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que el gremio de los profesores, del cual también forma parte, está conforme con la propuesta en la que -valoró- no sólo se reflejan iniciativas impulsadas por el Colegio de Profesoras y Profesores sino, también, por otros gremios como el de asistentes de la educación, educadoras de párvulos y diferenciales.
Entre los avances que observa en la propuesta, Manzano destacó también el reconocimiento constitucional a la labor de los profesores, así como a la de los asistentes de la educación y de los educadores tradicionales, "eso es fundamental, porque si se le quiere dar real importancia a la educación, pensando que ésta presenta un papel carnal para el desarrollo del país en su aspecto económico, cultural, social y espiritual, tiene que estar puesta en un lugar de preponderancia la labor que hacemos los educadores y educadoras", enfatizó.
De igual forma, valoró los principios y fines de la educación, contenidos en los incisos 3 y 4 del artículo 35, "con ello, la constitución recoge el concepto de calidad, ¿cómo se entiende la calidad de la educación?, de acuerdo al cumplimiento de los fines y principios que la Carta Magna consideraría", expuso. Según los incisos indicados por Manzano, algunos de sus fines son "la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos, de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos...", mientras que entre los principios por los cuales se rige están "de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad...".
Puntos cuestionados
Tomás Mandiola, director de la Fundación Pacto Social, en Los Ríos, indicó que si bien hay aspectos positivos en la propuesta, como el reconocimiento al rol de los docentes en el proceso educacional, existen algunos puntos críticos.
Al respecto, señaló que de acuerdo a las mayorías políticas que se impusieron en la Convención terminó predominando una visión estatista y bastante desconfiada del rol de la familia y la sociedad civil en la labor educativa, lo que -a su juicio, presenta algunos problemas.
Uno de ellos es que, "si bien se menciona el deber de proteger la libertad de enseñanza, al momento de ser detallada se la deja extremadamente debilitada, ya que se señala que esta libertad solamente comprende el derecho de los padres a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo. Llama la atención que no se mencione nunca la palabra 'hijos' ni 'familia' en los artículos referidos a educación, pero más allá de eso, es un error reducir la libertad de enseñanza a una mera elección del tipo de educación, ya que la familia debe tener siempre el derecho preferente para educar a sus hijos de acuerdo a sus propios valores y creencias. Pero ese derecho, ratificado en distintos tratados internacionales de Derechos Humanos, fue rechazado en todas las iniciativas populares de norma y de convencionales propuestas durante el debate constitucional".
En su opinión, existió una intencionalidad evidente de debilitar el rol preferente de la familia en la educación, poniendo en su lugar -indicó- como primer educador y responsable al Estado. "También se rechazó el derecho de la sociedad civil a abrir, mantener y gestionar establecimientos educacionales, cuestión de la esencia de la historia de nuestro país y la provisión mixta que permite la diversidad de proyectos educativos", agregó.
Por otra parte, afirmó que en la propuesta se dejan "tallados en piedra" los principios bajo los cuales ahora se comprenderá la calidad de la educación, dejando con ello -dijo- "a la voluntad del legislador el cómo se aplicarán y exigirán estos fines y principios a todos los proyectos educativos, particulares o estatales". Sobre lo mismo, señaló que "esta es una herramienta que fácilmente puede ser mal utilizada, en las manos equivocadas, con fines de propaganda y adoctrinamiento por parte de quienes detenten el poder político en un momento determinado".
En tanto, Juan Taladriz, consejero regional de Los Ríos, considera que la propuesta fortalece la educación pública pero ligada a lo estatal, en desmedro -sostuvo- de la educación particular subvencionada o pagada. "No habla, por ejemplo, de financiamiento a la educación mixta, aquella que es particular subvencionada, ni menos de colegios particulares o confesionales", precisó, recalcando que este tipo de educación "ha sido un éxito, en la región casi el 60 por ciento de los alumnos estudian en colegios particulares subvencionados".
En esa misma línea, señaló que la propuesta no considera la apertura de nuevos colegios privados o confesionales, pero sí -sostuvo- "de colegios que sean de los pueblos y naciones indígenas".
Frente a estos y otros articulados, entre ellos la libertad de enseñanza la cual, dijo, "es una simple declaración", el consejero regional concluyó que "existe un foco que puede ir en desmedro de la calidad y de la diversidad".
"Si bien se menciona el deber de proteger la libertad de enseñanza, al momento de ser detallada se la deja extremadamente debilitada..."
Tomás Mandiola, Director Fundación, Pacto Social, en Los Ríos
"Estamos más que conformes. Creemos que éste es uno de los derechos fundamentales que está más robustecido en la propuesta constitucional..."
Wladimir Manzano, Profesor y abogado,, ex candidato a constituyente
"Garantiza el derecho a educación desde el Estado como una responsabilidad ineludible y, además, establece principios que definen la calidad..."
Javier Martínez, Pres. Colegio de Profesoras y Profesores de Valdivia
"No habla, por ejemplo, de financiamiento a la educación mixta, aquella que es particular subvencionada, ni menos de colegios particulares o confesionales..."
Juan Taladriz, Consejero regional de, Los Ríos
9 artículos de la propuesta constitucional, que será sometida a votación en septiembre, concentran lo relativo al derecho a la educación, desde el 35 al 43.
4 de septiembre se realizará el plebiscito de salida con voto obligatorio. El próximo sábado serán publicados los listados con vocales de mesa, de acuerdo con el cronograma del Servel.
359.392 personas están habilitadas para votar en el plebiscito de salida, según información del Servicio Electoral. De ellos, 143 mil 326 corresponden a Valdivia.
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