La Constitución vigente consagra la existencia de cuatro Estados de Excepción Constitucional, los cuales permiten que, en situaciones extremas, se suspendan ciertos derechos fundamentales y que las Fuerzas Armadas tomen mayor control y responsabilidad en asuntos internos.

Estos cuatro estados de excepción actualmente son: i) el de Asamblea, en caso de guerra externa; ii) de Sitio, en caso de guerra interna; iii) de Catástrofe, en casos de calamidad pública; y iv) de Emergencia, para casos de grave alteración del orden público o de daño o peligro para la seguridad de la Nación.

En la propuesta de Constitución que nos presenta la Convención se mantienen todos excepto el de Emergencia.

Es justamente este el que se utiliza hoy en La Araucanía por los permanentes actos de terrorismo de los cuales somos testigos semana a semana. Y es también el que actualmente estamos pidiendo producto de los recurrentes atentados incendiarios que estamos sufriendo en nuestra región.

Se ha dicho que no importa que se haya eliminado ya que en su lugar se puede decretar el Estado de Catástrofe. Esto es un profundo error, ya que las causales de los estados de excepción deben ser siempre interpretadas de manera estricta y no amplia en virtud de las consecuencias restrictivas que tienen en las libertades individuales.

Además, la causal de calamidad pública que justifica el Estado de Catástrofe corresponde, según la definición de la Real Academia Española, la historia constitucional del país y a las normas legales del Código Civil y Penal, a desgracias o infortunios de la naturaleza (como erupciones o terremotos).

A esto se suma que durante la discusión constitucional se dijo expresamente (por los convencionales Motero y Catrileo por ejemplo) que la idea era eliminar el Estado de Emergencia porque se consideraba innecesario y/o negativo para el país.

Podemos estar de acuerdo o no con el contenido de esta propuesta, pero lo que no podemos hacer es disfrazar o esconderle la verdad a la ciudadanía.

Tomás Mandiola

Fundación Pacto Social

Cuatro séptimos

El Presidente dijo que su Programa dependía de la aprobación del texto elaborado por la Convención. Luego señaló que no todo su Programa dependía de esa circunstancia. No manifestó en qué ámbitos. Más tarde, sostuvo que tanto el apruebo como el Rechazo eran opciones legítimas. A continuación, declaró que no descartaba modificar el señalado texto si éste era aprobado. No dijo en que materias. Por último, dijo que si ganaba el Rechazo, habría que repetir el proceso. Todo esto en poco más de cuatro meses.

Mientras tanto, en el Senado y ante la inminencia del Rechazo, se aprobó por una abrumadora mayoría una enmienda esencial a la Constitución vigente, reforma que viabiliza la elaboración de una nueva Constitución. Fue a contrapelo del PC y del FA, pero se aprobó. Me explico.

Actualmente los cambios a la Constitución necesitan, según sea el Capítulo, del voto favorable del 60 o 66,6 % de los diputados y senadores en ejercicio. Lo aprobado por el Senado disminuye el porcentaje de votos favorables necesarios, sin distinción de Capítulos, al 57,1 %.

De esta forma, se facilita que el Congreso Nacional pueda ponerse de acuerdo, por ejemplo, con el objeto de definir cómo deberá ser elaborada una nueva Carta Fundamental. Subrayo que esta reforma fue respaldada por más del ochenta por ciento de los senadores.

Hay que destacar que el nuevo quórum es ciertamente menos engorroso que el que la Convención introdujo a última hora en su texto. Esto es, el 57,1 (más plebiscito aprobatorio, según sea el Capítulo) o 66,6 %. Ahora, si se pretende afectar los derechos que el texto de la Convención reconoce a los chilenos de ascendencia indígena (parte significativa del texto), será necesario además el consentimiento de la nación o pueblo originario.

Es de esperar que la Cámara de Diputados esté a la altura de lo ya acordado por el Senado. Es la hora de la sensatez.

Jorge Eduardo Vives Dibarrart Abogado jevivesd@gmail.com

Constitución Ecológica

El próximo 4 de septiembre los chilenos debemos pronunciarnos sobre el texto de Nueva Constitución.

(...) En ella se establece un catálogo de los derechos ambientales de las personas, como el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado; al aire limpio, al agua y saneamiento; a la energía asequible y segura -que permiten satisfacer las necesidades fundamentales para la salud y subsistencia de la población- garantizando también justicia ambiental; e indicando que la ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos para proteger el medioambiente y la naturaleza. También la Nueva Constitución instituye acciones constitucionales para la protección de los derechos de la naturaleza y los derechos ambientales de las personas y los pueblos y una Defensoría de la Naturaleza, órgano autónomo y con patrimonio propio, para fiscalizar y deducir acciones constitucionales y legales en caso que instituciones del Estado o entidades privadas vulneren dichos derechos.

(...) El estatuto del agua es el más desarrollado en el texto constitucional, donde lo instituye como un bien común inapropiable; explicita la jerarquía del derecho humano y los usos prioritarios, establece autorizaciones de uso temporales y los Consejos de Cuenca para gobernar su gestión con la supervisión de la Agencia Nacional del Agua, que reemplazara a la actual Dirección General de Aguas.

(...) Finalmente, en los artículos transitorios, junto con establecer el plazo de un año para que el gobierno presente un proyecto de ley para implementar el Estatuto Constitucional de las Aguas y la nueva institucionalidad; lo mandata a presentar dentro de 2 años el proyecto de Ley para implementar la Defensoría de la Naturaleza sus atribuciones y financiamiento.

Asimismo, con el objeto de implementar de forma integral las demás normas constitucionales del capitulo sobre Naturaleza y Medioambiente, se mandata al presidente de la república constituir una "Comisión de Transición Ecológica" en el plazo de un año, para el diseño de propuestas de ley, la adecuación de la normativa vigente y las propuestas de políticas publicas para las transformaciones que permitan a la sociedad chilena conservar, restaurar y mantener la biodiversidad y ecosistemas del patrimonio ambiental y los derechos de las futuras generaciones, que mandata la Constitución Ecológica.

Sara Larraín Fundación Chile Sustentable

Confrontación

Con tristeza veo que el clima beligerante que reina hoy genera un escenario de actitudes conflictivas y de confrontación similares al vivido en la década de los setenta. Esto nos hace razonar que es mejor no ejercer el derecho a dar una opinión particular y propia respecto al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre y sus opciones, pues de hacerlo a algunos les parece que se podría socavar y afectar lamentablemente relaciones de convivencia social , laboral e incluso familiares. Razón tienen aquellos que señalan, basados en la historia y sus estudios , que los hechos, acciones y vida es cíclica y pasado cierto tiempo se repiten, lamentablemente. Y las experiencias vividas no se replican formativamente para un mejor desarrollo y convivencia ciudadana.

Boris Segovia Bruzzone segoviabruzzone@ gmail.com

@rsumen: El programa piloto de la estatal Gas de Chile fue lanzado el día de hoy y espera pueda beneficiar a 3 mil familias de #Chiguayante, #SanFernando y #Quintero para vender gas a precio justo, pero que podría extenderse a otras comunas ante alzas sostenidas

@PensarPublico: Una filial de ENAP, empresa pública, comienza a vender gas 40% más barato, y lo llama "gas a precio justo" A 5 semanas del plebiscito. Uff. Antes se hacía con empanadas y vino tinto el día de la votación.

@ipoduje: Impresentable Lo único bueno, es que transparenten que "precio justo" no tiene nada que ver con precio de mercado.

@patricionavia: Ahora queda claro por qué eso de "precio justo" en la const arbolito de pascua no es garantía de nada. ¿Cuál es el precio justo de la gasolina cuando el precio de mercado y el dólar están por las nubes? ¿Lo define el gobierno?

@raneumannb: Gracias pdte @gabrielboric x aclararonos q "precio justo" ES MENOR al precio de mercado. Lo que en el gas puede ser una buena noticia, en expropiación de propuesta CC es un robo a las personas: se expropia al precio de los políticos y no al monto que realmente cuesta el bien.

@GordoUC_: El gobierno y ENAP lanzaron el "gas a precio justo."Eso demuestra dos cosas. - Que en este sistema subsidiario el estado nunca ha estado imposibilitado de participar. - Que el "Precio Justo" NO ES el valor de mercado que tanto venden para la nueva Constitución.