La Convención Constitucional trabaja en las últimas sesiones en que se tratan las propuestas de norma de las comisiones temáticas. Si el martes se cerró el trabajo de Sistemas de Justicia y Formas de Estado, ayer fue el turno de Derechos Fundamentales, en la sesión número 100 del órgano.

Está programado que este sábado se terminen de votar las propuestas y se disuelvan las comisiones temáticas, para dar paso al trabajo de las de Armonización, Normas Transitorias y Preámbulo, que elaborará los últimos textos antes de que se entregue el borrador definitivo la próxima semana.

Salud y educación

Durante la sesión de ayer se aprobó que "el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse al Sistema Nacional de Salud".

Como complemento se visaron incisos que exponen que "es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas de salud" y que "los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales que los sustentan".

En educación, será parte del texto constitucional el artículo que plantea que "todas las personas tienen derecho a la educación. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado", el que está completado con una disposición que establece que "la educación será de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media".

A ello se sumó que "el Estado deberá articular, gestionar y financiar un Sistema de Educación Pública de carácter laico y gratuito compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativos".

Trabajo y huelga

Además se visó que "toda persona tiene derecho al trabajo y su libre elección. El Estado garantiza el trabajo decente y su protección. Este comprende el derecho a condiciones laborales equitativas, a la salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a su desconexión digital, a la garantía de indemnidad, y el pleno respeto de los derechos fundamentales en el contexto del trabajo".

El texto aprobado también indica que "se prohíbe toda forma de precarización laboral, así como el trabajo forzoso, humillante o denigrante".

Asimismo, indica que "la Constitución garantiza el derecho a huelga de los trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales decidirán el ámbito de intereses que se defenderán a través de ella, los que no podrán ser limitados por la ley".

La limitación a las huelgas serán excepcionales "para atender servicios esenciales que pudieren afectar la vida, salud o seguridad de la población".

También se consagraron el derecho a la vivienda y la obligación del Estado de garantizar la existencia de terrenos y de servicios básicos en las políticas habitacionales.

Más temprano, la mesa de la Convención se reunió con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), quien pidió que las normas transitorias respeten las instituciones actuales y la vigencia de sus mandatos.

Una semana después de hacerse público el inicio de una investigación previa canónica al sacerdote Felipe Berríos, por "hechos de connotación sexual" contra una mujer que era menor de edad al momento de ocurrir las situaciones acusadas, ayer se dieron a conocer dos nuevas denuncias contra el jesuita.

Anteriormente, la congregación de la Compañía de Jesús había informado a través de un documento que "con fecha 2 de mayo decretó la apertura de una investigación previa canónica, nombrando a la abogada laica María Elena Santibáñez a cargo de esta investigación".

"La Compañía de Jesús dispondrá de todos los medios que sean necesarios para que esta investigación se efectúe con la mayor rigurosidad y celeridad, a fin de esclarecer los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades. El Provincial dispuso la suspensión del ejercicio público del ministerio sacerdotal de Felipe Berríos", detalló el comunicado.

De acuerdo a una publicación del vespertino La Segunda, tras esta denuncia han aparecido dos acusaciones más contra el religioso de 65 años, además de testimonios en favor de la primera denunciante.

El periódico detalla que las nuevas posibles víctimas tenían entre 14 y 17 años cuando ocurrieron los hechos que generan las acusaciones.

También se detalla que la primera denunciante, que en la actualidad tiene 32 años, ya declaró ante Santibáñez.

Según el vespertino, la mujer declaró la semana pasada frente a la abogada y reveló que pertenece a una familia que generó lazos con Berríos tras vivir una tragedia familiar, lo que tranformó al sacerdote en un puntal para esta familia.

Se indicó que los hechos habrían sucedido cuando la presunta víctima, aún siendo menor de edad, visitó a Berríos junto a su madre, pero ella habría quedado fuera del lugar en donde el cura conversó con la niña.

El diario precisó que fue la mujer denunciante quien solicitó abrir esta investigación de forma canónica, ya que afirmó que es la Iglesia Católica la que debe responder, posición similar a la que tuvo Marcela Aranda, primera denunciante contra el fallecido sacerdote Renato Poblete, también jesuita, quien finalmente acumuló 40 víctimas, 20 por acción directa del religioso y 20 por acción indirecta.