Ha costado la negociación internacional para lograr cuidado de los océanos más allá de las aguas de cada país. La zona que llamamos "altamar" requiere protección especial y los miembros de la ONU no alcanzan acuerdos suficientes todavía; de hecho, la semana pasada decidieron postergar las conversaciones, que comenzaron en 2018 y se han ido aplazando por diversas razones.

Uso sostenible y conservación son algunos de los conceptos en los cuales es preciso avanzar, considerando el cambio climático, la depredación que sufren algunas especies, la contaminación que implican tanto las explotaciones como los desplazamientos.

Esta temática es muy importante para Chile, cuya geografía está definida por el Pacífico, su desarrollo se encuentra ligado al comercio marítimo y ha expresado públicamente por décadas su voluntad de conservación. Actualmente el país cuenta con una superficie de áreas marinas protegidas superior a un millón de kilómetros cuadrados; mayor incluso que su superficie continental, que es de 750 mil kilómetros cuadrados.

En ese grupo reguardado hay reservas marinas (pequeñas zonas de reproducción de especies de interés pesquero o zoológico); las áreas marinas y costeras protegidas de múltiples usos (AMCP-MU), que resguardan hábitats, pero permiten una explotación con pesca no invasiva y los parques marinos, con protección completa y prohibición de actividad extractiva, salvo un uso de comunidades tradicionales.

En abril pasado se anunció además que el país creará el Parque Marino Tictoc Golfo de Corcovado, en la Patagonia, zonas relevantes para la ballena azul.

Desde Los Ríos hay inquietud comunitaria y contribución científica tanto en la investigación de ecosistemas marinos y patagónicos, como en el desarrollo de tecnologías hidroacústicas que facilitan el monitoreo de las áreas resguardadas.

El tema es amplio, estratégico y de altísimo interés nacional; lo cual explica la inclusión casi sin polémicas en la propuesta constitucional del concepto "Maritorio" (artículo 139) y la transversal coincidencia en la mantención esa idea, más allá de los resultados del plebiscito del domingo próximo. En que Chile es un país oceánico, hay acuerdo. Sin distinciones.

Durante varias décadas se ha discutido en nuestro país, respecto a la educación superior y su condición de bien público, especialmente si consideramos el sistema de provisión mixta existente.

En ese sentido, este debate que parecía más menos zanjado tras el movimiento estudiantil y la nueva normativa que regula a la educación superior, vuelve a estar presente a propósito del proceso constitucional que estamos viviendo. Desde dicha perspectiva, es necesario realizar algunas precisiones respecto a lo que se entiende por un bien público, siendo entendido éste como un bien indivisible, que puede ser compartido por todos los integrantes de la sociedad. Al analizar esta definición, nos encontramos con que la educación superior se aleja de esta definición económica de bien público, principalmente por los necesarios criterios de selección que se aplican. No obstante, la mayoría de los países en la actualidad entienden que "la educación superior es un bien de tipo cuasi público, esto es un conjunto de servicios -docencia, investigación y difusión- que, en distintas formas y combinaciones, es subsidiado parcialmente por el Estado" (La educación superior ¿es un bien público?, Roberto Rodríguez, Revista Campus Milenio México).

En el caso de Chile, la educación superior ha tenido la tendencia ha ser catalogada como "bien público" solo en el caso de algunas instituciones, principalmente aquellas estatales o por el tipo de gobernanza con la que desarrollan sus actividades. Sin embargo, si observamos en detalle los beneficios económicos, culturales, y de movilidad social que trae consigo la formación de técnicos y profesionales, además de entender la educación como un derecho; no cabe duda que la educación superior, tanto estatal como privada sin ningún tipo de exclusión, constituye un bien público o "cuasi público", según lo han definido distintos autores.

Actualmente, este debate sobre la educación superior se ha extendido mucho más allá de las fronteras de los países y se habla inclusive de la educación superior como un bien público de carácter global.

Frente a esta realidad, es necesario reflexionar respecto a las definiciones y la preponderancia que se le da al rol del Estado en la propuesta de nueva constitución, desconociendo un modelo de provisión mixta que se ha ido fortaleciendo y que ha sido capaz de formar técnicos y profesionales para el desarrollo económico social y cultural del país, así como toda la investigación científica que es generada y compartida para el bienestar de las personas y la humanidad.

Laura Bertolotto Navarrete

Rectora Santo Tomás Valdivia