La violencia registrada recientemente en establecimientos escolares de la región de Los Ríos inquieta. Peleas masivas con apoderados lesionados, agresiones digitales generalizadas y el reciente ataque con arma blanca a una estudiante del Instituto Comercial de Valdivia, por parte de otra que la esperaba en las afueras del recinto, son hechos gravísimos.

Preocupa también pensar que estas situaciones son las que conocemos. Videos compartidos en redes sociales muestran los hechos y la condena transversal no se hace esperar; sin embargo ¿qué sucede con la gran cantidad de agresiones que reciben niños, niñas y adolescentes de manera casi cotidiana? Cifras oficiales indican que entre 2020-2022 fueron denunciados seis mil casos graves de ataques a estudiantes a nivel nacional; pero se sabe -de acuerdo a estudios de la Agencia de Calidad de la Educación- que 4 de cada 10 enfrenta problemas de este tipo. Además, las niñas son porcentualmente las víctimas mayoritarias, especialmente por comportamiento de connotación sexual. Muchos de estos casos nunca son expuestos públicamente, incluso ni siquiera compartidos a las familias, pero generan daño profundo.

Según estudios efectuados por Bullying Sin Fronteras, en Los Ríos se han registrado 183 casos de maltrato escolar graves en los últimos dos años. Y la Superintendencia de Educación informó, en mayo pasado, que el 35% de las denuncias que había recibido hasta esa fecha en la región tenía relación con diversos tipos de violencia sufrida por los estudiantes en contextos de sus escuelas o liceos, dentro o fuera de ellos.

No se trata, entonces, de algo aislado; sino de una constante frente a la cual corremos el riesgo de acostumbrarnos, haciendo cada vez más tardías las reacciones, o naturalizando los acontecimientos con explicaciones como "esto se debe a la pandemia". Por supuesto que esa grave experiencia afectó la vida en general y los vínculos en particular, pero comprender lo que sucede, no significa ampliar la tolerancia.

Lo ocurrido en Lago Ranco, Paillaco y Valdivia en los últimos días son delitos. Deben denunciarse, ser investigados, penalizar a los responsables y establecer prevención para que no ocurran de nuevo. Pero, junto con ello, son casos que interpelan -o deberían- a la comunidad completa.

El acceso a infraestructura de calidad es requisito para el desarrollo económico y social de los territorios, por lo que la conectividad integral resulta clave las transformaciones que terminen con las inequidades en todas sus dimensiones.

En nuestra región, muchos proyectos de infraestructura han estado en la agenda de prioridades, como los accesos Valdivia norte y sur, la vuelta del ferrocarril, puentes que conecten nuestra geografía, la ampliación del aeropuerto y hasta un túnel han aparecido como necesidades urgentes, proyectos de larga data y con complejos procesos para su implementación.

Pero pese a los innegables beneficios que estos proyectos aportarán al desarrollo regional, también es necesario acelerar infraestructura en sectores que han estado postergados por décadas. Aún falta de agua potable, caminos pavimentados, electricidad y conectividad digital en sectores rurales y periurbanos, en la costa de Valdivia se demanda accesibilidad en localidades que están a corta distancia, pero alejadas debido a su vulnerable ubicación, es posible llegar a Santiago en menos tiempo que a Isla del Rey o Corral, por ejemplo, cuando las condiciones climáticas son desfavorables.

Estas y otras desigualdades se aprecian en nuestra región, y al mismo tiempo, se constatan diferencias dentro de las mismas ciudades, en diversos barrios escasea la iluminación, áreas verdes, calles en buen estado, seguridad e incluso alcantarillado, por nombrar algunos de los servicios más requeridos por las comunidades, y a esto se agrega la necesidad de tener viviendas dignas y de calidad con prioridad en su implementación.

La inversión en infraestructura debe acelerarse en los sectores más rezagados, y desde nuestra Universidad la academia ha estado vinculándose en estos aspectos con diversos proyectos y materias que apoyan a la implementación de estos requerimientos, y continuaremos así, fortaleciendo las capacidades de los actores claves en la planificación, la implementación y mantención de los recursos físicos, sean públicos o privados.

La equidad debe ser un imperativo en la planificación de infraestructura, atendiendo la solución con factores integrales que hagan un aporte real a la calidad de vida de cada ciudadano, donde el origen y sector en el que viven no sean una condicionante.

Jorge Alvial Pantoja

Académico - Investigador Facultad Ciencias Ingeniería Universidad Austral de Chile