es suficiente. El resto debiese quedar entregado a la ley. La constituciones más razonables, más estables en el tiempo y que generan más consenso, son constituciones con menos contenido", agregó.

Una postura similar expuso el abogado y profesor de derecho constitucional en la Universidad San Sebastián sede Valdivia, Luis Palacios, quien sostiene que "lo que observamos es la sustitución del fiscal nacional por un consejo que estaría integrado por distintos representantes, pero resulta bastante preocupante que se pretenda dotar de una especie de legitimidad popular a algunos de los que van a integrar ese consejo, es decir, que haya una votación para elegir a quienes van a integrarlo".

"La función de la Fiscalía se entiende como una función de carácter técnico en materia de persecución penal, y el hecho de que su consejo se conforme por figuras electas, podría de alguna u otra forma afectar su autonomía e independencia y afectar también los criterios técnicos de la actuación fiscal", añadió el académico.

En relación al periodo de los fiscales regionales, Palacios señaló que "lo que se está evidenciando es una reconfiguración del ejercicio de la autoridad. Yo creo que el Ministerio Público, en su expresión nacional como regional, requiere revisiones, pero estas debiesen estar orientadas a dotarlo de mayor autonomía e independencias, para que en ese sentido pueda desarrollar sus funciones.

Lo que da cuenta del cambio de años, no sé si contribuiría a fortalecer la independencia de ese órgano, o por el contrario".

Sobre la labor de la comisión, señaló que "mi apreciación profesional, es que me habría gustado una constitución más bien mínima, que estableciera con claridad algunas reglas, principios y orientaciones generales sobre el funcionamiento del Estado, y que luego se remitiera al legislador la tarea de regular el detalle. Algunas normas han salido un poco del marco de lo que corresponde una constitución".

"A mi juicio, la forma de mejorar es incrementar los controles y mecanismos de rendición. No diluir esa responsabilidad".

Juan Andrés Varas, Abogado y académico de UACh

"El hecho de que el Consejo Superior se conforme por figuras electas, podría afectar su autonomía e independencia".

Luis Palacios, Abogado y académico USS