La Brigada de Investigaciones Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra realizando las diligencias de la investigación penal luego de descubrir en mayo que una asesora de la exministra de Desarrollo Social y Familia, Jeanette Vega, se contactó con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, directamente a través de su celular.

Esto sucedió antes de detenerlo por delitos del Ley de Seguridad del Estado y otros más sobre violencia rural.

Buscando recopilar más antecedentes y contrastar versiones de autoridades del actual Gobierno y otras que ya salieron para definir si hubo ilícitos, Emol señala que conocedores de la causa indican que una de las diligencias de instruidas a la PDI es "ubicar y tomar declaración, en calidad de imputada, de doña Jeanette Vega, sobre los hechos que indica la querella".

Además, buscan aclarar si "efectivamente ella asumió la coordinación interministerial de la macrozona Sur, como afirmó al canal de televisión TVN, 24 Horas" y saber las "razones para comunicarse con Héctor Llaitul y si se produjo esa comunicación".

Las indagatorias las dirige la Fiscalía Metropolitana Centro Norte a cargo está el persecutor jefe de Centro de Justicia, Patricio Cooper. En tanto, el caso comenzó luego de que el abogado Marcelo Bruner presentara una querella por posibles delitos de obstrucción a la investigación.

Por ahora se sigue buscando la legalidad en los contactos que habrían tenido la asesora Tania Santis con Llaitul, porque él tenía en ese momento una investigación en curso. Ahora está formalizado y en prisión preventiva.

Emol también revela que la BIPE debe tomar declaración como "testigo, de doña Izkia Siches" para explicar hechos de la querella como exministra del Interior.

En su caso, la intención es saber si conocía o no de la coordinación interministerial para la macrozona Sur que habría liderado Vega y, si es que Siches se lo encomendó, bajo qué forma administrativa lo hizo.

También el objetivo es saber si la exsecretaria de Estado conoció del contacto a Llaitul y su finalidad. Incluso deben consultar si tuvo contacto con el líder de la CAM.

Dammert y monsalve

Sumado a las diligencias está la citación como testigo de Lucía Dammert, exjefa de asesores del Presidente Gabriel Boric, a quien también se le consultará por la coordinación interministerial en torno a la Macrozona Sur, y si tiene información sobre la llamada.

Quien aún pertenece al Gobierno y está dentro de los que citarán como testigos es el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con objetivo similar al que tienen con Dammert.

La querella que dio pie al caso está dirigida a quienes "resulten responsables" de los delitos de obstrucción a la investigación, incumplimiento a la obligación de denunciar y el ejercicio ilegal del cargo.

Según el querellante, el llamado de la asesora a Llaitul fue el mismo día que el líder de la CAM convocó a una "resistencia armada" por el "estado 'intermedio' que el presidente Boric analizaba decretar en el sur".

"Lo que resulta más grave e s que tenemos conocimiento que al menos la ministra Vega tenía el contacto del sr. Llaitul, y la voluntad de contactarlo pero no existía la misma voluntad para avanzar en el esclarecimiento de los hechos delictivos en que incurrió el imputado y que solo después de dos meses fueron objeto de una querella criminal por parte del Gobierno", indica la acción penal, que apunta a "determinar si hubo posteriores comunicaciones entre funcionarios públicos del Gobierno con el Sr. Llaitul".

El Juzgado de Garantía de Temuco autorizó ampliar por 40 días el plazo de investigación el a causa contra Héctor Llaitul, acusado de tres infracciones a la ley de Seguridad del Estado, robo de madera, atentado a la autoridad y usurpación. Uno de los motivos fue que aún faltan diligencias, como entrevistar a periodistas que se reunieron con Llaitul (como Mónica González, Boris van der Spek) en calidad de testigos y al del medio Werken Noticias. Además, el ministerio del Interior pidió oficiar a Werken Noticias y Chile Today para tener el registro audiovisual completo de una entrevista al líder de la CAM.

Una de las materias en las que más hizo énfasis el Gobierno al entregar el proyecto de ley de Presupuesto 2023 fue el aumento de fondos para seguridad, con incremento de 4,4% respecto al año anterior.

"A través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se destinarán $38.329 millones para el 'Plan Nacional Contra el Crimen Organizado'", señala el documento.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó detalles sobre esta iniciativa en la comisión de Resguardo del Orden Público de la Cámara de Diputados, destacando que el objetivo es "desarrollar y fortalecer las capacidades operativas de las instituciones que participan en su prevención, control y persecución, entre las que se incluye Carabineros de Chile, Policía De Investigaciones de Chile (PDI), y la Unidad de Análisis Financiero y Aduanas".

"Nosotros compartimos plenamente la prioridad de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico", agregó, aludiendo a dos problemas.

Recursos y persecución

El primero se relaciona con "la asignación de recursos para desarrollar mayores capacidades por parte del Estado" y "fortalecer la coordinación entre los servicios que se relacionan al tema y pueden cumplir un rol importante".

Por otro lado, habló de la Unidad de Análisis Financiera (UAF) y también Aduanas y Servicio de Impuestos Internos, comentando que si bien la orientación de estas instituciones "ha sido cobrar impuestos y combatir el contrabando, su capacidad de seguir los movimientos económicos tienen un potencial importante para formar parte de esta lucha contra el crimen organizado".

"Se requiere de mucha inteligencia del lado económico, se ha demostrado que combatir el crimen a través de las finanzas y seguir la senda del dinero, es un elemento muy provechos, incluso mayor que el combate que se pueda dar en la calle", sentenció Marcel.

Un estudiante e investigador chileno y su compañera argentina fallecieron en Kansas City, Estados Unidos, por razones que se investigan, aunque la policía ya habla de un asesinato doble.

Pablo Guzmán Palma, de 25 años, y Camila Behrensen, de 24 años, fueron identificados, por ahora, como víctimas de homicidio luego de un incendio.

Ambos eran estudiantes de posgrado predoctoral del Instituto Stowers de Investigación Médicos, según informaron los medios de la ciudad.

"The Kansas City Star", uno de los diarios que sigue el caso, reveló que el centro educacional manifestó que "estamos devastados por la trágica muerte de dos de nuestros investigadores predoctorales".

"Estos investigadores fueron miembros de nuestra clase 2020 y miembros vibrantes de nuestra comunidad del Instituto Stowers. Nuestras más profundas condolencias están con sus familias en este momento difícil", añadieron.

Según los antecedentes policiales, los bomberos de Kansas fueron llamados a los departamentos donde ambos vivían cerca de las 5 AM del sábado y los medios de la zona agregaron que hubo un llamado a la policía para que investigaran un doble homicidio.

Palma consiguió su título de bachiller en ciencias y posgrado en bioquímica en la Pontificia Universidad Católica de Chile y su primer proyecto de investigación se basó en la regeneración de la médula espinal.

Por otro lado, Behrensen obtuvo la licenciatura en ciencias en la Universidad Argentina de la Empresa y estuvo investigando por dos años los cambios metabólicos en las moscas de la fruta, llegando a ser coautora de un artículo en Scientific Reports.

Dasfne Lee-Lui, bioquímica y neurocientífica, publicó en Twitter que Guzmán "fue asesinado este fin de semana" y añadió que "tuve el placer de tenerlo como alumno durante su licenciatura, y fue una persona brillante y maravillosa, qué tragedia. Habría tenido un futuro brillante, el mundo necesita más científicos como él".

Por otro lado, desde el ministerio de Relaciones Exteriores aseveraron que "Cancillería se encuentra en contacto con la familia del ciudadano chileno fallecido en Kansas City, para poder brindarle el apoyo necesario".

"El Consulado General de Chile en Chicago está a disposición de las autoridades locales para prestar la asistencia requerida", añadieron.