La Contraloría General de la República emitió un instructivo recordando a funcionarios y autoridades su deber de prescindencia. Es decir, la obligación de no emitir opiniones ni promover opciones que influyan en las decisiones electorales de las personas. Esta normativa se encuentra legalmente establecida hace décadas en Chile, pero se actualiza para cada proceso que viva el país. En este caso, implica que no se puede trabajar a favor del Apruebo o Rechazo con miras al plebiscito de salida del 4 de septiembre próximo.

La regla busca garantizar algún grado de imparcialidad de parte de quienes toman las decisiones públicas y, para ello, les ordena abstención de efectuar campañas políticas en horarios de trabajo y con recursos públicos. Es decir, si un ministro o ministra, alcalde o alcaldesa, incluso el Presidente, concurre a inaugurar una obra o dar inicio un programa de inversión fiscal no puede -en el contexto de esas actividades- invitar a los asistentes a votar en favor o en contra del trabajo de la Convención. Sin embargo sí podría hacerlo en una reunión particular durante el fin de semana, por ejemplo.

Las normas se entienden con claridad. Pero la línea se ve delgada. Imaginemos que un miembro del gobierno hace puerta a puerta la mañana de un domingo; habla con las personas que visita, defiende una alternativa para votar y luego se va. Pregunta: ¿a los ojos de ese vecino o vecina que lo recibe, fue un desconocido quien pasó por su casa o es el personaje público quien le entregó un mensaje, con todo el peso de la imagen que conlleva? Claramente quien ejerce cargos de poder se encuentra en una posición comunicacional privilegiada. Se le reconoce, se le cree, su presencia avala aquello que diga. Aunque propaganda y publicidad no son lo mismo, basta observar las estrategias comerciales ampliamente conocidas para confirmarlo.

Ante esto, claramente el deber de prescindencia requiere la compañía de responsabilidad y espíritu republicano. Es válido esperar -en Los Ríos y en todas las zonas del país- que una autoridad se haga cargo de medir la influencia que tiene y pueda combinar su derecho ciudadano a tener opinión, sin vulnerar el derecho de otros y otras a tomar decisiones sin ningún tipo de presiones directas o indirectas.

En primera persona hemos experimentado y observado los cambios que han sufrido los terrenos rurales. No es ninguna novedad que el mundo rural ha sufrido importantes y radicales cambios, los cuales, han implicado la llegado de nuevos vecinos y vecinas y, con esto, la instalación de la industria inmobiliaria en estos nuevos horizontes. En la costa de la comuna de Valdivia, en el borde del lago Panguipulli y en varios sectores de la región y del resto del país, vemos la instalación de grandes complejos habitacionales cuya fuente legal hace relación con el Decreto Ley 3615 que permite la parcelación y división de por lo menos 0.5 hectáreas de los predios de agrado.

Esta normativa, creada en la Dictadura Militar, no responde a las actuales necesidades, es más, es una herramienta legal que ha permitido la creación de nuevos núcleos urbanos al margen de las planificaciones territoriales de cada localidad, comuna o región.

Antes esta situación, resulta estrictamente necesario pensar y formular posibles vías de acción que solucionen esta temática y permitan, por un lado, un crecimiento urbano medido y regulado y, por el otro, un resguardo de los suelos agrícolas.

A partir de la experiencia regional y preocupaciones de los diversos actores locales, presentamos un proyecto de ley que busca proteger el uso de los terrenos rurales. Dicha iniciativa tiene por finalidad regular la creación de nuevos núcleos urbanos y asegurar que los suelos con fines agrícolas no cambien su destino por uno habitacional. A partir de esta gestión, hemos sostenido diversas conversaciones y reuniones con diferentes organismos que ven con preocupación esta situación. Es así, como la Comisión de Vivienda del Senado ha abocado sus sesiones ha discutir esta temática y en cuyas sesiones se han expresado la opinión del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes quien entiende la necesidad de buscar una solución proponiendo el congelamiento del mencionado Decreto con la finalidad detener su ejecución mientras se piensa en una solución definitiva.

Los movimientos demográficos son propios de los procesos sociales. Como seres humanos, tenemos el derecho de movernos e instalarnos en lugares que nos reporten mejores condiciones de vida, sin embargo, estos no se pueden realizarse sin una previa planificación y comprometiendo y afectando el medio socio-ambiental de los territorios. Seguiremos trabajando, con el gobierno y los territorios, para tener una visión conjunta del destino del mundo rural.

Alfonso de Urresti

Senador