Una muy buena noticia es que la Municipalidad de Valdivia abriera el proceso para actualizar el Plan Regulador de la capital regional, para así modernizar la principal herramienta de proyección de desarrollo que una comuna debe tener. La actual está vigente desde 1988 y ya no responde a la realidad, ni necesidades de una ciudad que ha crecido en extensión, intereses, actividades y ocupación. Hace más de 30 años la población alcanzaba a 112 mil personas; hoy es de 166 mil habitantes (ine.cl).

En la administración alcaldicia anterior se avanzó para mejorar este instrumento. Fue un proceso de casi diez años, con muchos trámites estatales, observaciones y cumplimientos de exigencias; pero, pese a ese esfuerzo, finalmente no se completó.

Para avanzar en la materia, esta semana Valdivia publicó la licitación respectiva (demandará una inversión de $336 millones). Luego se deberá entregar a una consultora y hacer nuevamente el proceso de elaboración, consulta ciudadana, validación, estudios y evaluación por parte del Ministerio de Vivienda y el Consejo Regional. En total, siete etapas para un proceso que puede durar unos cinco años más; pero que permitirá proyectarse en el largo plazo y vincularse con los planes intercomunales y regionales de ordenamiento territorial.

La ley obliga a efectuar esas actualizaciones y vinculaciones; pero lamentablemente muy pocas comunas las cumplen, tanto en la región, como en el país en general. En el caso de Valdivia, se ha efectuado modificaciones puntuales (más de 30), para ir reaccionando ante situaciones como la ocupación costera, la expansión hacia la zona sur o el borderrío, decisiones que cambiaron el uso de espacios en lugares como isla Teja, Niebla, Collico, Arica, entre otros, los cuales -aseguraron desde el municipio- no se verán afectados por la nueva modificación. Es decir, si ahora son considerados áreas urbanas y no rurales; así se quedarán.

No es menor, entonces, que Valdivia retome este objetivo. Es de esperar que ahora sí logre materializarse y que las dificultades administrativas vayan resolviéndose a tiempo, para que no se entrampe en detalles que se traducen en largas esperas y, finalmente, en desprotección de los espacios y el patrimonio, debido a una utilización desordenada de los espacios.

En mis últimas semanas distritales, realicé varias visitas a los sectores rurales de nuestra Región de Los Ríos. Al conversar con nuestras vecinos y vecinas, nos hacen mención sobre la deficiente cobertura de la telefonía e internet en sus respectivas zonas. Si bien, la fisonomía geográfica en la zona sur es bastante accidentada por sus cordones montañosos, espesos bosques y sus serranías que no permite con fluidez la comunicación, también es cierto que llevamos años buscando alternativas para ampliar la señal, sin lograr cubrir la totalidad de la región.

Ante la emergencia de la pandemia, se puso en práctica las clases online, para dar continuidad al proceso de aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo, más allá de las dificultades por la falta de insumos digitales, también influía la falta de antenas repetidoras, o la intermitencia de los equipos conectados.

Por momentos, la situación fue caótica, por no decir traumática para los padres al ver a sus hijos sin posibilidades de avanzar en sus estudios. Se conocieron casos donde los padres acompañaban a sus niños a kilómetros de distancia de su hogar para obtener conexión, y acceder a sus clases con el frío y la lluvia que no son buenas compañeras para la salud.

Esa amarga experiencia, nos dejó en evidencia la brecha de acceso digital entre sectores urbanos y rurales. Una realidad que debemos asumir con toda responsabilidad, y volcarnos a buscar soluciones.

Por otro lado, el Estado ha ido modernizando el acceso a la información y tramitación en línea para facilitar al usuario una atención más expedita, pero volvemos al problema a que los sectores rurales quedan en el camino por falta de cobertura.

Es por eso que existe un desafío pendiente, y no solo por el Estado, sino también para la empresa privada para complementarse en maximizar los servicios digitales con una infraestructura digital coherente con las necesidades de los lugareños para que ingresen al mundo digital y a todos sus beneficios como una forma de democratizar las oportunidades que nos brinda la modernidad del siglo XXI.

Gastón von Mühlenbrock

Diputado